El creador y dueño de Meta -empresa que controla importantes redes sociales como Facebook, Instagram y Threads- hizo un anuncio que ha dado mucho que hablar. Entre varias cosas, indicó que terminará con sus mecanismos de verificación de dichos, que había adoptado post escándalo de Cambridge Analytica, por el cual dicha empresa adquirió de forma indebida la información personal de millones de usuarios de la red social que habrían sido mal utilizados para influir psicológicamente a los votantes en las elecciones de EE.UU. de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente y en Reino Unido, en el Brexit. Por este caso, el controlador no solo reconoció que la empresa “cometió errores”, sino que debió pagar millonarias multas por violar la privacidad de sus usuarios.
Zuckerberg acusa que sus mecanismos de verificación constituían censura y que, lamentablemente, los equipos y proyectos de verificación de datos en Estados Unidos estarían muy sesgados. Sin embargo, respecto de lo primero, esto no sería tan correcto, dado que no se ha impedido a las personas expresarse, sino que más bien se actúa de modo posterior cuando estas expresiones vulneran las propias políticas o guías de la red cuando se considera que ha existido un abuso de quienes participan de esta red social en razón de discursos de odio, incitación a la violencia, explotación sexual y otros.
Como en la misma red se indica “Estas normas se basan en los comentarios que recibimos de las personas y en los consejos de especialistas en campos como tecnología, seguridad pública y derechos humanos” y así, Meta toma tres tipos de medidas: eliminar, reducir e informar. De este modo, Meta indica que actúan cuando el “contenido que podría contribuir a un riesgo de daño para la seguridad física de las personas”.
El gran problema es que la red social en cuestión ha estado fuertemente cuestionada por diversos hechos. Al mal uso de los datos de carácter personal de sus usuarios con fines comerciales o de intervención en elecciones como ya se ha indicado, también ha recibido críticas por generar un grave daño de salud mental a adolescentes, al engañar al público sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales y no hacer nada a pesar de contar con información interna que confirmaba este hecho, – por el cual fue demandado por más de 40 estados de Estados Unidos-.
Así mismo, como indican varios reportajes y el libro de Harari, Nexus, Facebook habría sido una herramienta clave para incitar a una matanza en Birmania en el genocidio contra los rohinyá, al aprovecharse de que sus algoritmos favorecían la difusión de discursos de odio y que incitaban a la violencia. ““Me temo que Facebook se ha convertido en una bestia, lo cual no era la intención original”, declaró la investigadora de la ONU para Myanmar, Yanghee Lee, en marzo en Ginebra. Los expertos en el país coinciden en que FB ha sido la gran correa de transmisión del odio en Myanmar”, indicaba una nota al respecto del periódico El País.
El propio Zuckerberg habría reaccionado, disculpándose nuevamente y anunciando mecanismos para reforzar discursos xenófobos y de odio en dicho país, así como comprometiéndose a contratar personas birmanas que pudieran disminuir estos riesgos en dicho país.
Por eso, en diversos países y en la academia se han dado importantes discusiones sobre la necesidad de regular a estas grandes redes sociales, de modo que se proteja y fomente la libertad de expresión de las personas y que, al mismo tiempo, se respeten diversas normativas y derechos de las personas, estableciendo la responsabilidad como un elemento clave por diversos hechos que ocurren al alero de estas redes o, incluso, fomentada por las mismas redes con el objeto de tener mayor visibilidad y repercusión, así como la rendición de cuentas y transparencia no solo de cómo se utilizan datos personales sino de configuración de algoritmos.
Sin duda, las regulaciones de los medios de comunicación tradicional no son dables de aplicar sin más a estas plataformas, que tienen sus propias particularidades, pero no parece óptimo que, tal como aspira el controlador de Meta -por sus propios intereses comerciales, claro está-, permanezcan en una desregulación absoluta cuando tienen un rol tan preponderante en la opinión y debate público, así como en las campañas electorales de los distintos países.
Un desafío que no es menor y que debe buscar equilibrar bienes jurídicos tan importantes en nuestras democracias como la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación política, la privacidad, la transparencia y la responsabilidad.
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