Para diseñar e implementar correctamente una política pública es fundamental partir de un diagnóstico común. Si no somos capaces de visualizar y cuantificar un problema con claridad, difícilmente daremos con la solución que nos permita remediarlo. Es como si un doctor tratara de curar los síntomas de un paciente sin saber la enfermedad que los origina. Este principio tan básico es el que estamos obviando en la discusión de la reforma previsional. El debate se saltó olímpicamente el diagnóstico sobre el nivel efectivo de las pensiones en el país y hoy nos encontramos discutiendo aspectos técnicos como cuentas nocionales y otros más ideológicos como el fin de las AFP. Si no damos un paso atrás, no lograremos avanzar.
En noviembre del año pasado, el economista Joseph Ramos planteó la pregunta correcta con que debería comenzar el debate en pensiones: ¿A qué tasa de reemplazo queremos llegar? Usando el ejemplo de una pareja de pensionados, Ramos planteaba que la PGU logró aumentar la pensión mediana (como proporción de los ingresos laborales) desde un 40% a un 70%. Es decir, la mitad de los chilenos estaría logrando cubrir un 70% de sus ingresos laborales durante su jubilación. Sin duda estos números esconden una gran disparidad, pero sirven para anclar una posterior discusión política de la reforma: ¿Cuál es el nivel de pensión actual y cuál es la meta que queremos lograr? Una vez consensuado esto, deberíamos discutir sobre la mejor manera de lograrlo. No antes.
¿Qué duda cabe de que necesitamos una reforma a nuestro sistema de pensiones? La tasa de cotización es baja en comparación con el promedio OCDE (12,8% versus 18,2%); la expectativa de vida de los chilenos ha aumentado significativamente, y las tasas de rentabilidad que el sistema capitalizó en el pasado no se repetirán. Es decir, si no hacemos nada, las pensiones bajarán. No nos podemos hacer trampa en el solitario. Si queremos mejores pensiones, tenemos que ahorrar más. Teniendo consenso sobre esto, la pregunta que cabe hacerse es a qué nivel de pensiones aspiramos llegar y en cuánto tiempo queremos lograrlo. Según datos de la OCDE, la tasa de reemplazo en Chile es un 38% y el promedio de este grupo de países alcanza un 62%. ¿En cuánto tiempo queremos cerrar esta brecha? ¿Cuáles son los grupos más rezagados y a quiénes queremos apoyar más? Estas son solo algunas preguntas que debemos responder si aspiramos a lograr acuerdos amplios en torno a una reforma.
Lamentablemente, el Gobierno no propició esta discusión previa, tan trascendental para lograr un diagnóstico común. Las únicas tasas de reemplazo que el Ejecutivo ha mostrado se encuentran en una presentación del ministro de Hacienda al Congreso, con fecha 17 de enero de este año. Por el contrario, en el mismo Ministerio de Hacienda se han preocupado de convencer a políticos y expertos sobre las bondades de las cuentas nocionales y sostenibilidad del fondo común (FIP) y, en el Ministerio del Trabajo, de resaltar la eficiencia de terminar con las AFP y crear un monopolio estatal. A todas luces, la carreta está puesta delante de los bueyes.
En este escenario, difícilmente saldrá humo blanco de la mesa técnica convocada por el Gobierno que arrancó oficialmente el lunes. Peor aún, la mesa partió coja con la negativa de Chile Vamos de integrarla. Así, sin un diagnóstico común y con el rechazo de la reforma tributaria como telón de fondo, se ve muy difícil alcanzar un acuerdo transversal.
Si queremos lograr una reforma de pensiones consensuada, hoy deberíamos dar un paso atrás. Justamente para ahondar sobre la pregunta planteada por Ramos —y propiciar un debate basado en evidencia— en noviembre pasado desde Horizontal, en conjunto con 21 centros de estudios, solicitamos al Gobierno abrir los datos y modelos utilizados en sus estimaciones de la reforma. Como resultado, la Superintendencia de Pensiones ya publicó una serie de bases de datos que serviría como material más que suficiente para sentarse a la mesa y elaborar un diagnóstico común sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Sin esto, luego del constitucional y tributario, el Gobierno se arriesga a su tercer gran fracaso.
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