La tragedia en el INBA —que hasta ahora ha dejado 35 alumnos heridos, 23 hospitalizados, 5 en extrema gravedad y 11 en estado crítico— no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de errores acumulados. La violencia no empezó con Irací Hassler, pero la alcaldesa tiene la responsabilidad política por no haber tenido una postura firme que frene los actos vandálicos.
En el ojo del Huracán. La reciente tragedia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) ha puesto en el ojo del huracán a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Desde su llegada al cargo su gestión ha estado marcada por una postura indulgente frente a los actos de violencia que, lamentablemente, se han convertido en una constante en este emblemático colegio.
- Es imposible no señalar el rol de Hassler en este deterioro.
- La alcaldesa no ha tenido la voluntad política de dar una respuesta firme que frene los actos vandálicos, lo que ha contribuido a que el clima de impunidad se normalice dentro del establecimiento.
- Hay una falta de servicio al no proteger la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Se ha permitido que una cultura del descontrol eche raíces en el colegio.
- La tragedia en el INBA no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de errores acumulados. La falta de control sobre los grupos que, bajo el paraguas de la protesta, cometen actos de violencia, pone en cuestión la capacidad de liderazgo de la alcaldía.
- Las familias de los estudiantes, así como los docentes, han quedado atrapados en un ambiente de miedo que, a pesar de las advertencias, no ha sido abordado con la urgencia requerida.
Violencia extrema. En este contexto, es crucial exigir rendición de cuentas. La negligencia no es simplemente una omisión, es la incapacidad de tomar las decisiones difíciles que protejan a la comunidad.
- Si bien la gestión de un colegio como el INBA no es tarea fácil, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente seguro. La tragedia debería ser un llamado de atención para que, de una vez por todas, se tomen las medidas necesarias para poner fin a la violencia escolar y recuperar el sentido de orden que tanto necesita la educación pública en Chile.
- La indulgencia frente a la violencia, en un contexto de creciente crispación social, está teniendo consecuencias devastadoras, como lo estamos comprobando. Muchas vidas se han visto afectadas por su inacción.
- En los primeros tres años de su gestión, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) ha sido escenario de variados incidentes de violencia estudiantil extrema. En el 2022 y 2023 se reportaron 67 ataques contra el cuartel del Cuerpo Militar del Trabajo, colindante con el INBA, en los que resultaron heridos tanto policías como estudiantes.
- Una manifestación dentro del recinto dejó catorce profesores con licencia médica, numerosos buses del transporte público han sido incendiados poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. En el día del “joven combatiente” encapuchados lanzaron una gran cantidad de elementos incendiarios y pusieron barricadas en las afueras. En mayo de 2023 un profesor fue roseado con un líquido acelerante y amenazado de que sería quemado vivo.
Una nueva teología. De modo que, solo era cuestión de tiempo, para que ocurriera una tragedia como la acaecida este 23 de octubre en la que 30 alumnos resultaron heridos, algunos de extrema gravedad, en una explosión mientras fabricaban bombas molotov.
- Lamentablemente, lo mismo se repite en los demás colegios emblemáticos de la comuna, como el Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, y Barros Borgoño.
- Somos testigos del lanzamiento de bombas molotov desde el interior de los colegios, de su uso como refugio una vez perpetradas las tropelías en la vía pública como quema de buses, barricadas, destrucción de propiedad pública y privada.
- Cientos de estudiantes han sido detenidos en estos años por incidentes en liceos emblemáticos; según Carabineros un 53% de los detenidos fueron capturados en el perímetro del Instituto Nacional y se han arrojado cientos de artefactos incendiarios.
- El problema no empezó en este gobierno ni bajo esta alcaldesa. Pero ciertamente se agravó al amparo de una nueva “teología” cuyo catecismo es que hay que comprender a los estudiantes que son víctimas de un contexto sistémico caracterizado por la violencia económica, vulneración de derechos y desigualdades.
Aula segura. Para contener la violencia en las escuelas el ex presidente Piñera envió al Congreso el 2018 la Ley Aula Segura, cuya finalidad es entregar una herramienta eficaz a los directores de los colegios para sancionar en forma expedita a los estudiantes que atenten contra la convivencia del establecimiento; les impone la obligación de iniciar un proceso contra los estudiantes violentistas y los faculta para adoptar de inmediato la medida cautelar de suspensión , mientras se tramita su caso que puede culminar con expulsión.
- Esta ley, de sentido común, que parece tan obvia y necesaria fue duramente criticada por los parlamentarios de la izquierda desde el primer momento; les produjo el mismo rechazo visceral que los estados de emergencia, la infraestructura crítica, la ley anti-barricadas, pero al final la presión de la opinión pública los obligó aprobarla en el Congreso.
- Sin embargo, nunca abandonaron su intención de eliminarla y en abril de 2021 un grupo de diputados entre los que se encontraban Gonzalo Winter, Cristina Girardi y Camila Vallejo presentaron una iniciativa para derogarla con el argumento de que solo “había provocado la criminalización de menores de edad”.
- Para la entonces diputada Vallejo, la ley aumentó la violencia a causa de la persecución de jóvenes por el solo hecho de manifestarse. “Esta ley busca sacar a los alumnos con opiniones críticas, a los que se manifestaban por sus derechos y aplicar sanciones sin el debido proceso, como cancelación arbitraria de matrículas”.
- Todo lo cual es falso porque la ley solo se aplica a los actos que causen daño a la integridad física o síquica de los miembros de la comunidad y contempla un procedimiento sancionatorio que debe respetar los principios del debido proceso, la presunción de inocencia, la bilateralidad y el derecho a presentar pruebas.
- Además, la medida de expulsión o cancelación de matrícula debe ser ratificada por escrito por el Consejo de Profesores. La medida cautelar de suspensión de alumnos dura mientras se tramita el procedimiento interno que debe ser resuelto dentro de diez días.
Una medida incomprensible. Varios directores de colegios de Santiago angustiados por la impotencia, hace un tiempo denunciaron que la alcaldesa Hassler había instruido de que se abstuvieran de aplicar la ley Aula Segura, lo que generó una polémica en la que se involucró hasta la Corte Suprema que por intermedio de su vocera recordó que “las leyes se tienen que aplicar”.
- El entonces ministro de Educación salto a la palestra apoyando a la alcaldesa responsabilizando a la ley aula segura “de la fractura que se provocó con el mundo estudiantil”; un juicio completamente ridículo y antojadizo que fue rechazado por expertos de facultades de educación que lo consideraron como una muy mala señal.
- A mí me resultaba totalmente incomprensible esta hostilidad irracional que carece de toda evidencia empírica hacia Aula Segura y que comenzó el mismo día en que Piñera la anunció.
- Pienso que hay una mezcla de “compromiso” con las movilizaciones estudiantiles, una compulsión contra la represión de las conductas violentas de los estudiantes que culminaron en el estallido social, hasta hace poco considerado por buena parte de la izquierda como un hito histórico en el “despertar” de la nación.
- La alcaldesa Hassler, fue protagonista de un estallido social que estuvo plagado de violencia. Llegó a la alcaldía con un programa que prometía “el fin a la política de aula segura y la criminalización a los estudiantes”, para “fomentar la “resolución democrática y participativa de los conflictos”.
- Ahí están los resultados de esta mirada “comprensiva” y tolerante que fue construyendo una cultura de impunidad en los colegios de Santiago y en el INBA en particular, que corrió la cerca de lo permisible, socavando el principio de autoridad.
- No cabe la menor duda: La alcaldesa Irasi Hassler es la responsable política en la tragedia del INBA y debería responder por ello.
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