Decir que se esta aprobando un “royalty” para la gran minería es un engaño, un show. El Ex Presidente Ricardo Lagos lo sabe muy bien; quiso hacerlo y no pudo porque era jurídicamente inviable y se tuvo que conformar con subir los impuestos a la mineras y llamarlo “royalty” (nombre de fantasía.) Diez años después, estamos repitiendo la misma farsa.
Una relación tormentosa. Desde que le arrebatamos el norte grande a Bolivia , el cobre ha ocupado un papel central en la economía, la política y la psiquis nacional. La nacionalización de los recursos naturales ha sido desde siempre una bandera de la izquierda a nivel latinoamericano achacando el subdesarrollo a su explotación por empresas extranjeras.
- La relación entre Estado y la minería privada ha sido tormentosa, hostil; cada cierto tiempo resurgen los reclamos: Que se roban el agua, que dejan “el hoyo”, que no pagan impuestos, que exportan el cobre en bruto en vez de manufacturar productos en el país, que no aportan tecnología y que son depredadores sin conciencia ambiental.
- Todo lo cual se condensa en una condena ideológica (no basada en evidencia); lo que se denomina modelo “extractivista”, según la cual la actividad minera es nefasta para el país y debería reducirse su mínima expresión.
- En nuestro caso todo empezó con el salitre y la decisión del presidente Balmaceda de romper el monopolio que sobre su producción, transporte (ferrocarriles) y comercialización tenían los ingleses y en particular el magnate Tomas North, que termino organizando y financiando una revolución exitosa para derrocar a Balmaceda, como lo relata con lujo de detalles el historiador y novelista Guillermo Parvex en su obra El Rey Del Salitre.
La nacionalización. Hubo una época, cuando el cobre era explotado por los norteamericanos en que los vuelos de Braniff, algo así como American Airlines de hoy, hacía una brevísima escala en Antofagasta exclusivamente para recoger a los ejecutivos que regresaban a Nueva York.
- Hasta que el 11 de julio de 1971 el Congreso de Chile aprobó por unanimidad una reforma constitucional para nacionalizar la Gran Minería del Cobre, entonces de propiedad de sociedades mixtas compuestas por la empresa minera estatal Codelco y varias empresas multinacionales.
- La nacionalización del cobre bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende vino a completar un proceso iniciado por el gobierno anterior de Eduardo Frei Montalva denominado “chilenización” del cobre.
- A partir de 1964, tras firmar convenios con las multinacionales hasta entonces propietarias de las principales minas del país, el Estado de Chile había pasado a controlar 51% de las acciones de la Compañía Minera El Teniente, con el restante 49% en manos de Braden Copper, subsidiaria de la estadounidense Kennecott Copper Corporation.
- A partir del convenio firmado con Cerro Corporation, el Estado chileno llegó a controlar 30% de la Compañía Minera Andina. Y por último, se firmó un convenio con la empresa Anaconda para darle 25% de participación al Estado de Chile en la explotación del yacimiento Exótica.
- En ese momento, y contra la opinión del Presidente Allende, el Comité Político de la Unidad Popular, saltándose la legalidad, acordó no pagar indemnizaciones a las empresas expropiadas, recurriendo a la teoría de las “utilidades excesivas” según la cual las empresas no solo no merecían compensación alguna sino que le debían dinero al Estado. Negativa que desató un enorme conflicto con Estados Unidos y tuvo mucho que ver con la forma como terminó en gobierno de Allende.
¿Royalty?. Con el advenimiento del gobierno militar la Constitución de 1980 desandando el camino recorrido en democracia, pues más allá de las declaraciones líricas del Artículo 19 número 24 de la Constitución, que declara que el cobre es chileno, estableció un régimen de concesiones, otorgadas por resolución judicial sin intervención del Estado concediéndole al titular un derecho de propiedad de rango constitucional, inmodificable por leyes posteriores.
- En otras palabras, el dominio del Estado sobre el cobre quedo limitado en la práctica a las pertenencias de Codelco.
- Por eso no o es de extrañar que cada cierto tiempo resurja con fuerza el tema del “Royalty” como ha ocurrido ahora a raíz de la brusca alza de los precios. Parlamentarios de todos los sectores han “agarrado papa” y se han sumado a la cruzada, haciendo caso omiso de que ello no es posible legamente.
- Un impuesto es muy distinto a un royalty, porque mientas el primero implica un cobro de un porcentaje sobre las utilidades de las empresas mineras, el segundo es una exacción, un pago por tonelada de mineral extraído. Lo que solo puede hacer el dueño del mineral que, como sabemos, no es el Estado de Chile sino que las empresas mineras privadas titulares de una concesión.
- Decir que se esta aprobando un “royalty” para la gran minería es un engaño, una manipulación de la opinión pública, un show. El Ex Presidente Ricardo Lagos lo sabe muy bien; quiso hacerlo y no pudo porque era jurídicamente inviable y se tuvo que conformar con subir los impuestos a la mineras y llamarlo “royalty” (nombre de fantasía.) Diez años después, estamos repitiendo la misma farsa.
- No tengo ningún problema con un royalty minero; no es incompatible con una vigorosa y necesaria presencia de la minería privada en Chile. Pero hay que hacerlo bien; da pena ver los acalorados debates en el congreso sobre algo que no va a ocurrir, que a lo único que conduce es profundizar el desprestigio de los políticos porque ninguna institución que se respete puede pasarse horas en una discusión imaginaria e inconducente, propia de Macondo.
- Lo que cabe hacer, es aprovechar la Convención Constituyente para reestablecer el espíritu verdadero de la nacionalización del cobre, aprobada por la unanimidad del Congreso Pleno en 1971 cambiando las normas pertinentes de la constitución de modo que el parlamento pueda establecer en el futuro un verdadero royalty para las empresas privadas.