Los sin sentidos del gobierno en la Reforma de Pensiones. Por Alejandro Charme

Publicitar medidas no implementadas que ni pretenden aún serlo -como el seguro social- que solo forman parte de un pensamiento ideológico plasmado en un proyecto de ley que ya fue cercenado por el Congreso en primer trámite, y financiada además, con dinero de todos los chilenos, es seguir pavimentando una seguidilla de actividades sin sentido que, más que entregar un salvavidas a la reforma, parecieran ser acciones con un objetivo opuesto a encontrar consensos para perfeccionar nuestro sistema de pensiones.

 En tiempos del estallido social el país clamaba por mejoras sociales, siendo una de las primeras pancartas pensiones, junto con educación, salud y seguridad. El gobierno de entonces del Presidente Piñera tramitó y logró la aprobación de la denominada Pensión Garantizada Universal (PGU) constituyendo esta una de las reformas previsionales más relevantes y de impacto inmediato sobre los adultos mayores de Chile.

Este nuevo beneficio, según el Centro de Estudios Longitudinales de la UC, incrementó el componente solidario de las pensiones a un 80% en las mujeres y un 65% en los hombres. La PGU mejoró considerablemente las pensiones de los quintiles de ingresos más bajos de la población, manteniéndose aun bajas aquellas que perciben la clase media y media alta del país. Lo anterior nos indica el foco de la reforma y que debemos implementar otras políticas públicas para los sectores más desprotegidos, tales como subsidios de arriendo, rebaja de transporte público, disminución de filas de espera en salud, etc.

Sin embargo, ante tal evidencia, el gobierno se empecinó con una reforma que desde su origen ha sido un contrasentido para la mejora de las pensiones. Se pensó que con el tiempo la reforma se apropiaría de soluciones técnicas que apunten a las causas de las bajas pensiones, pero si se mira el espejo retrovisor, se ve pasar una seguidilla de errores que se inician con las denominadas cuentas nocionales que se apropiaban del 50% de las ganancias del Fondo Social; una sala cuna tan requerida por nuestro sistema de protección social inmersa en medio del sistema de pensiones; o la monopolización estatal de la previsión con importantes efectos en el mercado de capitales, la libre competencia y el erario público, cuyos costos se elevarían, por este solo motivo, entre 177 a 189 mil millones de pesos al año, suma equivalente a 74 mil beneficiarios nuevos que recibirían la PGU anualmente.

Esta cantidad, al compararse con la situación actual que no tiene costo fiscal, hace difícil entender el análisis técnico de fondo, particularmente en un país con crisis de vivienda, educación, salud y seguridad. Agreguemos que la propuesta también contempla en su interior una anti-reforma que es el auto préstamo. Incluso, algunos, emulando los bonos de reconocimiento, están pensando además en préstamos al Estado con bonos al 1% de interés, o sea el 50% de la rentabilidad de las criticadas cuentas nocionales.

La tozudez en estos sin sentidos, a pesar de la votación de rechazo que dio la Cámara, superó toda barrera estos días, con el lanzamiento de la campaña de gobierno que le atribuye bondades a un producto que no gusta ni convence a la ciudadanía ni al Congreso y, sin darse cuenta incurre en una conducta acomodaticia que, a sabiendas, puede contravenir la ley orgánica de administración financiera del Estado y la ley de presupuestos y, en definitiva, el espíritu que tuvo en mente el legislador, con piezas publicitarias carentes de base técnica y llenas de embustes, cayendo en lo mismo que -erradamente- le criticó a la industria de AFP.

Con la diferencia que la campaña de estas es parte de acciones legítimas provenientes de su Asociación Gremial, cuyo objeto social es proteger los intereses de sus asociados, y en ese rol, defiende el impacto positivo que ha tenido la capitalización sobre el ahorro de los trabajadores.

En cambio, publicitar medidas no implementadas que ni pretenden aún serlo -como el seguro social- que solo forman parte de un pensamiento ideológico plasmado en un proyecto de ley que ya fue cercenado por el Congreso en primer trámite, y financiada además, con dinero de todos los chilenos, es seguir pavimentando una seguidilla de actividades sin sentido que, más que entregar un salvavidas a la reforma, parecieran ser acciones con un objetivo opuesto a encontrar consensos para perfeccionar nuestro sistema de pensiones.

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