El nuevo fracaso de la fiscalía en la indagación de la arista metropolitana del caso ProCultura y los cuestionamientos de la Corte a la calidad de la investigación, han generado incertidumbre sobre el futuro de las aristas de los Gobiernos Regionales de Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble, Biobío y Magallanes.
Lo nuevo. El gobernador metropolitano Claudio Orrego (ex DC) arremetió este miércoles en contra de la fiscalía de Antofagasta, que el martes sufrió una nueva derrota en la arista metropolitana del caso ProCultura, dejando en la incertidumbre lo que ocurrirá con las indagaciones a esa fundación en otras cinco regiones del país, donde hay antecedentes de presuntos fraudes al fisco o tráfico de influencias.
- “Aquí hay que buscar la responsabilidad de civiles y penales, pero donde corresponde y por los delitos que corresponden, no inventando delitos para acusar falsamente a autoridades”, afirmó Orrego.
- “Yo no estoy en contra de la justicia, yo no estoy de acuerdo cuando se hizo eso con el presidente Piñera y me parece una infamia lo que ellos hicieron conmigo”, añadió refiriendose a la derecha.
- La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió, por unanimidad, rechazar la solicitud de la fiscalía de despojarlo de su fuero legal, para así poder pedir medidas cautelares en su contra, en una futura formalización de cargos por fraude al fisco.
- La resolución se sumó a la adoptada el jueves 12 por la misma Corte, que confirmó la decisión del juez Patricio Álvarez de rechazar dejar en prisión preventiva al siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín, acusando debilidades en la investigación.
- En esta arista se indaga el traspaso de $1.683.788.000 que el Gobierno Regional (Gore) dirigido por Orrego hizo el 2022 a ProCultura, para llevar a cabo el programa de prevención de suicidios ‘Quédate’. La transferencia se autorizó 21 días después de que el Consejo Regional aprobara la propuesta del gobernador de nombrar a Larraín director de la corporación de desarrollo que el mismo presidía.
Las otras indagaciones. Son cinco las otras gobernaciones que suscribieron convenios con ProCultura, con cuatro gobernadores en ejercicio: Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble y Magallanes. En el caso del Biobío, el gobernador Rodrigo Díaz (ex DC), quien declaró como imputado por traspasos por cerca de $2.500 millones, no corrió por la reelección.
- Estas derrotas han golpeado también al fiscal regional de Antofagasta Juan Castro, quien tomó el caso tras la salida de la causa de su par de Coquimbo Patricio Cooper, quien fue sacado luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas a la siquiatra Josefina Huneeus, ex señora de Alberto Larraín, que incluían diálogos con el Presidente Gabriel Boric.
- Antes tuvo la causa el exfiscal de Aysén Carlos Palma, hoy formalizado en una arista del Caso Audios.
- Castro enfrenta también un flanco interno por la denuncia de maltrato laboral del hoy exfiscal Eduardo Ríos, quien presentó el escrito de desafuero contra Orrego.
Las aristas de los otros gobernadores. Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble y Magallanes son las aristas desformalizadas con gobernadores en ejercicio.
- Antofagasta. El Gore encabezado por Ricardo Díaz Cortés (ex RD) aprobó el 3 de noviembre de 2022 el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica, Antofagasta”, por $629.815.000.
- El medio regional Timeline —que en 2023 destapó el Caso Democracia Viva que dio origen al Caso Convenios—, detalló que se trataban de tres fachadas del casco histórico de la ciudad que, dados los 2.400 cuadrados que cubrirían, equivalían a pagar $262 mil por metro cuadrado.
- La fundación precisó entonces que el convenio implicaba también la contratación y capacitación de trabajadores.
- En medio de los cuestionamientos del caso, el gobernador puso término anticipado al contrato, el 20 de septiembre de 2023, y pidió el reintegro de $373.002.500.
- El gobernador, que ha descartado irregularidades y declaró como imputado, se querelló contra la fundación.
- Valparaíso. El Gore liderado por el gobernador Rodrigo Mundaca (ind-FA) aprobó el 10 de enero de 2023 el convenio “1ra Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rossengärd, Suecia”, por $25.000.000.
- Además, el 6 de marzo de 2023 el alcalde La Calera Johnny Piraino (independiente DC) aprobó otorgar una subvención a ProCultura para ese proyecto, por $5 millones.
- Un informe de Contraloría consignó que, pese a que la ejecución del proyecto terminaba el 30 de junio de 2023, a la fecha de elaboración del informe todavía no había rendiciones de ProCultura por éste. A esto sumó que la donación de $5 millones de La Calera no especificaba para qué se utilizarían los fondos.
- “Las asignaciones directas constituyen una facultad discrecional”, dijo Mundaca en su declaración como imputado en la causa.
- Ñuble. El 22 de agosto de 2022 el Gore del gobernador Óscar Crisóstomo (PS) aprobó el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, encuentro binacional Ñuble”.
- De acuerdo con la indagación, el gobernador pidió a la división de fomento e industrias contactar directamente a la empresa Esquerré para realizar el proyecto.
- Oficialmente, sin embargo, el ejecutor del proyecto sería ProCultura. A esto se sumaron sobreprecios; $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados.
- El 17 noviembre de 2023 se dio término al programa y se solicitó el reintegro de los fondos.
- Crisóstomo hizo uso de su derecho a guardar silencio en esta arista de tráfico de influencias.
- Magallanes. A través de la resolución exenta 190/2022 el Gore encabezado por el gobernador Jorge Flies (independiente radical) aprobó el convenio “Recuperando el espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas”, por $23.690.000, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
- De acuerdo con la indagación, el gobernador pidió a la jefa de la Dirección de Desarrollo Social contactar al arquitecto Fernando Padilla para postular. Sin embargo, las facturas fueron rendidas por la empresa de Lota Agencia Turismo Patrimonial, propiedad de Francisco Fuentes, quien era funcionario de ProCultura.
- La fiscalía clasificó la arista como eventual tráfico de influencias y fraude al fisco.
- Flies, quien declaró como imputado, ha descartado cualquier irregularidad.
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