Junto con la de pensiones y la tributaria, la reforma a la salud entrará de lleno en la agenda del gobierno después del plebiscito del 4 de septiembre. Desde el mundo académico y económico ya se están trabajando argumentos a favor y en contra de la propuesta que, en unos de sus principales aspectos, busca eliminar las isapres. A continuación los principales actores y qué han opinado al respecto.
Telón de fondo. La reforma a la salud es uno de las tres reformas estructurales del programa de gobierno de Gabriel Boric. En 2000, Ricardo Lagos intentó avanzar con el llamado Plan AUGE, que finalmente no significó una reforma estructural producto de las mismas discrepancias al interior de la coalición de gobierno.
- El ministerio de Salud definió que en octubre próximo debería presentar su propuesta legislativa que tiene los siguientes ejes fundamentales:
- Creación de un Sistema Nacional de Salud.
- Eliminación las isapres. Se transformarían solo en “seguros complementarios” para quienes puedan pagarlos.
- Traspaso de los afiliados a isapre (3,5 millones) y sus cotizaciones del 7% a un Fondo Universal de Salud. A este fondo de carácter público se incorporarán también los afiliados a Fonasa y sus cotizaciones.El dinero de las personas será manejado por esta entidad, que, además fijaría los precios de prestaciones a los prestadores privados.
- Los prestadores privados (clínicas, centros médicos), deberán adaptarse a las directrices y aranceles del fondo para poder recibir pacientes del Sistema Nacional de Salud.
- En paralelo, la Convención Constitucional definió básicamente estos mismos tres puntos, a los que añadió que aquellos prestadores privados (clínicas, centros médicos de barrio entre otros) deberán operar según los estándares y precios (aranceles) que defina el nuevo sistema de salud público en que convivirán los 18 millones de chilenos.
Las críticas de los detractores. Varias han sido las críticas de parte de expertos por las propuestas que en paralelo ha impulsado la Convención y que próximamente hará el gobierno, aunque se imponga la opción Rechazo el 4 de septiembre y se desestime la idea de la Convención.
- El 7% de las cotizaciones de los afiliados a isapre no será un aporte suficiente al sistema y por tanto, no corrige los problemas financieros.
- Se elimina la libertad de elegir. Esto afecta a los 3,5 millones de afiliados a isapre y a más de 5 millones de usuarios de Fonasa que en los tramos B, C y D se atienden en centros médicos privados a través de la modalidad libre elección debido a que la salud pública no tiene capacidad de resolver su problema.
- Obligar a 3,5 millones de afiliados de isapre y 5 millones del Fonasa a dejar los prestadores privados e irse al sistema público impactará en las listas de espera y en los tiempos de atención.
- Al intervenir en los aranceles a los prestadores privados, podría haber cierre de muchos pequeños centros médicos. Un estudio de la UNAB incluso calculó que los médicos podrían tener caídas en sus rentas de entre 35 y hasta 61% por efecto de esta reforma.
Los principales actores que apoyan la reforma:
- Begoña Yarza. La ministra de Salud (58 años) estudió medicina en Cuba, donde vivió producto del exilio de su padre. Lo revalidó en 1990 en la Universidad de Chile; cuenta con una beca en pediatría, un magíster en salud pública. Fue directora de calidad y gestión en la Clínica Santa María y durante 10 años directora del Hospital Exequiel González Cortes. Cultivó cercanía con la ministra del Interior, Izkia Siches, cuando esta fue presidenta del Colegio Médico.
- Yarza, cuya aprobación descendió de 65% a 57% en la última encuesta Cadem, se ha transformado en la gran promotora de la reforma que busca instalar el Ejecutivo y que, según los propios anuncios de la cartera, se presentaría durante octubre.
- En mayo, la titular de Salud presentó en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los ejes de la reforma: “En Chile iniciaremos un proceso de reforma para avanzar a un Sistema Universal de Salud, tomando los mejores aprendizajes que nos dejó la pandemia”, dijo en Ginebra. Añadió que se instaurará en el país “un Fondo Universal de Salud, que mancomune y haga un uso equitativo y eficiente de los recursos, y transformaremos los prestadores generando redes integradas de servicios de salud con prestadores estatales y con prestadores privados pero con reglas públicas, y reorientando decididamente el sistema hacia la atención primaria”.
- Hace algunos días, en Valdivia, la titular de salud encabezó la segunda Jornada Macroregional en la que dio a conocer los lineamientos del programa de gobierno.
- Camilo Cid. Actualmente es director de Fonasa. Es reconocido como un importante economista de la salud y ha colaborado en múltiples estudios. Fue jefe del Departamento de Estudios y Economía de la Salud en el ministerio de Salud entre 2002 y 2005, época en que se discutió la reforma sanitaria que creó el llamado “plan AUGE”. También fue académico en el departamento de salud pública de la Facultad de Medicina de la UC entre 2011 y 2016.
- En 2014 fue nombrado secretario Ejecutivo de la “Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema de Salud Privado”. Esta comisión fue la que propuso crear un Fondo Único de Salud. En una entrevista en La Tercera, a fines de mayo, dijo que “independientemente de lo que ocurra con la Convención, nuestra voluntad es que esta reforma se realice”.
- David Debrott. Actualmente es consultor del Fondo Estratégico de Insumos para la Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud, según su perfil en Linkedin. Debrott es un economista que lleva cerca de 20 años ligado al sector salud. Fue jefe de estudios y desarrollo en la Superintendencia de Salud, jefe de Economía de la Salud y de Finanzas de Atención primaria en el Ministerio de Salud.
- Se ha desempeñado como consultor de la Organización Panamericana de la Salud en regulación de sistemas sanitarios y en 2014 se unió a la Comisión Asesora Presidencial de reforma al sistema privado de salud. “Las autoridades de salud y la Presidenta de la República tienen hoy en sus manos los lineamientos generales para hacer una buena reforma, que además concita el mayor apoyo desde el mundo político. Esperamos que las campañas destinadas a bloquear estos esfuerzos no logren acallar la demanda social por una mejor salud para Chile”, publicó en El Mostrador en noviembre de 2014, tras la entrega del informe de la comisión asesora.
- Helia Molina. La exministra de Salud en la segunda administración de Michelle Bachelet y actual diputada por el PPD es considerada una de las principales aliadas que tendrá el gobierno desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En enero pasado, dijo a La Tercera que su prioridad en 2022 es “la reforma del sistema de salud chileno hacia un sistema universal, que sea solidario y donde todos los 7% de los chilenos vayan a un fondo común, incluidos quienes tengan seguros privados. Tenemos un sistema de salud que es inequitativo, donde el presupuesto para el sistema público, que atiende al 80% de los chilenos, es casi equivalente al que manejan las isapres, que atienden al 17% de los chilenos”.
Los detractores. En este grupo, uno de los aspectos claves es que no se afecte la libertad de elección de las personas. Coinciden que, tal como se crearon, las isapre no seguirán existiendo y que se deben transformar en actores distintos, pero sin ser eliminados. El gran temor es qué pasará con los usuarios si el sector público no es reformado y mejorado antes de trasladar la demanda de atención desde el mundo privado al público.
Héctor Sánchez. El actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello fue el primer superintendente de Isapres, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Junto al médico Francisco Guerrero creó Integramédica, la red de prestadores privados más grande del país y también participó en la creación de Vida Íntegra. Fue director del Instituto Salud y Futuro, que entregó numerosos insumos y estudios sobre la reforma sanitaria que impulsó Ricardo Lagos en 2000.
- Recientemente dio a conocer un estudio que indica que de concretarse lo planteado en la propuesta de nueva Constitución, las rentas médicas podría caer entre 35% y 61%. “Este es un tema que se debe analizar con seriedad. Si bajan las rentas variables, el impacto inmediato será una presión del mundo médico sobre las rentas fijas, es decir, amenazas de paros y alta conflictividad. Y esto tiene un costo para el presupuesto fiscal. Esto se debe calcular”, dijo a Ex-Ante.
Manuel Inostroza. El médico, máster de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y militante DC se desempeñó como jefe de gabinete de los exministros de Salud Carlos Massad y Alex Figueroa, ambos durante el gobierno de Eduardo Frei. Fue superintendente de isapres y superintendente de Salud. También fue Decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y ha participado con análisis y propuestas a través de Espacio Público. En T13 planteó sus críticas al sistema de isapres: “Las Isapres como las conocemos hoy, es decir, como seguros privados individuales a corto plazo y con factores de riesgo, van a desaparecer, y eso no es culpa más que de las propias Isapres por oponerse a las reformas”.
- En una entrevista en La Tercera, Inostroza justificó el rol de los prestadores privados en salud: “Hoy constituye una estrategia fundamental para dar atención oportuna a 7 millones de personas que son beneficiarios de Fonasa”, dijo, agregando que hay una “incapacidad” del sistema público para atenlos oportunamente.
Victoria Beaumont. La directora ejecutiva de la Fundación Politopedia actualmente encabeza el movimiento Salud Libre, una organización ciudadana que cuestiona el resultado de la convención en materia de salud. “No fuimos escuchados por los convencionales y estamos profundamente decepcionados del borrador de la nueva constitución, que nos declara el derecho a la salud, pero sin garantía alguna del cumplimiento de atención”, declara el movimiento en su web.
- La organización ha publicado estudios sobre el impacto financiero para el Estado, en las listas de espera y en los copagos. Uno de ellos estimó en $580 mil millones anuales el costo que tendría para el fisco la eliminación de las isapres. A través de la consultora Altura Management, en tanto, Beaumont ha desarrollado decenas de estudios y consultorías ligadas a economía de la salud, seguros y normativas comparadas.
Francisco Chahuán. El senador RN y presidente de la Comisión de Salud del Senado es visto como un actor que puede ser importante al momento de analizar las iniciativas legales que lleguen a esta comisión, donde la oposición tiene mayoría con Felipe Kast (Evópoli) y Javier Macaya (UDI). Chahuán está impulsando el avance de cuerpos legales como la reforma a las isapres, una iniciativa impulsada en el gobierno pasado. De hecho el 31 de mayo pasado se retomó la discusión en la comisión con una presentación del superintendente Víctor Torres sobre costos y precios base de los planes de salud.
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