Natalia González: “Yo diría que el derecho de propiedad y las libertades económicas se mantienen prácticamente igual”

Marcelo Soto
Agencia Uno.

Natalia González Bañados, abogada y Master en Derecho, es integrante de la Comisión Experta patrocinada por la UDI en Sistema Político. “Le diría a Fernando Atria que a diferencia de lo que hizo la Convención, nosotros no vamos a producir una constitución refundacional. Mantener ciertas tradiciones constitucionales e innovar en aquello que no funciona bien, es el camino donde la Convención perdió la tremenda oportunidad”.


-Sobre la forma en que está desarrollando este proyecto constitucional. ¿Tú dirías que se va a parecer mucho a la actual Constitución?

-Yo te diría que hay una buena combinación entre mantener aquella institucionalidad o instituciones y procedimientos y regulaciones que han funcionado, que no han presentado problemas; e introducir importantes novedades en aquellas porciones de la institucionalidad que han presentado definitivamente deficiencias.

-¿En qué casos, por ejemplo?

-Por lo menos en la Comisión de Sistema Político, hicimos primero un diagnóstico: qué es lo que no está funcionando bien y ahí pusimos el énfasis. Lo que funciona bien, lo mantuvimos, actualizándolo. En el caso de las atribuciones del Presidente de la República, había muchos numerales referidos a designaciones que se pueden perfectamente sistematizar. En general con una mirada refrescante, pero manteniendo lo que es importante e introduciendo cambios relevantes en lo que no funciona.

-Un aspecto novedoso es cómo pretenden evitar la fragmentación política: si un partido no logra el 5% no puede acceder al Congreso.

-El umbral del 5% nacional para que los partidos políticos puedan acceder a escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, es una herramienta muy potente. O sea, el solo uso de esa herramienta podría llevar a bajar el fraccionamiento actual, que supera los 21 o 22 partidos, a cerca de ocho o nueve y obligar a muchos partidos chicos eventualmente a fusionarse. Tenemos pendiente la discusión de si vamos a introducir y con qué intensidad cambios al sistema electoral proporcional que hoy día rige.

-Y también entiendo que las comisiones investigadoras no podrán extenderse por más de 90 días y que eso también, en términos de eficiencia, marcaría una diferencia.

-Si las comisiones investigadoras son inorgánicas y duran la cantidad de meses que duran actualmente, el problema es que empiezan a mermar el trabajo legislativo y entonces se produce una ineficiencia en la actividad legislativa del Congreso que la población la resiente. Y además con resultados que generalmente terminan en nada. Entonces el objetivo ahí era ordenar, poner plazos claros, establecidos en la Constitución para que se cumplan.

También se introduce la figura de que un ministro pueda ir a rendir cuentas de su gestión y tenga que mostrar indicadores. Y la Cámara puede decirle: “no estamos conformes con su rendición de cuentas”. Y representarle eso al Presidente por un quórum alto. Eso no significa que el Presidente lo tenga que sacar, ni que la Cámara lo va a censurar.

-¿En un régimen presidencial no rige una facultad de ese tipo de la Cámara? 

-Claro, pero en el fondo es una señal política muy importante de decirle al Presidente: usted tiene un ministro que no está contando con el visto bueno, en su gestión de la política en el Congreso. El Presidente verá si lo mantiene, si lo saca, pero en el fondo le estamos dando a la cámara de más herramientas. Las interpelaciones a los ministros serían un requisito previo a las acusaciones constitucionales. La acusación constitucional debiera ser el último resorte. Lo que planteamos es un presidencialismo bicameral simétrico.

-De todos modos rescataron una idea de la Convención, de iniciativas populares de ley. ¿Cómo quedó eso?

-La verdad es que la iniciativa popular de ley se ha venido discutiendo hace muchos años en Chile. De hecho, para este mismo proceso en el que estamos ahora, también van a existir una vez iniciado el Consejo. O sea, no es algo que inventamos nosotros o que sacamos exclusivamente de la Convención. No, para nada.

-En el capítulo de gobierno hay mayor flexibilidad para el Presidente sobre el trabajo de sus ministros.

-Es una cosa bien novedosa: que el Presidente que asuma tenga muchas herramientas para flexibilizar la orgánica de los ministerios y los trabajos de esos ministerios. El gobierno funciona igual hace siglos. Tú tienes ministerios dedicados a ciertas áreas temáticas, pero puede ocurrir que un presidente que recién asume que quiere reordenar esa forma de trabajar o que se enfrente a una emergencia o a una catástrofe y quiere poner, digamos, ministerios, a trabajar en conjunto. Bueno, tiene facultades bien importantes para el Presidente en ese sentido.

– En la parte de derechos fundamentales dice que el agua en cualquiera de sus estados es un bien nacional de uso público. Los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. ¿Esto es muy parecido a lo que dice la Constitución actual, no?

-Sí, ahí se está reconociendo el derecho de propiedad sobre el derecho de agua. Es muy parecido a la Constitución actual. Y la novedad es que se lleva a la Constitución una cuestión que está en el código de agua, que es reconocer que el agua es un bien nacional de uso público.

Es bien interesante, porque en materia de derecho, de propiedad y en general, hay una cuestión notable que en el fondo tiene que ver con la experiencia de la Convención que prácticamente desmembró el derecho de propiedad. Pero acá fueron bien respetuosos. Yo diría que el derecho de propiedad y las libertades económicas se mantienen prácticamente igual.

-Una cosa que llama la atención es el estilo del texto: el de ustedes es claro, incluso parco. En cambio, la Convención tenía un texto florido, lleno de adjetivos. ¿También trataron ustedes de diferenciarse con eso?

-Yo puedo hablar por los 12 que comparten la sensibilidad política mía y por mi subcomisión. Siempre durante las redacciones, las propuestas, las deliberaciones tenemos muy metido en la cabeza que esta es una discusión constitucional. No es una discusión de política pública. Y entonces eso nos lleva a poner lo que es esencial, lo que es fundamental. Seamos deferentes el día de mañana con la voluntad democrática, a partir de reglas que tienen que ser claras y sustantivas. No llenemos el texto de adjetivos. Tenemos el cuidado de no invadir la esfera del legislador. Las palabras aquí no son inocuas.

Nuestra tradición constitucional tiene una interpretación, tiene una jurisprudencia y entonces no nos llenemos de adjetivos, porque eso puede tener una consecuencia que no somos capaces de prever hoy  y lo mismo hacia el futuro. O sea, la idea es tratar en la medida de lo posible, de no despertar incertezas jurídicas con las normas que nosotros estamos proponiendo, sino más bien ojalá, nos inspira un ánimo de sencillez en la escritura.

– Hay gente como Fernando Atria que dice que esta no va a ser una Constitución sino un simple ordenamiento administrativo . ¿Tú crees que va a ser una propuesta más conservadora?

-Yo lo que le diría a Fernando Atria respecto de eso que a diferencia de lo que hizo la Convención, nosotros no vamos a producir una constitución refundacional. Mantener ciertas tradiciones constitucionales e innovar en aquello que hoy día no funciona bien, es el camino donde la Convención perdió una tremenda oportunidad. Nosotros estamos tomando esa oportunidad. Y estamos haciendo un trabajo serio y por lo tanto yo diría que lo que hace al calificar nuestro trabajo de conservador es más bien una suerte de chivo expiatorio para expiar un muy mal aprovechamiento de una oportunidad política que se tuvo y que la tiraron por la borda por hacer un proyecto refundacional.

Lea también: Los cambios al sistema político de la Comisión Experta (ex-ante.cl)

 

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