Qué observar. Durante una hora y 30 minutos expuso la tarde de este jueves el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en una sesión extraordinaria citada por el Consejo Regional Metropolitano para abordar los alcances del Caso ProCultura y el convenio de $1.683 millones que suscribió en 2022 el Gobierno Regional con la fundación del psiquiatra Alberto Larraín, para un programa de prevención del suicidio, de los cuáles sólo rindió $600 millones.
Ampliación de querella. En su intervención, donde respondió preguntas de los consejeros regionales, Orrego afirmó que no tenía conocimiento de que Larraín se pagaba un sueldo con fondos del proyecto. Según la investigación de Fiscalía, el psiquiatra recibía de la fundación una remuneración de $6 millones, de los cuales $1,5 millón provenían de los ingresos del programa Quédate.
Preguntas y respuestas. Al inicio de la sesión los consejeros Álvaro Bellolio (UDI) y Víctor Valdes (Partido Republicano) formularon una serie de interrogantes abiertas sobre el cuestionado convenio. A continuación algunas de las preguntas y respuestas entregadas por Orrego.
1. Origen del convenio y diseño exprés del proyecto. Los consejeros señalaron que integrantes de ProCultura declararon en la causa que el proyecto se elaboró en sólo seis días y que la asignación fue sin licitación. “¿Quién propuso originalmente que fuera ProCultura la entidad ejecutora? ¿Existieron otras alternativas? ¿Cómo es posible que un proyecto de esta magnitud haya sido diseñado en menos de una semana?”, preguntaron.
2. Inserción de funcionarios privados en el GORE. Según consta en declaraciones judiciales un funcionario pagado por ProCultura, el psicólogo Gabriel Prado, trabajó directamente dentro del GORE Metropolitano, en comisión de servicio. “¿Por qué se permitió esa figura en la que una persona ajena a la administración pública operaba desde el interior del GORE, con acceso a recursos, sistemas y decisiones institucionales?”, le preguntaron más tarde a Orrego.
3. Presiones políticas y vínculos de campaña. Consultado si hubo gestiones del exsubsecretario y ex jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, para viabilizar este convenio, así como de otros políticos del FA, el gobernador afirmó que “nunca recibí una presión, ni siquiera un llamado y jamás lo habría aceptado. En este programa nosotros mismos estábamos interesados que se llevara a cabo”.
4. Conflicto de interés y pagos irregulares. Fue consultado sobre el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional del GORE solo tres meses antes de que ProCultura firmara el convenio.
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ProCultura: Lea los documentos sobre las operaciones en efectivo de Orrego por casi $800 millones previo a su reelección. https://t.co/jUin8DRDoy
— Ex-Ante (@exantecl) May 14, 2025
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