Solo un 51,4% de los postulantes es asignado a su primera preferencia, es decir, uno de cada dos no obtiene una vacante en el colegio que eligió primero. Pero más que el resultado, importa el cómo: en los establecimientos con sobredemanda -los más preferidos- es un algoritmo el que decide. Las familias pueden declarar preferencias, pero el sistema no les permite una elección real.
Los datos del sistema de admisión 2026 son elocuentes. El 7% de los postulantes (más de 33 mil personas) no quedaron en ninguna de sus opciones. Si sumamos a estos últimos a quienes fueron asignados al mismo establecimiento del que buscaban cambiarse, resulta en que uno de cada cuatro postulantes no logró acceder a una opción educativa de su preferencia.
Más aún, ante dos estudiantes sin ningún criterio de prioridad que los diferencie, el SAE tiene una sola respuesta: un número aleatorio. El mérito y trayectoria académica no cuentan. El esfuerzo de los estudiantes y sus familias no son considerados y la visión de quienes construyen el proyecto educativo tampoco.
Los datos que nos entrega el SAE también muestran información relevante para el sistema. El 61,9% de las postulaciones a establecimientos particulares subvencionados son escogidas como primera preferencia. Además, el 53,7% de esos colegios está sobredemandado, frente al 17,7% de los municipales. El SAE puso al Estado entre los colegios y las familias. En un espacio donde se requiere elección mutua, el sistema igualó con aleatoriedad.
Esta elección es fundamental, colabora con la construcción de comunidades educativas sanas y robustas, y protege la diversidad de proyectos educativos. El mecanismo actual desconoce la visión de quienes crearon el establecimiento, qué estudiantes se alinean con su comunidad, el sello que han construido y los énfasis que los distinguen.
Por lo anterior, necesitamos hacer modificaciones y para ello no basta incorporar criterios opcionales dentro de un sistema centralizado. La realidad siempre supera la rigidez de cualquier normativa. En primer lugar, es necesario crear una etapa voluntaria previa al SAE, dentro de la misma plataforma.
Los colegios que lo deseen podrán conducir su propio proceso de admisión, con autonomía para definir sus criterios, respetando la Ley General de Educación y la Ley de Subvenciones. Las vacantes sin asignar y los postulantes no seleccionados pasarán al SAE.
En segundo lugar, modificar el SAE propiamente tal también es necesario para aquellos establecimientos que deseen seguir usando este sistema de admisión. Resulta fundamental que puedan incorporar el mérito académico como factor de priorización, y, en segundo lugar, que tengan la posibilidad de ordenar los criterios según las prioridades de su proyecto educativo. Hoy ese orden está fijado por ley.
Finalmente, también se requiere garantizar la continuidad de las trayectorias educativas. El 22% de los usuarios del SAE postula únicamente para seguir estudiando en el colegio en el que se encuentran. Esto no sucede porque quieran cambiarse de establecimiento, sino porque el sistema los obliga a competir por un cupo en el siguiente ciclo de su propio sostenedor.
Recuperar la libertad de enseñanza al devolver parte de la autonomía perdida a los colegios y fortalecer el derecho a la educación a través de mayor libertad de elección para las familias no es un ataque a la equidad, es reconocer que esta no se construye ignorando las preferencias de las personas ni vaciando de sentido los proyectos educativos que, en definitiva, son los que educan.
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