Enero 15, 2024

Por qué Boric titubeó cuatro meses antes de decidirse a revocar pensiones de gracia

Alexandra Chechilnitzky
En la imagen de archivo, la ministra Tohá, el ministro Cordero y el subsecretario Monsalve. Créditos: Agencia Uno.

El gobierno ha tenido tres cambios de opinión en cuatro meses respecto de si se puede o no revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social a quienes tenían antecedentes penales. El subsecretario Monsalve siempre fue la postura de que sí se podía hacer, pero la ministra Tohá señaló lo contrario. Entre ambas declaraciones, señalan fuentes oficialistas, el ministro Luis Cordero habría entregado una opinión distinta a la de Monsalve, a la que se sumó La Moneda. Finalmente el gobierno pidió un informe al reputado abogado PS Francisco Zúñiga, de cuyo texto la administración Boric zanjó que el Presidente hiciera uso de sus facultades para revocar pensiones de gracia.


Panorama general. Este lunes, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve anunció que el Presidente Boric había decidido hacer uso de facultades para revocar pensiones de gracia ya otorgadas. Se trataba del fin de 4 meses de vaivenes del gobierno, luego de que abordara por primera vez los beneficios concedidos a propósito del 18-O a personas con antecedentes penales y que en al menos cuatro casos registran ataques a carabineros.

  • “El Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda, a propósito de los plazos, que el Presidente lo va a usar lo antes posible”, dijo Monsalve.
  • El anuncio lo había hecho una hora antes en la comisión de Desarrollo Social, en el marco de la votación de los proyectos refundidos que también buscar revertir pensiones de gracia y para lo cual el Gobierno ingresó indicaciones el lunes pasado.
  • “Podría fundar esta facultad en razones de mérito, razones de oportunidad, razones de conveniencia, o sea, vale decir, en la medida de que los Presidentes lleguen a la convicción de que el bien común requiere la revocación de este acto administrativo”.
  • Monsalve también informó que este mismo lunes firmó una modificación al reglamento del Ministerio del Interior para que “nunca más se entregue una pensión de gracia sin el requisito de pedir previamente los antecedentes penales. Pero claro la modificación de reglamento no es suficiente”.

Discursos contrapuestos. El 13 de septiembre, el subsecretario Monsalve marcó por primera vez la posición del Gobierno frente a las controvertidas pensiones que se han otorgado a propósito del 18-O a personas con antecedentes penales y que en al menos cuatro casos registran ataques a carabineros.

  • El 4 de octubre, vale decir, 21 días después, la ministra Carolina Tohá señaló en la misma comisión que una de las condiciones de las pensiones de gracia “es que no se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron”.
  • “¿Cuáles son las condiciones que lo motivaron? Haber sido agredido en el contexto del estallido social, haber tenido lesiones graves eso no va a volver atrás la historia. Si se probara que fue falsa ahí se podría revertir”, dijo. “Ahora, revertir por otras razones, tendríamos que legislarlo. Hoy día no existe otra modalidad (…) No está establecido el procedimiento”.
  • Ese mismo día, consultada por el diputado Henry Leal si administrativamente no se podía invalidar la pensión de gracia con un nuevo decreto, Tohá respondió: “Sí, tendríamos que hacerlo, probablemente esta persona podría ir a los tribunales y ahí veríamos qué pasa”. “Efectivamente, el Ejecutivo siempre puede retrotaer un acto administrativo con otro. Pero dado que hay una ley, y dado que señala lo que señala, eso va a ser, digamos, cuestionado. Ahora, nunca se ha hecho, por eso estamos especulando, nunca se ha hecho que un Ejecutivo retire una pensión de gracia. Pofr eso es todo opinable de qué pasaría, porque nunca ha pasado”, dijo en otro momento.

Las tesis de Monsalve y Cordero. Desde que se conocieron sucesivos casos de personas condenadas que habían recibido pensiones de gracia a partir del 18-O, en el Gobierno no ha existido una visión unívoca respecto de lo que se puede hacer o no en la actualidad con estos casos.

  • Para algunos abogados estaba el concepto de “derecho adquirido”, lo que supone que no se puede quitar la pensión de gracia y, por tanto, si el Presidente Boric firma decretos para revocar el beneficio, el tema se puede judicializar.
  • Fue así como el 20 de diciembre, luego de que se publicara que un pensionado que hasta este miércoles se encontraba prófugo de la justicia había cobrado más de $5 millones, Tohá anunció el ingreso de indicaciones a proyectos de ley que están siendo tramitados en la Cámara de Diputados.
  • Quienes han tenido conocimiento de las conversaciones que se han llevado a cabo al interior del Ejecutivo respecto a este tema señalan que la postura del subsecretario Monsalve, relativa a que sí se podían revocar los beneficios, habría sido conversada con su equipo.
  • Sin embargo, ante la escalada del debate público respecto a este tema, se le habría consultado al ministro de Justicia Luis Cordero su opinión.
  • Desde la intervención de Cordero, la ministra Tohá se plegó a la idea de que no se podía revocar el beneficio, a menos que las condiciones por las que fue otorgada hubieran cambiado, tesis que se impuso en La Moneda durante 4 meses.
  • El gobierno, sin embargo, solicitó un informe en derecho externo para abordar la problemática.

El informe que dirimió el caso. Quien estuvo a cargo de del mencionado informe fue el reputado abogado socialista Francisco Zúñiga.

  • Bajo las conclusiones de ese documento el Ejecutivo definió que las pensiones de gracia ya otorgadas sí se pueden revocar “por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia, en la medida que se busque proteger el bien común”.
  • De ahí que en La Moneda señalaran este lunes que, al final, había primado el criterio Monsalve y no el de Cordero, quien ha asumido un rol clave en temas críticos para el Gobierno, como el caso Indultos o el caso Convenios, pero cuyas tesis jurídicas han sido desmentidas por el peso de los hechos en el caso del ex contralor Jorge Bermúdez -por la asistencia de Miguel Crispi a la comisión especial del caso Convenios- y cuando sostuvo que las reuniones de secretarios de Estado en la casa de Zalaquett no eran lobby.
  • En el primer caso Cordero defendía la tesis de que Crispi no podía ser citado a la comisión, ante lo que Bermúdez indicó que todos los funcionarios deben rendir cuentas; en el segundo, el Presidente Boric terminó pidiendo a sus ministros que publicaran los encuentros en Infolobby.
  • De todas formas, el ministro de Justicia señaló este viernes lo siguiente: “El subsecretario ha hecho referencia a una facultad general que se encuentra en la ley, reconocida para revocar actos administrativos. La ministra del Interior ha solicitado la revisión completa de las pensiones que se han realizado y en función de eso tomar una decisión de cuáles se revocarán o cuáles se invalidarán”.

Los criterios. En total se han otorgado 418 pensiones de gracia: 148 durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y 270 en el gobierno de Boric. De ellos hay 41 con antecedentes penales: 24 favorecidos durante este gobierno y 17 en el pasado.

  • El que se vayan a revocar los beneficios otorgados para esas 41 personas no está definido.
  • Antes de firmar los actos administrativos, Boric deberá aunar criterios para definir a quiénes sí se les quitará el beneficio y a quiénes no.
  • En el oficialismo señalan que puede haber casos entre los condenados que pudieran haber sido víctima de violación a los derechos humanos y al mismo tiempo condenados antes de haber sido otorgado el beneficio.
  • Con todo, a quienes se les quite el beneficio podrán recurrir a la justicia.

Lea también: “Liberan al pensionado de gracia del 18-O formalizado por estafa tras depositar $300 mil”. 

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