Uno de los temas más discutidos en el ámbito político y económico durante el último año ha sido la reforma previsional. Los debates parlamentarios han estado marcados por términos como “rentabilidad”, “solidaridad intergeneracional” y “administración estatal o privada de los fondos”. Sin embargo, ¿cuánto de esto realmente entiende la población? La brecha entre lo que discuten las élites y lo que comprende la ciudadanía es, sencillamente, abismal.
Hace menos de dos semanas, el gobierno y la centro derecha alcanzaron un principio de acuerdo para avanzar en la reforma previsional. Este consenso aborda temas clave como el destino del 7% de cotización adicional y la administración de los fondos. No obstante, mientras las élites discuten larga y latamente este avance, la ciudadanía sigue sin entender cómo estos cambios impactarán su vida diaria. Sin ir más lejos, un 76% de los encuestados desconoce o responde incorrectamente sobre el destino de esa cotización adicional.
Al analizar en detalle la encuesta, observamos subgrupos con un desconocimiento particularmente alto. Por ejemplo, entre los menores de 30 años de estratos socioeconómicos bajos (D-E), solo un 10% cree que la mayor parte de la cotización iría a la cuenta individual administrada por las AFP, mientras que un 16% piensa que se depositaría en la cuenta bancaria personal de cada trabajador.
Esta confusión resulta aún más preocupante que la simple falta de información, pues alimenta expectativas equivocadas.
Mientras en el debate político y mediático se discute si el 7% adicional debe destinarse a cuentas individuales o a un préstamo reembolsable al Estado, no se considera que parte de la población ni siquiera sabe que los trabajadores tienen cuentas individuales administradas por las AFP. Para muchos, “cuenta individual” puede interpretarse como la del banco.
Estas cifras revelan no solo una brecha informativa, sino también un problema estructural en cómo se comunica a la ciudadanía.
Otro dato relevante de nuestra encuesta muestra que sólo el 53% de las personas cree que la rentabilidad de los ahorros previsionales tiene un impacto significativo en el monto de su futura pensión. Esto evidencia una preocupante desconexión entre la información técnica disponible y lo que la ciudadanía comprende sobre un aspecto crucial de la reforma.
Conviene recordar que, aunque el ahorro previsional sea obligatorio, ese dinero sigue siendo propiedad del trabajador y se entrega al momento de jubilar. Por lo mismo, resulta natural querer entender qué beneficio hay en “prestar” o invertir esas cotizaciones: cómo puede multiplicarse ese dinero con el paso del tiempo y por qué, en muchos casos, incluso podría triplicar lo que uno aportó originalmente.
Explicar de manera sencilla ese crecimiento —conocido técnicamente como “rentabilidad”— es clave para que la ciudadanía valore el rol de su propio ahorro y confíe más en los resultados de la reforma.
¿Por qué insistir tanto en hablar de “rentabilidad” si para la mayoría de las personas es un concepto abstracto? La gran mayoría de los chilenos no invierte, al menos directamente, por lo que este término les resulta totalmente ajeno. En cambio, la mayoría pagamos intereses de forma constante y directa por préstamos o créditos. Aquí vale la pena aclarar que, aunque técnicamente la rentabilidad no es lo mismo que un interés —pues puede ser nula o incluso negativa—, ambas ideas apuntan a que el dinero puede crecer con el tiempo.
Por eso, explicar la rentabilidad previsional como una especie de “interés” que aumenta los ahorros puede ser más cercano y conectar mejor con la gente. Ejemplos como Mercado Pago, que promociona su cuenta corriente con la frase “haz crecer tu dinero sin hacer nada”, podrían inspirar una comunicación más cercana. Traducir la rentabilidad a términos comprensibles facilitaría la aceptación de las propuestas. Las AFP, por ejemplo, podrían decir: “Tus ahorros generan intereses que se suman a tu fondo previsional”, haciendo más accesible el concepto.
La lección es clara: el éxito de una reforma no solo se mide por los votos en el Congreso, sino por cómo se entiende y acepta en la ciudadanía. Urge traducir el debate técnico a un lenguaje accesible y cercano, que permita cerrar esta peligrosa y creciente brecha entre la política y la opinión pública.
LEA AQUÍ LA ENCUESTA COMPLETA:
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