Por qué importa. El abogado se ha convertido en el rostro de la inmobiliaria propietaria de los terrenos del campamento de San Antonio, donde se estima que viven unas 10 mil personas. La salida que se encuentre para este caso —sea por la vía del desalojo programado que quiere evitar el gobierno, o mediante un plan de compra— servirá de referencia para las medidas que se adopten en los demás campamentos del país.
Su rol en el desalojo. El abogado lideró la ofensiva legal con la que la inmobiliaria y constructora San Antonio logró que el 23 de junio de 2023 la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un recurso de protección y ordenara el desalojo de las 254 hectáreas del Sector Bellavista del puerto, donde unas cuatro mil familias se tomaron el lugar.
Quién es. Diego Ignacio Pereira-Fonfach Martínez, 36, se ha especializado en las áreas de derecho civil, comercial y corporativo.
La jueza Andrea Díaz-Muñoz consideró este jueves que el protagonista del Caso Audios, contra quien la fiscalía formalizó cargos por cohecho, lavado de activos y delito tributario, había colaborado con la investigación y no había temor de fuga, por lo que sustituyó la prisión preventiva que cumplía hace 205 días por arresto domiciliario total. Aquí […]
La jueza Andrea Díaz-Muñoz consideró que el protagonista del Caso Audios, contra quien la fiscalía formalizó cargos en agosto por cohecho, lavado de activos y delito tributario, había colaborado con la investigación y no había temor de fuga. “La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada”, recalcó.
“No suba por ahí, señor, no le conviene”. Varias personas dan el mismo consejo. Es un miércoles por la tarde y estamos en el barrio más antiguo de Valparaíso, en La Matriz, detrás de la Iglesia del mismo nombre. Es una de las más hermosas del puerto, pero casi nadie viene a verla. En ese […]
Contraloría inició un juicio de cuentas al gobernador Óscar Crisóstomo (PS) y otros cinco funcionarios del gobierno del Ñuble, luego de que el contralor regional concluyera que la autoridad incurrió en una “omisión negligente”, al no supervigilar las rendiciones de un proyecto de $268.100.000 de ProCultura. Crisóstomo dijo que el juicio está en trámite.
El documento establece medidas concretas y auditorías técnicas urgentes destinadas a reforzar controles operativos críticos, tras identificar severas deficiencias en protocolos clave de Interchile y Transelec. El informe revela además instrucciones específicas a las empresas eléctricas para evitar nuevas interrupciones masivas.