La Contraloría General de la República publicó este martes cinco informes sobre el mega incendio de 2024 en la Región de Valparaíso, cuestionando el manejo de la tragedia de dos municipios del FA; de la exdelegada del PC y de dos reparticiones del MOP. El ministro entrante Iván Poduje dijo que se sumará a las indagaciones.
Lo nuevo. El informe 503 / 25 de la Contraloría General de la República detalló una serie de falencias en la respuesta que la Municipalidad de Viña del Mar dio al mega incendio que en febrero de 2024 golpeó a esa ciudad y a otras de la Región de Valparaíso, dejando a 6.014 familias damnificadas sólo en esa comuna.
- El reporte —de fecha 22 de enero, pero publicado este martes por el organismo dirigido por Dorothy Pérez— enumeró pagos no acreditados asociados a arriendo de vehículos y otros por $431 millones; donaciones por $33 millones no ingresadas al presupuesto y diferencias de saldo entre productos recibidos y entregados que golpearon la gestión de la alcaldesa del Frente Amplio (FA) Macarena Ripamonti.
- La edil defendió este martes su gestión, asegurando que “existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas”.
- “Vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carnés de identidad porque éstos estaban quemados”.
El golpe al oficialismo. El organismo fiscalizador liberó paralelamente otros cuatro informes.
- Uno cuestionó el manejo de la tragedia —en que murieron 138 personas— por parte de la delegación, entonces encabezada por Sofía González (PC), a la que impugnó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones.
- El informe detectó eventuales sobreprecios de hasta 557% y uso injustificado del trato directo en contrataciones. Los resultados fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
- Otro cuestionó la respuesta de la municipalidad de Quilpué liderada entonces por Valeria Melipillán (FA), a la que representó irregularidades en ayudas y pagos improcedentes.
- Contraloría también objetó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas por parte de la dirección regional de arquitectura de Valparaíso del Ministerio de Obras Públicas (MOP), repartición a la que también se objetaron pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar.
Por qué importa. Los informes de Contraloría golpearon al oficialismo y apuntaron a una de las prioridades del arquitecto Iván Poduje cuando asuma como ministro de Vivienda el 11 de marzo.
- “Esto tiene una doble gravedad porque, como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre”, dijo este martes.
- “Vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde, y vamos a llegar a las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos”.
Las irregularidades en Viña. “La entidad no proporcionó 1.280 actas de entrega solicitadas por la comisión fiscalizadora, lo que impide verificar la totalidad de los beneficios otorgados”, dijo el documento.
- Paradero. “Se constató que productos adquiridos o donados no fueron entregados en su totalidad, sin justificar el paradero de los bienes faltantes”.
- RUT genéricos. “Se identificaron errores en los registros de beneficiarios, incluyendo RUT mal digitados, uso de RUT genéricos, omisión de fechas, diferencias en los números de las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) y en la cantidad de integrantes del grupo familiar”.
- Donaciones sin ingresar. “Se evidenció que no se incorporó la suma de $33.153.011, correspondiente a los recursos recibidos por el municipio mediante donaciones, para ser utilizados a favor de los afectados del incendio de 2 y 3 de febrero de 2024, los cuales ingresaron en la cuenta corriente N°, del Banco Scotiabank”.
- Dineros estancados. “Se verificó que los recursos recibidos mediante donaciones en dinero (los $33 millones) no fueron ingresados al presupuesto municipal, manteniéndose empozados por más de un año”.
- Órdenes de compra. “Se detectaron órdenes de compra emitidas antes de la aprobación formal de la contratación, por lo que la entidad comunal deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar la reiteración de lo descrito”.
- Arriendo de vehículos. “Se observaron deficiencias en la contratación de arriendo de vehículos, como falta de respaldos, bitácoras incompletas, firmas idénticas entre distintos conductores, y superposición de cometidos, por lo que el municipio deberá controlar el cumplimiento de los servicios contratados”.
- Los $431 millones. “La entidad comunal no aportó antecedentes que respalden los decretos de pago que se listan a continuación, tales como bitácoras de los vehículos arrendados, cumplimiento de horarios establecidos para dichos automóviles, fotografías, entre otros, los que alcanzaron un monto de $430.699.448, a pesar de haberlos solicitados en reiteradas ocasiones, siendo la última de ellas, mediante correo electrónico de 6 de agosto de 2025”.
- Subdere. “Se identificaron inconsistencias en las rendiciones de cuentas de proyectos financiados por la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional), específicamente de los proyectos financiados mediante la resolución exenta N° 1.412, de 2024, por lo que el municipio deberá acreditar el cierre de los proyectos o informar su estado de avance”.
- Vandalización. “Se constató que el municipio no efectuó una investigación sumarial sobre los servicios básicos y los kits de lavaplatos vandalizados o robados por lo que esta materia se agregará al proceso sumarial que la Municipalidad de Viña del Mar debe iniciar acorde a lo instruido en el presente informe”.
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