Hace unos meses, en este mismo espacio, advertí sobre la importancia de que el Ejecutivo avanzara rápido en una de sus reformas emblemáticas: la previsional. El fin de semana pasado -en base a lo adelantado por el ministro Marcel en el ChileDay en Nueva York- se dio a conocer parte esencial de la propuesta: de los seis puntos adicionales de cotización, tres irían a un componente de ahorro colectivo y otros tres, a financiar a los pensionados actuales (o sea, reparto). Arriesgada jugada del Ejecutivo, tanto en lo técnico como en lo político.
Vamos primero a los argumentos técnicos. Con una población mundial envejeciendo a pasos agigantados, el componente de reparto se hace inviable. En Chile, en los próximos 50 años la tasa de dependencia -adultos mayores como proporción de la población en edad de trabajar- se triplicará. Los países OCDE han entendido esto: en los últimos 20 años Israel, Japón, Italia y Suecia han disminuido significativamente los recursos destinados a beneficios definidos (reparto) y el total de pensiones respaldadas por fondos capitalizados se ha multiplicado por un factor de 2,7.
La reforma previsional también debería hacerse cargo del desafío estructural de recomponer el mercado de capitales debilitado por los retiros que alcanzaron más de 50.000 millones de dólares. El mercado de capitales no es un fin en sí mismo, sino que es instrumental para elevar el monto de las pensiones. Por ejemplo, entre 1981 y 2021, la rentabilidad anual promedio de los fondos de pensiones fue de UF +7,9%, lo que se traduce en que de $100 pesos de pensión que recibe un jubilado que ingresó al sistema en 1981, $70 corresponden solo a rentabilidad. Si el objetivo es aumentar el monto de las pensiones de manera sostenible, parece más razonable destinar el total de la cotización adicional a fondos capitalizados.
Como los seis puntos de cotización adicional no van al trabajador, serán percibidos como un impuesto al trabajo -equivalentes a 1,5 puntos del PIB-. Así, de avanzar con esta propuesta, bien haría el Gobierno en sincerar esta “carga tributaria adicional” en la discusión de la reforma tributaria. Por otro lado, al no ser percibida como propia, esta cotización adicional incentivará la informalidad, lo que traerá consigo menores cotizaciones y, por ende, pensiones más bajas. Es decir, justo lo contrario que quiere lograr el Ejecutivo con esta reforma.
El debate político de una reforma de estas características será, a lo menos, complejo. El Gobierno no tiene mayoría en el Congreso y la propuesta pareciera ir en contra de las preferencias ciudadanas. Una gran mayoría de los chilenos, sobre todo después de los retiros, valora la propiedad y heredabilidad de los fondos, elementos no considerados en la propuesta. El proyecto también incluiría una administración estatal para los 6 puntos de cotización adicional y para la recolección y pago de pensiones, limitando el actuar de las AFP a administrar solo el 10% actual. Nuevamente, el Ejecutivo parece olvidar que gran parte de los chilenos valora la libertad de elección y mira con suspicacia al Estado administrando todos los fondos, tanto por el riesgo de captura como por la calidad del servicio que pueda entregar.
Soslayar estas preferencias es en extremo riesgoso y sólo replicará los problemas del actual sistema previsional. En pensiones necesitamos un pacto de largo plazo, validado por la ciudadanía. Esta es justamente una de las fallas del actual pilar contributivo: tiene un pecado de origen por haber nacido en dictadura y la ciudadanía simplemente ya no confía en las AFP -quizás porque entendieron demasiado tarde que son parte de un sistema de protección social y no meras administradoras de fondos-. Como está planteada la propuesta, difícilmente logrará esa necesaria adhesión ciudadana para perdurar en el tiempo.
La propuesta final la conoceremos a finales de agosto, pero las primeras luces no son auspiciosas. No destinar ningún recurso adicional a las cuentas de ahorro individual y apostar a que la mitad de los recursos adicionales se vayan a un sistema de reparto, solo nos alejará del objetivo central: entregar pensiones dignas que sean sostenibles en el tiempo. Por otro lado, será difícil defender políticamente una reforma que pasa por alto las marcadas preferencias de los chilenos en cuanto a la propiedad, heredabilidad y libertad de elección. Así, tal como parece estar planteada la iniciativa, es una apuesta en extremo arriesgada para el Gobierno y para la viabilidad de la tan esperada y necesaria reforma previsional.
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