Noviembre 30, 2023

Montes minimiza faltas del Minvu y responsabiliza a subalterna

Alexandra Chechilnitzky
Captura de transmisión MediaBanco.

Tanto los ministros Carlos Montes como Camila Vallejo, además del Presidente Boric, señalaron pasado el mediodía de este jueves que las diligencias de la fiscalía de Tarapacá se realizaron a partir de una denuncia realizada por el Minvu. Lo cierto es que el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, inició antes una investigación de oficio. Montes, además, planteó que había sólo un oficio que no había sido contestado y que fue porque se “extravió en el camino”.


Qué observar. Hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) llegaron esta mañana unidades de la Policía de Investigaciones (PDI) para allanar las dependencias.

  • El operativo fue solicitado por el fiscal de Tarapacá Eduardo Ríos, quien a comienzos de agosto inició una investigación por los traspasos realizados por la Secretaría Regional del Minvu de la zona a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.
  • La decisión se tomó luego de que desde la cartera liderada por el socialista Carlos Montes no contestaran una serie de oficios enviados por parte de la fiscalía de Tarapacá por el caso EnRed Social.
  • La preocupación en el Ministerio Público comenzó en octubre, cuando se solicitó precisar información respecto del rol de Aldo Bastidas director técnico de la fundación EnRed Social y que poco antes de asumir dicho cargo trabajaba como analista del programa Asentamientos Precarios.
  • De la solicitud hubo una respuesta por parte del Minvu con los mismos antecedentes que fueron enviados en el oficio de agosto.
  • Al volver a solicitar información por parte de la fiscalía, no habría existido respuesta por parte del Ministerio, ni tampoco para otros oficios.
  • La jefa de la División Jurídica del Minvu, Marcela Rivas, quien envió los antecedentes a la fiscalía y al CDE, tampoco ha concurrido a declarar al Ministerio Público.

Inédita rueda de prensa. Pasado el mediodía, en una conferencia de prensa inédita, la ministra Camila Vallejo realizó una vocería conjunta con el ministro Montes.

  • Parte de las declaraciones del ministro supusieron importantes diferencias con lo que ocurrió en la diligencia anteriormente mencionada.
  • Montes, al igual como lo haría después el Presidente Boric, dijo que la indagación había partido a partir de una denuncia hecha por su cartera.
  • Lo cierto es que el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, inició una investigación de oficio por los traspasos que realizó la Seremi de Vivienda de Tarapacá a las fundaciones EnRed Social y Enlace Urbano.
  • El fiscal Ríos, de todas formas indicó que era correcto decir que el Minvu fue quien impulsó las denuncias por el caso, que terminaron llevando al allanamiento de este jueves.
  • El secretario de Estado, en forma paralela, afirmó que el ministerio había autorizado la diligencia.
  • Pero el allanamiento se realizó a instancias del fiscal Ríos luego de que el Tribunal de Garantía de Iquique tomara la decisión de pedir el allanamiento luego de que el Minvu no contestara al menos cuatro oficios donde la fiscalía solicitaba información.
  • La diligencia, en términos formales, fue realizado de manera voluntaria, tras una conversación de Montes con el fiscal minutos antes que comenzara el allanamiento.
  • Según el artículo 209 del Código Procesal Penal, “para proceder al examen y registro de lugares religiosos, edificios en que funcionare alguna autoridad pública o recintos militares, el fiscal deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuviera” con al menos 48 horas de anticipación.
  • Pero esto último no se hizo en el allanamiento, al menos hasta el día anterior de efectuarse. Desde el Ministerio Público se apeló al mismo artículo en el que se plantea que se debe oficiar a la autoridad correspondiente -en este caso al ministro Montes- “a menos que fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia”.

Oficio “extraviado en el camino”. El ministro corroboró que las diligencias del Ministerio Público apuntaban a 4 oficios, de los cuales dijo que 3 habían sido respondidos y que un cuarto se había “extraviado en el camino”.

  • Montes responsabilizó a una subalterana por lo ocurrido e incluso en el punto de prensa llamó a la funcionaria que habría sido la responsable de no contestar, que entregara explicaciones.
  • “Mire, yo creo que lo mejor es que la persona que estuvo a su cargo esto que está por ahí, ¿dónde está? Si está ahí que venga porque la verdad es que es una cosa bien clara y transparente. Aquí llegaron oficios que eran complementarios a lo que estaba y uno se extravió en el camino, o sea, no se respondió como se respondía en su momento y es por eso que ahora se ha hecho ver a la funcionaria que debió responder en su momento”, señaló Montes.
  • El fiscal señaló luego que “aquello fue muy bien aclarado por el señor ministro, estamos conformes con la respuesta”.

Gobierno anterior. Las diligencias comenzaron el 8 de agosto de este año y la denuncia que interpuso el Minvu fue el 14 de agosto, 6 días después, a través de un oficio que envió la jefa de la División Jurídica del Ministerio, Marcela Rivas, a la fiscalía y al CDE.

  • En ese oficio se planteaba el rol de Aldo Bastidas, quien hasta que estallara el caso en agosto pasado era el director técnico de la Fundación EnRed Social y que poco tiempo antes de asumir dicho cargo, hasta el 31 de mayo de 2022, se desempeñaba como analista del programa Asentamientos Precarios del Minvu.
  • De hecho, antes de que llegara el oficio a manos de la fiscalía y el CDE, la fiscalía ya había allanado el 9 de agosto las oficinas de la Seremi y el Serviu de Tarapacá.
  • El nombre de Bastidas no fue mencionado por Vallejo ni por Montes, pero sí ambos ministros se encargaron de recalcar que es un funcionario del “Gobierno anterior”.
  • El problema es que los traspasos fueron autorizados por el entonces Seremi de Tarapacá,  Francisco Javier Martínez Segovia, el 8 de agosto de 2022. Es decir, durante este Gobierno.
  • En concreto se trató de 7 convenios por más de $1.060 millones en un solo día a la Fundación EnRed Social.
  • De la información obtenida hasta ahora por parte del Ministerio Público, hay sospechas de que la recomendación de realizar contratos con dicha entidad no provendría solo de autoridades de la región de Tarapacá, sino también desde Santiago.
  • Las indagatorias por parte del ente persecutor sobre traspasos realizados a esta fundación se han extendido hasta ahora desde Tarapacá a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y La Araucanía.

Lea también. Monsalve: Allanamiento “muestra la fortaleza del país” (ex-ante.cl)

 

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