Por qué la Casa Blanca autorizó extraditar a Chile a los sospechosos del crimen de Ronald Ojeda

La vocera de la Casa Blanca explicó la semana pasada que el gobierno continuaría con la política deportar integrantes del Tren de Aragua, apoyada en una norma del siglo XVIII. En este marco es que se ubica la decisión de extraditar a Chile a los venezolanos imputados por el crimen de Ronald Ojeda. Un fallo de un juez de Washington D.C. podría retrasar la operación.

Por qué importa. La decisión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de extraditar a Chile a tres presuntos miembros del Tren de Aragua podrá —de concretarse—, facilitar el esclarecimiento del crimen del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en 2024 en territorio chileno.

• El oficial disidente del régimen de Maduro fue secuestrado por falsos policías desde su departamento en Independencia el 21 de febrero del año pasado. Nueve días más tarde, su cuerpo apareció en una maleta cubierta con cemento, en una toma de Maipú.
• Por el caso hay un condenado —un adolescente venezolano que participó de la cobertura del secuestro, quien fue sentenciado a cinco años de reclusión en un régimen mixto— y más de una docena de imputados por participar en distintas fases del crimen en prisión preventiva.
• El fiscal Héctor Barros mantiene la hipótesis —apoyada en al menos tres testigos protegidos— de que el crimen fue perpetrado por una célula del Tren de Aragua bajo las órdenes del hoy ministro del Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello. Éste ha negado tener responsabilidad alguna en el crimen.
• Al menos dos de los tres miembros del Tren de Aragua que se busca extraditar desde febrero tendrían conexión con el crimen, incluyendo al presunto cerebro de la operación: Adrián Rafael Gámez Finol, alias el “Turco” o “Turko”.

Qué dijo la Casa Blanca. “Estados Unidos declaró a tres miembros del Tren de Aragua (TdA) como Enemigos Extranjeros y anunció planes para extraditarlos a Chile, donde son buscados por delitos violentos como homicidio, secuestro extorsivo y otros”, dijo el Departamento de Justicia en una declaración.

• Detalló que se trataba de el “Turko”, quien tiene nacionalidades venezolana y colombiana y que es sindicado en el país como el “cerebro” del crimen del teniente Ojeda.
• A éste se sumó Edgar Javier Benitez Rubio, 37, alias el “Fresa”, quien es imputado como el encargado de disponer de los autos en que se cometería el crimen y se llevaría a cabo la cobertura del secuestro.
• El tercero fue identificado como Miguel Oyola Jiménez, 37, de nacionalidades venezolana y ecuatoriana.
• La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt había adelantado el 19 de marzo que “los estadounidenses pueden esperar sin duda la continuación de la campaña de deportación masiva que ha liderado con éxito este presidente”.

El juez que podría bloquear la operación. En su declaración de este lunes, el Departamento de Justicia sostuvo que “ya habríamos deportado a estos violentos pandilleros para que enfrentaran la justicia en Chile si no fuera por una orden judicial nacional impuesta por un solo juez en Washington D. C., que hoy impugnamos ante el Tribunal de Apelaciones de Washington D.C.”.

• La declaración aludía al juez federal James Boasberg, quien bloqueó a mediados de mes la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —que data del conflicto de hace más de 200 años con Francia—, para cursar las deportaciones masivas de presuntos miembros del Tren de Aragua.
• Boasberg, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama, argumentó que los imputados debían tener la oportunidad de demostrar, por ejemplo, que no pertenecían a esa organización criminal antes de ser expulsados.

Ojo con. El plan de deportaciones masivas de Trump a cárceles El Salvador cuesta a la Casa Blanca US$ 20 mil al año, unos $18.643.000 anuales.

• La deportación a Chile, en cambio, carece de costos de mantención de los internos para la Casa Blanca.

Tohá-Jadue. El testimonio de los testigos protegidos del caso Ojeda dio paso a que —días antes de renunciar al gobierno para convertirse en la candidata presidencial del PPD—, la ministra del Interior Carolina Tohá anunciara que llevará el caso a la Corte Penal Internacional.

• “Vamos a ir a la Corte antes de que termine la investigación, entregándole los antecedentes que se pueden entregar, porque la investigación todavía tiene elementos de reserva”, dijo el 24 de febrero.
• Tras dejar el gobierno, Tohá ha dicho que le incomodaría ir a una primaria con Daniel Jadue (PC) por su respaldo al régimen de Maduro, apuntando a uno de los flancos del exalcalde de Recoleta con un electorado de izquierda no chavista.