Dos grandes reuniones internacionales se están llevando a cabo en paralelo esta semana. Mientras en un colorido y tropical Cali, Colombia, se celebra la COP 16 sobre la Diversidad Biológica, un poco más al norte, en un templado y otoñal Washington, D.C., se realizan las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Aunque no lo parezca, ambos eventos tienen cada vez más cosas en común. A medida que se reconoce el valor y la urgencia de conservar la biodiversidad a nivel global, mayor es la preocupación por los riesgos que su pérdida implica. No sólo en relación con el cambio climático, sino también para la estabilidad financiera, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Por lo mismo, los asistentes de cada evento deberían poner especial atención a lo que ocurre al otro lado.
Una evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas a nivel mundial reportaba, en 2019, del grave deterioro que presentaba la biodiversidad a nivel global, donde un cuarto de las especies están amenazadas y un millón de especies se encuentran en peligro de extinción
Por otra parte, un estudio del Banco Mundial sugería que el colapso de ciertos servicios ecosistémicos que provee la naturaleza -como la polinización silvestre, pesca marina o madera de bosques nativos- podría costar al mundo un 2,3% del Producto Interno Bruto para 2030. Todo ello con un severo impacto en las poblaciones más vulnerables.
Esta amenaza es de tal envergadura que, según el último Reporte de Estabilidad Financiera Global publicado esta semana, la falta de inversión en mitigación y adaptación frente al cambio climático podría poner en riesgo la estabilidad financiera en el futuro.
De esta manera, hoy es cada vez más difícil separar los riesgos macroeconómicos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Eso es justamente lo que planteaba hace algunos años el economista británico, Sir Partha Dasgtupa, en “Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review”: nuestras economías, vidas y bienestar dependen de nuestro capital natural.
Para revertir estas preocupantes tendencias, se han adoptado una serie de medidas a nivel internacional. Por una parte, los partícipes de la última COP sobre Diversidad Biológica acordaron proteger al menos un 30% del territorio y de los ecosistemas para el año 2030 en el Marco Global de la Biodiversidad, y que será la base de la discusión de la COP 16 en Colombia. Por otra, se han desarrollado una serie de iniciativas multilaterales para financiar la protección de la biodiversidad, la transición energética o la adaptación climática, como se refleja en el último informe conjunto de las principales organizaciones multilaterales publicado ayer, denominado “Working together for better climate action”.
En Chile no nos hemos quedado atrás. Junto con adoptar la meta de protección de la biodiversidad para el 2030, hoy contamos con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y una Ley Marco de Cambio Climático. Al mismo tiempo, desde 2019 tenemos una Estrategia Financiera frente al Cambio Climático que hoy se encuentra en proceso de actualización; hemos sido pioneros en la emisión de bonos verdes en el mercado internacional; y vemos una permanente colaboración público-privada en la Mesa de Finanzas Verdes que lidera el Ministerio de Hacienda, entre otras tantas iniciativas locales.
Si bien hay mucho por hacer aún, todo esto nos permite mantener algo de esperanza frente a los enormes desafíos que enfrentamos. Así, en los próximos días podremos seguir con atención lo que se discuta en las reuniones en Cali y en Washington, sabiendo que, por distintas que parezcan ambas reuniones, no lo son tanto.
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