El reciente avance legislativo en Chile con la aprobación del proyecto de ley de cumplimiento tributario, busca frenar la evasión y elusión fiscal, marcando un hito importante dentro del Pacto Fiscal impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este proyecto tiene como objetivo recaudar alrededor del 1,5% del PIB, equivalente a unos 4.500 millones de dólares, fondos cruciales para financiar el presupuesto de 2025 y medidas urgentes como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el fortalecimiento de la seguridad pública.
Uno de los pilares de esta ley es la modernización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de nuevas herramientas para combatir la informalidad y la planificación tributaria agresiva. En este contexto, destaca la figura del “denunciante anónimo”, que busca empoderar a los ciudadanos para que reporten prácticas de evasión sin temor a represalias. Sin embargo, esta herramienta también plantea interrogantes importantes sobre su efectividad y posibles riesgos.
La implementación del “denunciante anónimo” busca fortalecer el cumplimiento tributario y reducir la brecha fiscal. Sin embargo, el uso potencialmente indebido de esta herramienta podría dar lugar a acusaciones infundadas, afectando la reputación de empresas o individuos sin un debido proceso. Esto genera preocupaciones éticas y legales, ya que los denunciados pueden carecer de la capacidad de defenderse adecuadamente frente a acusaciones anónimas.
A pesar de que el proyecto contempla alivios para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), es vital asegurar que no se les imponga una carga administrativa adicional. La resistencia política a medidas más drásticas, como el levantamiento del secreto bancario, indica que aún persisten vacíos que podrían comprometer el impacto de esta ley a largo plazo.
Además, la figura del “denunciante anónimo” podría fomentar un clima de desconfianza entre el Estado y los contribuyentes, donde cada decisión empresarial se vea bajo sospecha. Esta atmósfera podría disuadir la inversión y la innovación, elementos clave para el crecimiento económico.
En conclusión, aunque el proyecto de cumplimiento tributario y la figura del “denunciante anónimo” representan un avance significativo en la lucha contra la evasión fiscal, su éxito dependerá, sin duda, de una implementación cuidadosa. Es fundamental establecer salvaguardias claras para evitar abusos y garantizar el debido proceso, de modo que se promueva un sistema tributario más justo y eficiente, sin afectar negativamente la actividad económica y la convivencia social en Chile.
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