Los fracasos en la rechazada reforma tributaria en marzo 2023 y una reforma de pensiones, que pasa sin su corazón al Senado, debiera enseñarnos que anteponer la ideología y la voluntariedad a lo técnico siempre será un mal negocio para lograr acuerdos y avanzar para resolver los problemas que demanda nuestra sociedad.
En orden a fortalecer el debate técnico tributario se deben derribar mitos, generar confianzas, y avanzar hacia una mirada integral de nuestro sistema tributario que nos permita recaudar, pero a la vez, hacernos cargo de la competitividad fiscal y la necesidad de crecimiento económico; que tan bien puso como prioridad la comisión Marfán. Lo que exige Chile para lograr acuerdos es rigor técnico y seriedad en el debate de ideas.
En primer lugar, se debe comparar peras con peras, y no manzanas con peras, si queremos hablar de la estructura tributaria en Chile: es necesario mirar la carga fiscal equivalente (BID /CIAT) y el nivel de competitividad fiscal (Tax Foundation). Comparando correctamente el IVA, en nuestro país se recauda lo mismo que en el promedio OCDE; por otra parte, los impuestos corporativos son de los más altos de la OCDE, por lo que la propuesta de reducir la tasa del 27% al 23% (promedio de la OCDE) solo vendría a corregir una anomalía que afecta negativamente la inversión y crecimiento económico.
En efecto el Banco Interamericano de Desarrollo en su estudio “La presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe, 1990-2021”, compara la carga fiscal equivalente incorporando la recaudación de impuestos y adicionalmente la carga de seguridad social privada y los royalties a recursos naturales.
Del estudio se concluye que, si se ajusta el efecto de seguridad social y aporte de royalty, Chile estaría entre las mayores cargas fiscales equivalentes de Latam, incluso muy por sobre países de la OCDE con ingresos per cápita superior como Australia, EEUU, Suiza, Irlanda, que más que duplican el ingreso per cápita de nuestro país.
Sucede pues que el aumentar los impuestos corporativos en casi 10 puntos en un período de 10 años le costó al país 8 puntos del PIB, casi 25.000 millones de dólares, un punto de crecimiento promedio que hoy nos pasa la cuenta en momentos en que el país viene de crecer cero en 2023, y se vislumbra un 2024 un poco mejor pero lejos del 3% que prometía el ministerio de Hacienda en las presentaciones del impacto económico de la reforma tributaria rechazada en 2023.
Respecto a los desequilibrios de nuestro sistema tributario, la propia OCDE se hizo cargo de su gran debilidad, ya que el director del Centro de Política y Administración Tributaria de la institución, David Bradbury, durante una vista Chile, expresó que no podemos tener a la mayoría de la población sin pagar impuestos, en directa alusión al 75% de contribuyentes exentos de impuestos personales, considerando que en la OCDE el 75% o más están afectos a este impuesto. Claramente alguien debe pagar la cuenta de un mayor gasto público y este será el gran desafío de nuestro sistema tributario en cuanto a su sostenibilidad.
Es evidente que no anteponer lo técnico tiene costos, y así lo evidencia el retiro del impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas de la reforma tributaria, pues fue el propio Ministerio de Hacienda el que, considerando la debilidad técnica, la escasa recaudación y el impacto negativo en la inversión, decidió no perseverar en estas iniciativas y buscar su compensación en otros componentes a través del crecimiento, eficiencia en el gasto y reasignación presupuestaria.
En materia de evasión es un avance que el SII haya asumido su responsabilidad de estimar la brecha de cumplimiento tributario, sin embargo, seguimos a ciegas por lo poco significativo y fiable del informe. La supuesta evasión de 50% que se alude en impuesto corporativo de las empresas es una estimación que no genera consenso en el mundo técnico y económico, que conoce la realidad del mundo privado.
Precisamente la mayoría de los países OCDE usan otra metodología que busca dar confianza a la comunidad desagregando los factores impulsores de la evasión, los que en Chile aún desconocemos. Se entiende por tanto la aseveración del actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, quien dijo en un seminario: “no necesitamos subir impuestos sino saber dónde está el forado”.
En materia de medidas de cumplimiento es necesario que se comprenda la razón del por qué en el mundo técnico aún no existe consenso de que mayores atribuciones al SII son necesarias para el combate a la evasión, pues estudios internacionales, que dan cuenta del grado de fortaleza de los derechos de los contribuyentes y certeza jurídica, autonomía y neutralidad de la autoridad fiscal en los países OCDE a los que alude, nos muestran que nuestro país está al debe en ese ámbito. Es claro que no se puede avanzar en más atribuciones a la autoridad fiscal si paralelamente no se avanza en fortaleza y autonomía de la Defensoría del Contribuyente.
Dentro de este orden de ideas, la demanda y necesidad de mejoras en la integridad, eficiencia y responsabilidad de la administración tributaria también es una necesidad que incluye mejoras en la gobernanza e institucionalidad tributaria. En esta línea, el FMI y la OCDE ponen el acento en temas como los niveles de corrupción en las autoridades tributarias que afectan la moral tributaria, cuestión que es necesario despejar en nuestro sistema tributario, y asegurar la integridad, a luz de los últimos casos que afectan la reputación del Servicio.
Finalmente, la cuenta de un sistema tributario menos competitivo, reformas que no recaudan lo que prometen, falta de confianza en contribuyentes, diagnósticos que no se hacen cargo de los reales problemas y anteponen la ideología, la pagan losmás pobres. Previo al año 2014, año de la última gran reforma tributaria, el país crecía en promedio 5% anual, hoy no llega al 2%, con salarios reales estancados, menos oportunidades y menores recursos para el gasto social, pues el gran motor para tener una mayor recaudación fiscal, no debemos olvidar que es el crecimiento económico el cual explica el 80% de la recaudación fiscal desde los años 90 a la fecha.
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