La diferencia entre un proceso exitoso y uno fallido está determinado por el balance entre la garantía de una institucionalidad justa y la instalación de la agenda propia. En Chile, ya se comienza a vislumbrar la diferencia entre quiénes están inclinados a favorecer reglas equitativas y conducentes al pluralismo y quiénes están dispuestos a hacer lo imposible para doblar las reglas a su favor.
Optimismo condicional. No hay ninguna duda que la mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución. No hay ninguna duda, tampoco, que la mayoría de los chilenos son optimistas con respecto a lo que viene. Las masivas celebraciones tras la victoria del Apruebo en octubre de 2020 y de las oposiciones en mayo de 2021 así lo demuestran. Así también lo sugieren las encuestas de opinión pública.
El diablo está en los detalles. Siempre es bueno mirar experiencias internacionales para fijar estándares de éxito. En este caso hay vasta literatura que explica por qué algunos procesos constitucionales fallan y otros son exitosos. Y en esa línea, parece ser claro que en todos los casos exitosos siempre hay un par de factores presentes. Destacan, por ejemplo, elementos como el consenso, el diálogo, la concesión, y el acuerdo entre las partes.
Ambición política. Sigue de lo anterior, que la diferencia entre un proceso exitoso y uno fallido está determinado por el balance entre la garantía de una institucionalidad justa y la instalación de la agenda propia. En Chile, ya se comienza a vislumbrar la diferencia entre quiénes están inclinados a favorecer reglas equitativas y conducentes al pluralismo y quiénes están dispuestos a hacer lo imposible para doblar las reglas a su favor.
El problema de las reglas. Lo cierto es que ya hay elementos de este temor instalados en el proceso. Por ejemplo, después de la legítima elección e instalación de la mesa, todo ha sido cuestionable. En parte, porque no hay un acuerdo previo que establezca exactamente cómo proceder. Pero también porque mucho de lo que se ha hecho ha sido favorable solo para un cierto sector político, marginando y prescindiendo de oposiciones y minorías.
Su peor enemigo. Paradojalmente, los constituyentes son los peores enemigos del proceso constituyente. No es el gobierno, no es la oposición, no es la izquierda, no es la derecha, son los propios miembros encargados de escribir la nueva Constitución. Y si bien podría haber influencias y presiones desde el exterior de la Convención, desde la instalación de la instancia, son los propios constituyentes, y nadie más que ellos, los responsables de dotar el proceso de legitimidad.
Tras la fuerte repercusión de la entrevista que concedió sobre el polémico fallo sobre las Isapres de la Tercera Sala de la Corte Suprema —que ella integra— la ministra Vivanco salió a matizar sus declaraciones, en las que había afirmado que solo se aplicaba a los demandantes y no al conjunto de usuarios. Este lunes […]
El abogado Gabriel Osorio (PS) integró la Comisión Experta, que acaba de entregar su propuesta, que será un insumo para el Consejo Constitucional. “Yo no tengo ningún prejuicio con el Partido Republicano ni con ningún partido político. Yo más bien tengo el deseo de que se dé una buena discusión. Nada más”, dice.
Si los partidarios de la tesis de la modalidad del voto y el nuevo clivaje tienen razón, entonces el nuevo texto constitucional debería aprobarse sin problemas en diciembre: si la gente es de derecha, votarán favorablemente un texto hecho por la derecha. Si, en cambio, tienen razón los partidarios de la tesis del voto negativo, […]
La Contraloría actualmente está revisando el decreto complementario de la ley sobre control de armas. Diversas asociaciones de armas han ingresado alrededor de 10 mil denuncias al ente contralor, argumentando que el decreto “contiene ilegalidades, transgresiones y omisiones que comprometen no solo la legalidad e integridad de reglamento complementario, sino su aplicación en la práctica”.
La isapre Banmédica, controlada por la compañía transnacional United Health Group, fue la primera en presentar en la Corte Suprema un recurso de aclaración del fallo de la Tercera sala que de acuerdo a la interpretación del Gobierno las obliga a devolver cobros realizados desde 2020 a sus afiliados y adecuar sus planes de salud.