La Corporación Nacional Forestal (Conaf) es una de las instituciones más respetadas por los chilenos por su combate contra los incendios y la administración de los parques nacionales. Pero en su accionar de velar por la preservación debe entregar permisos sectoriales a los proyectos de inversión que afecten predios con árboles o vegetación que se considera protegida. El gran problema es que no se respetan los plazos establecidos y determina el interés nacional de la inversión cuando a ella ya se los han otorgado otros organismos.
Qué observar. Todo proyecto de inversión cuya construcción requiere intervenir especies vegetales nativas, que están definidas en la ley como parte del bosque nativo, deberá presentar permisos de intervención a la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
- Este requisito se enmarca en el artículo 19 de la ley 20.283, que prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas en categoría de conservación definidas en la ley que formen parte del bosque nativo como también la alteración de su hábitat.
- El mismo artículo indica que se podrá intervenir o alterar el hábitat de los individuos de dicha especie, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles o que, entre otras cosas, estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de actividades como construcción de caminos, ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos o de otras reguladas por ley, siempre que tales obras sean de interés nacional.
Definición de interés nacional. El problema que enfrentan los inversionistas es que dentro de la evaluación que hace la Corporación define si el proyecto es de interés nacional o no, aunque otro organismo estatal ya lo haya definido como proyecto estratégico para el país o que esté en las carpetas de proyectos de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda.
- La gerenta de Evaluación y Fiscalización de Ecosistemas de Conaf, Elke Huss Catalán, asegura que “todo proyecto que intervenga o altere el hábitat de un bosque nativo de preservación de acuerdo con la legislación debe tener la declaración de interés nacional, independiente de que el proyecto ingrese o no al SEIA”.
- Es decir, no se considera que otro organismo del Estado haya determinado que el proyecto es de interés nacional, como, por ejemplo, la carretera eléctrica público-privado de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que deberá recorrer 1.350 kilómetros entre Antofagasta y Santiago, y que es clave para las empresas de energía renovable del norte.
- En su evaluación, Conaf asegura que “el estudio (de Kimal-Lo Aguirre) no aborda adecuadamente los impactos sobre el componente Flora y Vegetación, existiendo una predicción que minimiza o subvalora los impactos, razón por la cual se llega a concluir que el EIA carece de información esencial para la evaluación del proyecto”, y solicita un término anticipado “al proceso de evaluación ambiental del proyecto”.
- Algunos anticipan que las empresas desaladoras también deberán enfrentar problemas de permisos en los trazados de las tuberías que llevarán el agua a las ciudades o proyectos interiores en las regiones del norte y que deben pasar por diversos valles.
Plazos. Otro de los puntos que resaltan inversionistas es que no se respetan los plazos establecidos para la evaluación de los permisos. Elke Huss sostiene que “una vez que el proyecto obtiene su RCA aprobada o su resolución fundada aprobada debe ingresar el permiso sectorial correspondiente (plan de manejo) a Conaf para su tramitación total, la cual tiene 120 días corridos (DL 701) o 90 días hábiles (Ley 20.283) para su pronunciamiento.
- Cabe señalar, dice la representante de Conaf, que los promedios de pronunciamiento de planes de manejo son 82 días corridos (DL 701) y 60 días hábiles (Ley 20283).
- Algo que no se ha aplicado en el caso del proyecto de China International Water & Electric (CWE), la central Central Hidroeléctrica Rucalhue que es un proyecto de generación de energía limpia que se emplazará en el río Biobío en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.
- La central comienza a gestarse el año 2010 con la adquisición de derechos de agua en el río Biobío y 14 años después aún las obras no se han ejecutado por los diferentes permisos que se han solicitado al Estado. El último corresponde a los permisos de Conaf, que involucran el manejo de un sector de que tiene vegetación nativa.
Proyecto en el Biobío y los 200 días de espera. La Central Hidroeléctrica Rucalhue cuenta con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los análisis técnicos y evaluaciones que contemplaron la participación ciudadana.
- “Central Hidroeléctrica Rucalhue es un proyecto que esperamos desarrollar entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, en la Región del Biobío. Este proyecto considera una inversión de US$ 300 millones, de los cuales ya hemos ejecutado US$ 100 millones”, señala el gerente legal de Rucalhue Energía, Diego Vio.
- Agrega que cuenta con “su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde 2016. En 10 años ya hemos tramitado más de 45 permisos entre diversas tramitaciones. Actualmente llevamos más de 220 días a la espera de un último permiso sectorial de Conaf para retomar la construcción”.
- En 2018, el proyecto logró la concesión eléctrica definitiva para establecer las instalaciones de la central hidroeléctrica. Sin embargo, debido a cambios administrativos, y a la espera de la estabilización social y económica, post estallido social y pandemia, la construcción comenzó en noviembre de 2020.
- Desde el año 2021 el proyecto se vio obligado a paralizar los trabajos. Primero fue por una toma ilegal que fue denunciada ante la Justicia, que falló a favor del proyecto y, luego debido a a la falta de respuesta por parte de Conaf en una tramitación de un permiso sectorial.
La demora de Conaf. El permiso sectorial de la Central Hidroeléctrica Rucalhue ante Conaf se ha tramitado de acuerdo con la Ley 20.283 de Bosque Nativo.
- Tras el rechazo en una primera instancia el año 2022, se ingresó en marzo de 2023, aprobándose parcialmente, y declaró de interés nacional el proyecto en octubre del mismo año, pero dejando pendiente la aprobación técnica. A enero de 2024 aún no recibía respuesta oficial de parte de la Corporación.
- Entre ambas solicitudes a Conaf ya han pasado más de 430 días.
- El problema que enfrentan los inversionistas chinos es la falta de certezas sobre el desarrollo y ejecución definitiva del proyecto debido a la falta de información por parte de Conaf.
Ley marco de autorizaciones sectoriales. Conaf es parte de los organismos que participan en el proyecto de ley que buscará dinamizar los trámites que deben enfrentar los proyectos de inversión y que se han transformado en un problema para dinamizar el crecimiento.
- El proyecto de ley que fue presentado por el Presidente Gabriel Boric, configura un sistema de tramitación sectorial, reglas mínimas de tramitación sectorial con plazos máximos, silencio positivo final e intermedio, y procesos de admisibilidad.
- La gerenta de Evaluación y Fiscalización de Ecosistemas Conaf, Elke Huss Catalán, expresa que “como Estado tenemos el desafío, y como Gobierno estamos trabajando para hacer más eficiente los procesos de evaluación ambiental a nivel ministerial e interministerial”.
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