Las propuestas de una de las reformas más urgentes para la ciudadanía -la de pensiones- siguen durmiendo en el Congreso, pese a que trata de un problema que se arrastra por décadas y que las movilizaciones de octubre de 2019 la pusieron en el centro de la agenda social. Los políticos han escogido el camino de atribuirle toda la responsabilidad a las AFPs y han sido incapaces de buscar una solución que pase por aceptar que el problema no es estado versus mercado, sino un mecanismo que necesariamente contemple la participación de ambos.
La clase política mira para el lado. La bomba de tiempo previsional, cuya detonación era un fantasma que nos rondaba desde su instalación en los años 80, estalló en la cara ante la indolencia de gran parte de la clase política. Con la excepción de la Presidenta Bachelet, que con dificultad logró incorporar un pilar solidario de contribución estatal en su primer gobierno, la clase política prefirió mirar para el lado. Durante años, omitió el problema desplazando toda responsabilidad a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las propuestas duermen en el Congreso. Pero las pensiones no mejoraban y las propuestas de reformas de -Bachelet II y Piñera II- seguían durmiendo en el Congreso. Hasta que el agobio ciudadano estalló en octubre de 2019, poniendo a sistema político contra la pared, demandando una nueva Constitución para que, entre otras cosas, hiciera lo que los políticos no habían hecho: poner las pensiones a la altura de un derecho social y garantizar pensiones dignas.
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