Hace unas semanas, el Presidente de Chile se atribuyó el logro de encabezar al gobierno que más proyectos ha presentado en materia de seguridad. Es posible que tenga razón, ya que es probable que ningún otro gobierno haya enviado tantos proyectos en materia de seguridad al Congreso durante un solo mandato.
Lo que oculta la declaración, sin embargo, es que la razón por la cual se han enviado más proyectos que nunca antes en materia de seguridad es porque por primera vez existe la necesidad de enviar tantos proyectos.
En otras palabras, dado que nunca antes ha habido una crisis de seguridad, nunca antes ha habido la necesidad de avanzar con tanta profundidad en la materia.
Y si se examina con mayor detenimiento las razones de por qué existe la crisis de seguridad todo apunta al mismo gobierno que se está tratando de adjudicar el logro, ya sea en su rol como oposición en el cuatrienio anterior o como administración actual.
Como oposición, hizo lo que pudo para evitar que el gobierno anterior pudiera imponer orden, incluyendo proteger las fronteras, establecer estados de excepción y militarizar. Como gobierno, negó que existía un problema por casi un año, hasta que se hizo inevitable, y tuvo que al menos aceptar la existencia de una crisis para apaciguar la opinión pública.
Despejado el origen y la supervivencia de la crisis, la pregunta que asoma es sobre el alcance del supuesto logro en sí. Incluso suponiendo que la crisis de seguridad es mérito compartido, ya sea intencional o por negligencia, es importante entender cuánto se ha hecho y si lo que se ha hecho ha servido para revertir la situación.
Lamentablemente, no parece haber buenas noticias. Solo esta semana hubo (al menos) 10 homicidios, un número significativamente más alto que el promedio.
Así, es evidente que es imposible hablar de éxito en la batalla contra la violencia.
Es evidente que lo que se ha hecho ha sido demasiado poco, demasiado tarde.
Algunos sugieren que los resultados se verán en el futuro, pero claramente eso implica tratar de costo hundido todo lo que ocurrirá hasta entonces. Un remedio peor que la enfermedad.
Por lo mismo, es importante preguntarse en profundidad por lo que está haciendo el gobierno, pues no se puede hablar de urgencia si la solución principal a la ola de violencia es construir una cárcel que no estará lista hasta en cinco años más, no se puede hablar de compromiso si dentro del pack de proyectos que se consideran urgentes en el combate a la delincuencia hay uno que se refiere al “fomento de la música chilena y autorización de eventos masivos”, y no se puede hablar de conciencia sobre la gravedad del asunto cuando el presidente sigue hablando de la “sensación” de delincuencia.
Esto último es particularmente llamativo, pues qué importa la sensación de delincuencia si ni siquiera está en debate que las cifras de delincuencia son extraordinariamente altas.
Así, insistir en el aspecto perceptivo de la seguridad no solo es un error comunicacional del gobierno, sino que es también un error de fondo. Si el Presidente y su gobierno quieren de verdad hacerse cargo del asunto, no solo deben preferir medidas urgentes y trabajar con mayor eficiencia y oficio en el Congreso, sino que además deben dejar de tratar de convencer a las personas que la violencia no es más que una sensación.
En la práctica, los errores tendrán un efecto real sobre la administración de Boric. Por la persistencia de la crisis de seguridad, que claramente ha durado más de lo que se había pensado, es innegable que será el telón de fondo sobre lo que se llevará a cabo casi todo lo que viene, particularmente incluyendo la elección municipal y regional de octubre, y la presidencial y legislativa del próximo año.
La recientemente publicada encuesta de la CEP demuestra que, ante cualquier otra cosa, las personas consideran que la principal prioridad del gobierno debiese ser la seguridad. Por lo mismo, al no haber conseguido resultados a esta altura, es obvio que vendrá un castigo. Al menos así lo sugiere la teoría del votante racional, que propone que los votantes responden retrospectivamente en las urnas, y cuando sus urgencias no son correspondidas, y entienden que su situación personal (y de su comunidad) ha empeorado en el tiempo, toman acción protestando en las urnas.
Sin ir más lejos, es lo que ocurrió en la elección de constituyentes de 2023, en que la oposición obtuvo casi dos tercios de los 50 escaños, con el partido de derecha que ha tenido la posición más inequívocamente firme en contra de la delincuencia consiguiendo 23 de los escaños, casi la mitad.
Considerando todo esto, y volviendo al tema de la intencionalidad, es importante preguntarse si de verdad existe la voluntad de resolver la crisis de seguridad. Pues, tomando en cuenta el hecho de que no hay resultados, de que no se está haciendo todo lo que se podría hacer para apuntalar al Congreso, y que ni siquiera se está haciendo lo que (teóricamente) se puede para permanecer en el poder, es al menos una pregunta que es meritoria.
Intuitivamente, la respuesta pareciera estar relacionada con que ni la estabilidad ni la continuidad están en los planes inmediatos.
Bien puede ser el caso, en tanto si lo que se anticipa es un recambio inevitable, que sea entendible no querer abandonar a la base electoral que se moviliza precisamente en contra de lo que está ofreciendo la derecha más dura para resolver la crisis. Por lo demás, si perder la elección está en las cartas, al menos es entendible querer perder con las botas puestas, pero no por osadía, sino por táctica. Permitir la prolongación de la crisis permite tener algo que criticar en el corto plazo y resolver en el largo.
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