PAES: La información nos hará libres. Por Raúl Figueroa

No es solo la libertad académica la que se ve amenazada, también la libertad de prensa. La limitación al acceso a los datos da cuenta de un afán excesivo por controlar los flujos de información pública, lo que hace más difícil la necesaria rendición de cuentas de las autoridades públicas.

Qué observar. Esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y, con ello, se hizo evidente el interés ciudadano por analizar en detalle la información que esos datos entregan.

• Es un buen momento para realizar estudios académicos que permitan mejorar los diagnósticos y, por esa vía, proponer las mejoras que nuestro sistema educativo necesita para que cumpla uno de sus principales objetivos, esto es que cada niño y joven desarrolle al máximo todas sus capacidades y acceda a mejores oportunidades.

Paradójicamente, la principal noticia no fueron los resultados, sino que la restricción impuesta por el Ministerio de Educación al uso de los datos y a la publicidad de los informes que con ellos se puedan realizar, al punto de amenazar con denunciar ante la Superintendencia de Educación Superior a las instituciones que dieran a conocer esta información. Se cubre así de un manto de opacidad a un proceso que siempre ha destacado por su buena gestión.

Con el afán de justificar la prohibición, la autoridad se ampara en la ley de protección de datos personales y apunta a que cualquier utilización de la información disponible implicaría un incumplimiento a esa normativa respecto de las personas que rindieron la prueba, pero lo cierto es que nada obsta para que, cumpliendo con la ley y protegiendo los datos personales, la información se utilice manteniendo el anonimato de los involucrados y entregando datos estadísticos agregados.

• Así, mientras para proteger la confidencialidad no se necesita prohibir el uso de la información de la PAES, esa restricción sí implica una afectación grave a libertades y derechos fundamentales, como la libertad académica, la de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos.
• Prohibir el acceso a ciertos tipos de información puede interpretarse como una forma de censura académica, considerando que se limita la capacidad de los académicos para llevar a cabo investigaciones de manera completa y sobre la base de datos objetivos.
• Por controvertidas que sean, no parece razonable limitar la posibilidad de explorar y discutir perspectivas diversas, inhibiendo así el pensamiento crítico y la capacidad de académicos y estudiantes para cuestionar, analizar y criticar la información disponible.
• El nuevo conocimiento es fundamental para un país que busca crecer y desarrollarse, inhibir estas posibilidades solo se traducen en frenos a la necesaria innovación.

Pero no es solo la libertad académica la que se ve amenazada, también la libertad de prensa. La limitación al acceso a los datos da cuenta de un afán excesivo por controlar los flujos de información pública, lo que hace más difícil la necesaria rendición de cuentas de las autoridades públicas. Así, se afecta negativamente la capacidad de los medios para cumplir su función de informar y responsabilizar a los poderes públicos.

La ciudadanía en general también pierde con la prohibición. Existe una evidente desconfianza en las personas a la hora de analizar la información disponible, dándoles un tratamiento de incapaces frente al manejo de los datos y censurando las conclusiones que se puedan obtener de ellos.

• Se busca forzar interpretaciones únicas e impedir que, sobre la base de datos objetivos, las personas tengan mejores herramientas para tomar decisiones.  Si esto es grave en cualquier ámbito, lo es más aún en lo que a educación se refiere.
• Si bien la PAES no está diseñada para medir la calidad del sistema escolar, la información que entrega es clave para que las personas puedan identificar aquellos proyectos educativos que concentran sus esfuerzos en promover el acceso a la educación superior y, por esa vía, potenciar la movilidad social.

Identificados los principales efectos negativos de la prohibición, cabe entonces preguntarse por qué se podría insistir en mantenerla. Una interpretación ideológica daría cuenta de cierta desconfianza en la ciudadanía, su capacidad de análisis y su derecho a tomar decisiones sobre la base de la información disponible; una mirada más política podría apuntar a evitar interpretaciones que asocien los malos resultados al fracaso de reformas educativas que se impulsaron sobre la base de un mal diagnóstico y sin considerar la evidencia disponible.

Estamos a tiempo para corregir esta medida tan restrictiva. El país debiese nutrirse del rigor académico y su capacidad de análisis, para ello la información debe estar disponible.

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