Minuta interna de Republicanos adelanta fundamentación jurídica ante el TC contra Isabel Allende y Maya Fernández

El Partido Republicano alista el requerimiento para pedir el cese de funciones de la senadora y la ministra PS. El texto redactado por el abogado Emiliano García apunta a la infracción de los artículos 60 y 37 bis de la Constitución al suscribir la venta de la casa de Allende al Estado. En principio iban a realizar la presentación este jueves, pero aún afinan detalles para ver si la hacen en conjunto con parlamentarios de Chile Vamos. Aquí la respuesta de Isabel Allende y Maya Fernández.

Qué observar. La bancada de diputados del Partido Republicano concurrirá al Tribunal Constitucional para presentar los recursos que buscan destituir de sus cargos a la senadora Isabel Allende y a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, ambas militantes socialistas.

• A juicio de los parlamentarios opositores el contrato por $933 millones que ambas suscribieron para la venta al Estado de la casa del ex Presidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja -para convertirla en un museo- es contrario a la Constitución.
• En un documento notarial firmado el 30 de diciembre, el abogado Felipe Vio Lyon (pareja de Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende), en representación de la familia Allende firma la compraventa de la propiedad con el Fisco.
• La presentación ante el TC está siendo elaborada por Emiliano García, abogado jefe de la bancada, junto a los abogados Gabriel Domínguez e Ignacio Rodríguez.

Los argumentos del escrito. Una minuta interna del Partido Republicano sobre los fundamentos jurídicos que sustentan el requerimiento sostiene lo siguiente:

1. El artículo 60 inciso segundo de la Constitución, incluido por la reforma Constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política señala que: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”
2. De parecido tenor es el artículo 37 bis del mismo cuerpo normativo que dispone: “Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”
3. Por lo anterior, a su juicio, debe hacerse un requerimiento al TC, conforme al artículo 93 de la misma Carta Magna: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones; Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios”.
4. ¿Cómo se solicita este pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional? Para el caso de la ministra Fernández, plantea la minuta, existe acción pública. Esto significa “la habilitación jurídica para que cualquier persona que pueda comparecer judicialmente ejerza una acción ante un órgano jurisdiccional u otro organismo encargado de la investigación de hechos delictivos o infraccionales”.
5. Distintas sanciones. Para el caso de la senadora Allende es la cesación en el cargo. Para el de la ministra Fernández no está clara la sanción, que está sujeta a una acusación constitucional en el Congreso, aunque señalan que “por los principios armónicos de la ley también se le puede pedir la cesación en el cargo en la respectiva petición contenida en la acción pública” en el TC.

Tratativas con Chile Vamos. En Chile Vamos hubo un debate inicial respecto a plegarse o no al recurso de Republicanos. Resolvieron recabar mayores antecedentes sobre el caso y recurrir como bloque ante el TC por la fallida compra de la casa de Guardia Vieja. En el sector existía desconfianza respecto a si lograrían un dictamen favorable en el TC, cuya mayoría de miembros es proclive al oficialismo.

• Hoy no se descarta, sin embargo, que el requerimiento se realice en forma conjunta entre Chile Vamos y Republicanos.
• En principio, los parlamentarios del partido iban a presentar el recurso este jueves a las 10 de la mañana, pero la fecha quedó en suspenso para ver si hacen solo una presentación junto a la UDI, RN y Evópoli.

La estrategia de la Defensa. Por su parte la familia Allende -que ya ordenó rescindir del contrato- contrató al abogado del PS Gabriel Osorio para que las represente ante el TC. El debate jurídico en el organismo apuntará a:

1. Interpretar el espíritu del artículo 60 de la Constitución sobre inhabilidades parlamentarias. Remarcando que la disposición sobre el cese de funciones por suscribir contratos con el Estado data de los años 40 y nunca se ha aplicado.
2. Señalar que el mismo TC en dictámenes anteriores ha desechado la aplicación del mismo artículo 60 que señala que cesara de sus funciones el parlamentario que “incite a la alteración del orden público”. Figuras como el exsenador Alejandro Navarro o el exdiputado Hugo Gutiérrez intentaron ser removidos por esa causal y el tribunal lo rechazó.
3. Se planteará un debate sobre los requisitos legales para dar por cerrado un contrato de compraventa de inmuebles ya que ello exige varios pasos en el Conservador de Bienes Raíces, que aún estaban pendientes, se rescindió el contrato y no se completó el traspaso de la propiedad.
4. Apelar al principio de buena fe en la actuación de la senadora quien ha señalado que la única motivación era convertir la casa en un museo.

Las explicaciones de Allende y Fernández. En una conferencia el martes Isabel Allende afirmó que actuó de buena fe y que su familia “nunca se ha visto envuelta en conflicto de intereses, lucros o negociados”. No quiso responder preguntas.

• Este miércoles, Maya Fernández afirmó que “jamás he recibido un peso por esta casa. Nunca ha habido traspasos de recursos”.
• La ministra apuntó al abogado Vio, que la representó. “Siendo ministra yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento”.

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