“Cuidado con creerse que el sistema de seguridad social tiene que tener un componente de ahorro propio”, decía eufóricamente el convencional Daniel Stingo en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Bien haría Stingo en revisar la experiencia comparada. Desde el año 2000 a la fecha, en todos los países OCDE, el monto de recursos ahorrados para financiar pensiones ha aumentado; incluso los países que aún mantienen sistemas de reparto están incorporando capitalización en sus sistemas.
En pensiones no hay magia; que no le cuenten cuentos. Con una población mundial que envejece a pasos agigantados -donde Chile no es la excepción- cualquier sistema de seguridad social debe considerar el ahorro como un eje fundamental.
Primero, hagamos un breve repaso de la historia de nuestro sistema de pensiones. En 1981 se instauró un esquema de ahorro individual, con una cotización del 10% de la remuneración y administrado por entidades privadas (AFPs).
Así, al día de hoy, aunque a algunos no les guste la idea, Chile ya cuenta con un sistema de protección social basado en tres pilares: (i) un pilar solidario financiado por impuestos generales, (ii) un pilar contributivo, y (iii) un pilar de ahorro voluntario. ¿Somos un caso único en el mundo, víctimas de una concepción capitalista egoísta y desenfrenada? No. Australia, Canadá, Dinamarca y Holanda, sólo por nombrar algunos países, también cuentan con sistemas que combinan un pilar de ahorro con un pilar solidario.
Aún más, en los últimos 20 años, dentro de los países OCDE, el total de pensiones respaldadas por fondos capitalizados se multiplicó por un factor de 2,7; pasando de $18 a $ 48 trillones de dólares.
Esto no significa que nuestro sistema no necesite de ajustes profundos. Con una pensión promedio de apenas $361.400 (autofinanciada más APS o PGU), necesitamos urgente una reforma para asegurar mejores pensiones. Partamos por descartar lo que no funciona. ¿Mejorarían las pensiones con un sistema de reparto, donde los trabajadores actuales financien las pensiones de los jubilados actuales? Aunque le digan que sí, esto no es sostenible en el tiempo e injusto intergeneracionalmente.
Al 2075 la tasa de dependencia (adultos mayores como proporción de la población en edad de trabajar) de Chile se triplicará. No parece justo que nuestros hijos y nietos paguen el triple que nosotros para mantener un mismo nivel de pensiones. Además, es fiscalmente insostenible: en Argentina, país con sistema de reparto desde 2008, mientras el gasto en pensiones alcanzó un 12% del PIB en 2019, la recaudación vía cotizaciones fue de sólo un 4,5% del PIB.
¿Qué ajustes necesita, entonces, el sistema para entregar mejores pensiones? Primero, aumentar la tasa de cotización gradualmente para acercarnos al promedio OCDE de 18% y destinar estos fondos íntegramente a cuentas individuales. Segundo, aumentar la base de contribuyentes: de 100 personas que jubilan, en promedio 35 cotizan todo el tiempo y 65 nunca (Comisión Bravo). Para esto, hay que incentivar la formalización laboral a través de subsidios monetarios condicionales al empleo —Ingreso Mínimo Garantizado—, endurecer sanciones al no pago de cotizaciones y avanzar en ahorro previsional a través del consumo (emulando un IVA que vaya directo a nuestras cuentas individuales de ahorro). Tercero, fortalecer con decisión el pilar solidario vía impuestos generales.
La solidaridad intrageneracional, donde todos aportamos a las pensiones, parece más justa que cargarle la mano al exiguo grupo de trabajadores que cotizan. En concreto, el gasto incremental de la PGU equivale a 4 puntos adicionales de cotización. Por último, con una expectativa de vida que alcanzará los 85,2 años al 2050, es imperativo igualar y aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres.
Nuestra clase política no ha estado a la altura del desafío de asegurar pensiones dignas con un sistema sostenible en el tiempo. Después de la última gran reforma el 2008, guardaron en el cajón las recomendaciones que hizo la “Comisión Bravo” el 2015 y en los últimos dos años se han preocupado de desfondar los fondos individuales a punta de retiros. Tampoco ayudan las destempladas declaraciones de algunos constituyentes en esta materia, poniendo en duda la propiedad de los fondos y prometiendo que el reparto solucionará todo.
Bien haría el ministro de Hacienda en ponerle máxima urgencia a una reforma que no puede seguir esperando. Ya el año 2006 el mismo Marcel advertía: “postergar la reforma previsional involucra no solo el riesgo de que los problemas no se resuelvan, sino de que se genere un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la larga amenacen la propia viabilidad del sistema.” Hoy, 14 años después, lamentablemente sus palabras se mantienen más vigentes que nunca.
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