Hace un año, el Gobierno de Sebastián Piñera se encontraba agonizando y pronto a su muerte, mientras más de alguno agradecía que ello se cumplía dentro de los plazos constitucionales. Gabriel Boric había salido hace apenas dos meses como uno de los candidatos más votados de la historia de Chile. La Convención Constitucional se hallaba en la cúspide de su poder y popularidad, y se aprestaba a refundar desde sus cimientos el orden constitucional vigente. Los analistas políticos decían que Chile se iba a convertir de forma inexorable en un miembro más del vecindario sudaca; ya no seríamos más un oasis, tigres o jaguares de Latinoamérica.
Bajo estas predicciones el nuevo orden era inevitable.
Nadie presagiaba los eventos que sucederían un año después. Gabriel Boric agradeciendo subir en la Cadem después de estar con niveles bajísimos, con un durísimo cambio de gabinete ad portas de suceder; o que la Convención Constitucional fracasaría estrepitosamente, siendo considerado ya un símbolo de farra y circo, personificando todo aquello que está mal en la política, tanto así que se dio pie a un nuevo órgano encargado de su redacción, ahora estableciéndose límites claros y ciertas garantías en su actuar. Menos aún, que el segundo gobierno de Sebastián Piñera subiría su aprobación (de un 7% a un 26%). Si alguien hubiese hecho esas predicciones en marzo de 2022 probablemente lo hubieran considerado un loco de patio. Bloomberg nuevamente nos dice que somos la mejor casa del barrio latinoamericano. Aunque en vista de lo anteriormente señalado el demérito se lo llevan nuestros vecinos, más que un reconocimiento para nosotros.
Pero siguen las sorpresas. El día 8 de marzo de 2023 fue rechazada de forma increíble la Reforma Tributaria, en la Cámara de Diputados, pese a que el Ejecutivo contaba holgadamente con los votos para ser aprobada. Sin duda, los entretelones de esta historia serán parte del comidillo político que será analizado exhaustivamente durante los próximos días, pero que no ahondaremos acá.
Quizás en unos meses más tengamos la distancia adecuada para ponderar esta reforma que se suma al valle de los caídos, donde se encuentra el Proyecto de Nueva Constitución. Por ahora podemos decir lo siguiente: era una mala reforma.
En materia de Impuesto a la Renta, se incorporaba un impuesto a los grandes patrimonios, sin perjuicio que la OCDE indicaba que no es prudente su incorporación cuando existe un sistema armónico de impuestos personales, impuesto al capital e impuesto a la herencia, como es nuestro caso. El impuesto corporativo a la utilidades retenidas partía sobre la base que las utilidades pendientes de distribución eran una especie de “préstamo” que le entregaba al contribuyente, al permitirle postergar sus impuestos entre la fecha de generación y el de retiro. Respecto de dicha suma, el contribuyente debía tributar a todo evento, vulnerando la integración propia de nuestro sistema impositivo, constituyendo una aberración jurídico-tributaria.
La Norma General Antielusión era entregada de manera discrecional al SII, sin los adecuados contrapesos que permitieran defender adecuadamente a los contribuyentes. Finalmente, y lo que quizás contribuyó a ponerle una lápida al proyecto de Reforma Tributaria es que no se estableció un adecuado régimen que beneficie a las Pymes.
Curiosamente, un proyecto de ley que tenía en su nombre la frase “Pacto Fiscal” tenía mucho de fiscal y poco de pacto. Faltó sin duda negociar y escuchar. Pasar la aplanadora o la retroexcavadora quedó en el pasado. Tímidamente podríamos decir que se vienen tiempos de mayor sensatez y razonabilidad, en la que prevalecerá el sentido común, o al decir de Chesterton, el menos común de los sentidos. Quizás ese retorno explica que el gobierno anti-neoliberal celebra efusivamente un positivo Imacec o la entrada en vigencia del TPP11.
Una Reforma Tributaria a futuro es inevitable, sean en un año o en el siguiente gobierno. Pero también es importante considerar que una real negociación de la misma resulta también inevitable, y todos los actores, gremiales, empresariales y políticos deben transar pensando en el bien del país. Ya lo hicieron cuando se negoció el nuevo proceso constitucional, sin la presión de la calle y de grupos extremos que nos hubieran devuelto a la tiranía popular que vivimos post octubre de 2019. Sin conversación, prepárense a repetir lo que sucedió el 4S de 2022 o el 8M de 2023.
El Gobierno busca recaudar, mientras que el empresariado necesita certezas. La solución no debería ser muy difícil. El problema está en que comúnmente en materia tributaria se recurre a soluciones parche, a meras aspirinas que tienden a posponer el problema a futuro. Eliminar en el presente la introducción de un impuesto al patrimonio no obsta a que se proponga con más fuerza en el futuro. Aumentar un punto el impuesto de primera categoría no impide que en los años siguientes se siga subiendo. Falta repensar el sistema tributario adecuadamente, decidir si somos integrados o desintegrados, si el foco es perseguir a los altos patrimonios o ayudar y fomentar las empresas nacientes, y por último si la simplificación del sistema es meramente una idea de papel cuando se crean nuevos impuestos de dificultosa recaudación o las normas propuestas realmente contribuirán a lograr un ágil cumplimiento tributario. Ello sólo se logrará si todos se sientan a la mesa con el sentido común por delante, sin tiranías, consignas ni dogmatismos.
Si no, lo único que serán inevitables serán las seguidillas de reformas tributarias que se presagian a futuro.
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