-La tecnología en proyectos de desalación ha avanzado y cada vez son más las nuevas iniciativas. Pero en Chile pueden demorar años en desarrollarse. ¿Cómo ves este fenómeno?
-Aunque la tecnología de desalación existe desde los años 70 y 80, en Chile el auge se ha dado en los últimos 10 o 15 años, especialmente en minería, que ha dejado de captar aguas continentales para recurrir al mar.
Sin embargo, la regulación no ha acompañado este ritmo. El Estado avanza más lento que la tecnología y la ingeniería. A eso se suma un desafío sociocultural: los proyectos enfrentan resistencia local, como ocurrió con Colbún, que se retiró pese a estar tecnológicamente a la vanguardia.
La clave está en generar beneficios reales para las comunidades involucradas —ya sean indígenas, localidades cercanas o zonas beneficiadas indirectamente— y visibilizar que extraer agua del mar puede liberar presión sobre las cuencas.
-¿Qué se debe mejorar en torno a la burocracia para que estos proyectos avancen?
-Se requiere un cambio cultural. Ignacio Briones lo explicó bien: la ley siempre apunta a minimizar impactos ambientales, pero hay que asumir que todo desarrollo genera impacto. Movernos, alimentarnos, comunicarnos, todo tiene consecuencias. Si partimos de ese reconocimiento, las conversaciones con las autoridades giran en torno a cómo minimizar ese impacto y maximizar los beneficios.
No reconocerlo, como suponer que una desaladora entre la Quinta Región y Tiltil no tendrá impacto, es negarlo todo. Pero también hay beneficios, por ejemplo en zonas como Tiltil, históricamente postergadas y con problemas de agua.
-¿Cuáles serían las consecuencias de no acelerar la implementación de estas soluciones?
-El gran problema es la falta de planificación estratégica en gestión hídrica. A diferencia de la energía, el agua no tiene una hoja de ruta. Seguimos actuando con medidas de urgencia.
Coquimbo, por ejemplo, tiene la mayor capacidad de almacenamiento de agua para riego en Chile, pero aún así necesita una desaladora. ¿Por qué? Porque no planificamos a largo plazo. Eso se repite en Antofagasta, la Sexta Región, incluso en Los Ríos. No es solo un problema del norte: falta infraestructura y gestión a nivel país.
-Algunos cuestionan si habrá suficiente demanda para justificar estas grandes inversiones. ¿Son rentables?
-Hay que entender la demanda como un fenómeno estacional. Aunque han vuelto las lluvias, sabemos que volverán las sequías. La desalación no debe cubrir toda la demanda, sino esa parte crítica que evitaría racionamientos.
En Santiago, por ejemplo, desalar no es viable económicamente, pero en Coquimbo, Valparaíso o Concepción sí lo es. La clave está en abordar la demanda firme y planificar el resto según la hidrología natural. Si no hay planificación, terminamos con elefantes blancos.
-A nivel estatal, ¿el problema es la falta de hoja de ruta?
-Exactamente. Una hoja de ruta permitiría definir proyecciones de población, demanda hídrica, y planificar proyectos por etapas. No se trata de frenar todo, sino de priorizar y anticiparse.
Hoy reaccionamos ante emergencias, como en Coquimbo, donde un proyecto que llevaba años paralizado se reactivó de golpe porque los embalses llegaron a cero. Eso no es sorpresa: sabemos que ocurrirá. Lo que sorprende es que no haya un plan.
-¿Cómo se compara Chile con otros países?
-En desalación, estamos más avanzados que California, donde hoy es casi imposible desarrollar una planta. Allá se enfocan en reoperar lo existente o eliminar infraestructura obsoleta.
También han apostado por infiltración de acuíferos y regulaciones estrictas. En China, el Estado lidera todo el desarrollo. En Perú, han impulsado proyectos estatales con más éxito que en Chile. La diferencia no es el problema: es si el Estado está a la altura.
-¿Siguen siendo los embalses una buena solución, considerando la oposición social que enfrentan?
-Si dejamos de verlos como una solución exclusiva para la agricultura, sí. Un embalse puede tener múltiples beneficios: regular inundaciones, infiltrar acuíferos, turismo, abastecimiento humano.
Pero hay que dejar la lógica sectorial y pensar en infraestructura hídrica integral, incluso con concesiones. No todo debe ser obra pública. Si cambiamos el enfoque, los beneficios pueden justificar el impacto.
-Pero hay un discurso fuerte contra los embalses. ¿Cómo se supera?
-Con una visión más moderna. Ni retener el 100% del caudal ni dejar que los ríos corran siempre libres es sostenible. Se puede operar un embalse respetando caudales ecológicos variables, que imiten el comportamiento natural del río.
La infraestructura actual puede hacerlo. Falta honestidad en el debate y voluntad para buscar soluciones técnicas y sostenibles, como lo han hecho en California, España o Australia.
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