Por qué el crimen organizado sobrepasó a la estructura de persecución penal y es hora de modernizarla. Por Carlos Basso

El juicio a 44 integrantes de una facción del Tren de Aragua en Arica y las dificultades para llevarlo a cabo revela que Chile no estaba preparado para enfrentar al crimen organizado transnacional, que se instaló en el país por la inmigración desordenada y cambió el paradigma del delito. Hoy el sistema está sobrepasado, como lo demuestra que en zonas como Alto Hospicio cuatro fiscales instruyan 3.000 causas cada uno al año, algo inabordable. El problema de fondo es que la estructura de persecución penal fue diseñada hace 25 años en función de otra situación criminal.

Un caso ejemplar. Recién la semana pasada uno de los líderes de la banda de Los Gallegos de Caracas (la facción del Tren de Aragua que se tomó Arica), Mervin Fagúndez, fue trasladado desde la cárcel de esa ciudad a la de Puerto Montt. La razón es que poco antes había sido formalizado por amenazar a un gendarme de un modo que parecía muy sutil: le dijo “cuida a tu esposa”, llamándola por su nombre, por lo cual la Fiscalía de Arica pidió su traslado. Lo mismo sucedió con otro integrante de la megabanda, David Santana Gutiérrez, el cual amenazó a un gendarme con matarlo.

• A nadie lo tomó por sorpresa. Otros miembros del grupo ya habían sido formalizados también por amenazas, luego de que se encontrara un documento que evidenciaba que manejaban todos los antecedentes de tres efectivos del OS-7 de Carabineros que habían detenido a cuatro integrantes de la organización criminal, así como los de un fiscal.
• A fines de marzo una audiencia en contra de 44 integrantes de Los Gallegos se debió suspender, debido a que poco antes de que esta comenzara una camioneta de gran calado embistió de lleno un poste ubicado a un kilómetro del penal de Acha, en Arica, cortando el cable de fibra óptica que llegaba al penal e impidiendo que los presos allí detenidos (18, en ese momento, pues los demás están en otras cárceles) participaran de la audiencia vía telemática.

Tribunales sobrepasados. Pese a que los tribunales superiores del país dictaminaron que se habían acabado las audiencias por medio de zoom, culminada la pandemia, en el caso de Arica se efectuó una excepción en lo referido a la tramitación de la causa de Los Gallegos, no solo porque la estrategia de Gendarmería ha sido disgregar a los reos en distintos penales (para evitar que se “tomen” alguno, como ocurre en Venezuela), sino porque las nuevas formas de criminalidad que han eclosionado en Chile han quebrado todos los esquemas.

• No existe en Arica, ni probablemente en alguna otra parte del país, un Juzgado de Garantía que tenga una sala en que quepan 44 imputados, además de sus abogados defensores, fiscales y, por supuesto, los testigos y peritos que comparezcan, además de familiares y gendarmes, como debería ocurrir en el juicio al cual la banda deberá ser sometida hacia mediados o fines de año, un proceso muy complejo, pues tendrá en el banquillo de los acusados a algunos de los imputados más peligrosos que ha conocido el sistema penal chileno.
• Chile tampoco cuenta con la dotación de seguridad necesaria para custodiar a ese número de imputados juntos en un solo lugar y por ello ese juicio oral quita el sueño a los jueces, fiscales, policías y gendarmes, pues el solo pensar que los 39 imputados que están cumpliendo prisión preventiva deberán ser trasladados todos los días de ida y regreso a la cárcel, por tres o cuatro meses, plantea desde un problema que nunca antes se ha enfrentado.

El problema de fondo. Según  aseguran distintos actores del sistema, entre ellos fiscales y defensores, es que Chile no estaba preparado para enfrentar a un crimen organizado transnacional muy distinto del que tradicionalmente ha existido en el país y eso se expresa en el aumento progresivo de delitos como el homicidio y el secuestro, así como en la aparición de nuevas modalidades delictivas, entre ellas el sicariato, el préstamo con intereses usureros conocido como “Gota a gota”, la extorsión y la trata de personas con fines de explotación sexual, que afecta en una gran medida de mujeres migrantes.

• El país tampoco estaba preparado, como dijo el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para enfrentar una oleada migratoria en medio de la cual han llegado sujetos como los dos venezolanos que van a ser formalizados este jueves por el homicidio del cabo Daniel Palma.
• Uno de ellos, Ovimarxilon Garcés, contaba con una orden de expulsión del país, vigente desde 2020, mientras que Luis Lugo Machado había sido objeto de a lo menos tres denuncias en Chile e, inexplicablemente, la Fiscalía de Bío Bío no lo había formalizado por su última detención, lo que habría permitido revocar el beneficio carcelario del que gozaba.

Hora de modernizar. Si se efectúa el mismo ejercicio con numerosos criminales chilenos, como los que asesinaron a la sargento Rita Olivares, en Quilpué, el resultado es similar: numerosas detenciones, formalizaciones y una carrera delincuencial que parece no tener freno.

• Por todo eso, quizá es tiempo de comenzar a pensar, más que en leyes cortas y adecuaciones presupuestarias de emergencia, en que la estructura de persecución penal del país necesita ser modernizada, pues fue diseñada hace más de 25  años en función de otra situación criminal.
• Hoy está sobrepasada por una realidad que nadie vislumbraba por aquellos años, pues nunca se pensó que habría 40 imputados en una sala de un tribunal de Provincia, por ejemplo.
• De hecho, hace unos 20 años se estimaba que el número máximo de causas por fiscal eran 500 al año, cifra que por aquel entonces parecía exagerada, pero hoy resulta mínima si se ve la realidad que enfrentan, por ejemplo, los cuatro fiscales Alto Hospicio, que instruyen cerca de tres mil causas per cápita al año, algo que es totalmente insostenible.