A fines de enero de 2025, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados impuso una sanción del 15 % de la dieta parlamentaria a la diputada Ana María Gazmuri, por no haberse realizado el test de drogas obligatorio.
Según ella, no infringió el reglamento, ni trató de ocultar su consumo de otras drogas, como algunos especulan. Incluso confesó haber usado también hongos psilocibes o alucinógenos prescritos médicamente, excusándose así: “el test de drogas no incluye la psilocibina, por lo tanto, ese argumento carece de sentido”.
El Reglamento sobre Control de Consumo de Drogas en Diputadas y Diputados fue publicado el 25 de julio de 2022. Gazmuri, quien se declara “usuaria de cannabis”, lo rechazó desde el principio. Para ella, “usuario” de marihuana comprende el porte, consumo y cultivo de esta droga para uso personal, con fines medicinales, terapéuticos y recreativos, separándolo categóricamente del tráfico, que es un delito.
Mediante su activismo en favor del autocultivo, Gazmuri y la Bancada Transversal de Regulación por la Paz, liderada por ella, pretenden ser pioneras en arrebatar el mercado de la marihuana al narcotráfico. Ambicionan transformar la política de drogas en Chile, alineadas con el gobierno y la promesa de Boric: “terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis”.
Sin embargo, el Art. 8 de la antigua Ley 20.000 –mal aplicada– ya admitía la siembra, plantación, cultivo o cosecha de “especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”, si eran justificados para “uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”, distinguiéndolos del tráfico. Asimismo, los Arts. 4, 14, 15 y 50 señalaban el tratamiento médico como justificación.
La Ley 21. 575, publicada el 23 de mayo de 2023, que modifica la Ley 20.000, justifica el cultivo de marihuana con fines medicinales: obliga a presentar una receta extendida por un médico cirujano, prohibiendo su administración mediante combustión. Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados entre junio de 2023 y junio de 2024, tuvo un rol activo en su aprobación.
Así, el activismo de Gazmuri y su bancada contiene algo excesivo. Pareciera estar guiado por una extorsión de fondo: ambas aspiran a ser pioneras en arrebatar el mercado de la marihuana al narcotráfico, atribuyéndose un rol salvífico y exclusivo. Si éste no es acatado, el narcotráfico nunca será vencido.
Pero en Chile existe una fuerte demanda interna de consumo de marihuana. De ahí, la intensificación del tráfico, la violencia, y la incautación de enormes cantidades de plantas, como en la narcoagricultura.
Gazmuri y la Bancada Transversal de Regulación por la Paz son responsables de haber cruzado el umbral de la disolución, contribuyendo a acentuar la disminución de la percepción de riesgo involucrada en el consumo de marihuana, sobre todo entre los más jóvenes.
En el marco de la primera Convención Constitucional, la organización Activismo Cannábico Chile, representada por Gazmuri, propuso la iniciativa popular de norma Cannabis a la Constitución: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar, la cual fue rechazada.
Tal iniciativa demandaba que el Estado reconociera “la dimensión espiritual (…) que nos permite administrar nuestra realidad hacia la realización, potencial humano que se ve actualizado mediante el uso responsable y virtuoso de herramientas enteógenas [que producen alucinación] como la cannabis, los Hongos Psilocibes, el cactus de San Pedro y la Ayahuasca”.
Esto revela que la ambición de Gazmuri era, además, legalizar otras drogas peligrosas, con fines medicinales y recreativos. Cabe sospechar que su activismo aprovechó la mala aplicación de la antigua Ley 20.000, y que su insistencia en el uso medicinal no ha sido sino una excusa y un paso necesario para su total legalización futura, con oscuras proyecciones. En consecuencia, su altruismo “medicinal” es inverosímil.
Ahora bien, la discusión en torno a la alternativa entre legalizar o no las drogas es dilemática: exige sentido de la responsabilidad, capacidad de conciencia e integridad moral, pues, sea cual sea la decisión, conllevará grandes costos y riesgos. Por eso, es imprescindible elevar su nivel, más allá del activismo estridente de Gazmuri y su bancada.
Dada su problematización, esta discusión debiera desarrollarse seriamente, diferenciándose de la mezquindad organizada, en que el largo esfuerzo por comprender una realidad desde la buena fe, con documentación y rigor, no vale nada ante la unilateralidad de pugnas ideológicas y su “batalla cultural”. Al contrario, la conciencia, la capacidad de discernimiento y la responsabilidad personal de las propias palabras y acciones, constituyen la base de la libertad y la toma de decisiones.
Por lo pronto, en nada contribuye a la paz el deseo de que el consumo de drogas sea un “derecho”, como manifestación de una libertad sin límites, ni responsabilidades. ¿Qué evitará un recrudecimiento de las adicciones, a partir de esta autocomplacencia?
Asimismo, es pertinente rechazar toda forma de conformismo encubierto que justifique la permisividad respecto del consumo de drogas, sea recurriendo oportunistamente a su carácter “ancestral” y “espiritual”, o sobre la base de un determinismo nihilista, a partir del cual, su uso sería inherente a la especie humana, condenada debido a su necesidad de soportar la dureza de la vida.
La autodestrucción es una frontera negra inexpugnable que absorbe toda forma de vida consciente, la única que vale la pena ser vivida.
El espíritu inefable potencia la capacidad de conciencia, la inteligencia, la vida y la libertad verdaderas, y no la muerte del alma.
La cinta Días de vino y rosas (Blake Edwards, 1962) presenta un caso ejemplar de consumo “recreativo” del alcohol. Narra la historia de una pareja, cuya relación depende de esta droga, constituyendo un trío en que “la botella es Dios”.
Para la diputada Gazmuri, la marihuana es Dios. En consecuencia, cualquier decisión en orden a estas difíciles materias de política pública debiera ser pensada lejos de su idolatría “cannábica”. Por el bien de Chile. Por la protección de niños y jóvenes.
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