Macrozona Sur: El nuevo proyecto de infraestructura crítica que surgió en el Senado tras la derrota de La Moneda
Víctor Hugo Durán
Cinco senadores de oposición, la DC y el Socialismo Democrático presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional que busca permitir que las Fuerzas Armadas puedan proteger la infraestructura crítica, luego de que el gobierno no lograra los votos en el Congreso para garantizar la iniciativa. El martes se analizará en la Comisión de Constitución del Senado.
Qué observar. Las senadoras Carmen Gloria Aravena (Independiente) y Ximena Rincón (DC), junto a sus pares Kenneth Pugh (independiente), Jaime Quintana (PPD) y Álvaro Elizalde (PS) ingresaron este miércoles una nueva propuesta de reforma constitucional para otorgar a las Fuerzas Armadas la atribución para proteger instalaciones consideradas de infraestructura crítica.
La determinación de los senadores surgió tras la derrota del veto presidencial en el Congreso, que pretendía hacerle ajustes al proyecto de infraestructura crítica propuesto por el gobierno la semana pasada.
El veto de Boric se cayó en la Cámara de Diputados con los votos en contra de la oposición, que no estuvo dispuesta a que el Ejecutivo utilizara esta norma en reemplazo de los estados de excepción en la Macrozona Sur, tal como estaba exigiendo el Partido Comunista a La Moneda.
Nuevo proyecto. Haciendo referencia al fracaso de veto presidencial, en sus fundamentos, el proyecto de los senadores plantea que “lo anterior, produjo, sin pretenderlo ni el Gobierno ni la abrumadora mayoría de ambas Cámaras, el efecto de que no exista ley al respecto, conforme al artículo 128 de la Carta En la historia reciente del Congreso Nacional, no existe precedente de un proyecto que hubiese tenido ese nivel de apoyo de los colegisladores con el referido resultado final. Lo anterior, evidentemente es un contrasentido que es indispensable enmendar por cuanto es una normativa necesaria y demandada tanto por la ciudadanía como por los parlamentarios transversalmente”.
El texto presentado por los cinco senadores incorpora aspectos de la propuesta original de infraestructura crítica de una moción en el Congreso y del veto sustitutivo de Boric, “de manera que obtenga la mayor transversalidad en su aprobación”.
En diálogo con Ex–Ante, la senadora Carmen Gloria Aravena, dijo que hay dos aspectos claves en el proyecto.
El primero, dijo, apunta a que las reglas de uso de la fuerza contenidas en el reglamento respectivo comprenderán la “legítima defensa”.
Además, la senadora señaló que se volverá al punto original y no se le dará a las Fuerzas Armadas el rol de control de orden público. “Esto no se vincula al control o restablecimiento del orden público, ta como ocurre en otros países y como fue el espíritu original. Este no es un proyecto para la macrozona sur, sino que para cualquier parte del país donde se requiera”.
La legisladora espera que en esta ocasión el gobierno se involucre en forma decidida en la tramitación de la iniciativa.
“Es necesario aprobar un proyecto sobre infraestructura crítica para ver si se pueden combinar ambas herramientas de acuerdo a la realidad que se vive en distintas regiones de Chile”, sostuvo Elizalde este viernes en el Senado, durante la votación de la prórroga de estado de Excepción en Biobío y Araucanía, llamando a sus pares a discutirlo en los próximos días.
La senadora Rincón argumentó en la sala que si se llega a aprobar la propuesta constitucional, el gobierno no tendrá herramientas pues se elimina el Estado de Excepción y la propuesta de infraestructura crítica fue rechazada.
La iniciativa se pondrá en tabla el martes próximo en la Comisión de Constitución del Senado y se le dará urgencia con el propósito de ser votada en general ese mismo día.
Qué dice el artículo. Se trata de un numeral nuevo en el artículo 32 de la Constitución. Y, a diferencia del aprobado, incorpora la figura de un Jefe de la Defensa Nacional al mando de las FFAA y en forma explícita se indica que éstas no asumirán labores de control o restablecimiento del orden público.
“Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando la infraestructura crítica que debe ser protegida. La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial.”
“La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país. Se entiende incorporada en este concepto la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.”
“El Presidente de la República, a través del decreto supremo señalado en el párrafo primero, designará a un Jefe de la Defensa Nacional para la protección de la infraestructura crítica al mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad dispuestas. El Jefe de la Defensa Nacional asumirá esta tarea con las atribuciones y deberes que determine el decreto supremo de conformidad con la ley y el respectivo reglamento”.
“En ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en esta Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Asimismo, las reglas de uso de la fuerza contenidas en el reglamento comprenderán el cumplimiento de la consigna y la legítima defensa. Las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica”.
“Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por iguales períodos, con acuerdo del Congreso Nacional. El Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional, al término de cada periodo, de las medidas adoptadas y de los efectos o consecuencias de la ejecución de esta atribución”.
El revés del veto de Boric. El pasado 20 de julio, y con los descuelgues de sus propias filas, el gobierno enfrentó un duro revés en su intento de aplicar un veto que corrigiera el proyecto que se inició a partir de una moción de los propios senadores Pugh y Aravena en 2019.
El Ejecutivo se embarcó en el uso de la ley de infraestructura crítica, herramienta que rechazó reiteradamente siendo oposición, buscando que se transformara en una alternativa para no seguir renovando los estados de excepción en la Macrozona Sur.
Durante la tramitación del proyecto de infraestructura crítica en comisión mixta a partir de mayo, el Ejecutivo no participó e incluso cuestionó su avance.
LEA A CONTINUACIÓN EL PROYECTO COMPLETO QUE PRESENTARON LOS SENADORES:
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