Los elementos clave para un nuevo pacto tributario. Por Juan José Obach

Si proyectamos la evolución de la carga tributaria de los países OCDE conforme aumenta su nivel de desarrollo, deberíamos aspirar a cerrar la brecha con el promedio OCDE actual (24,5% del PIB) en un plazo de 12 años, es decir, al 2035.

Después del inesperado rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, se abre una nueva oportunidad para un pacto tributario. ¿Por qué algunos insistimos tanto en un pacto y no en una reforma más? Porque nuestra economía, trabajadores y empresas necesitan reglas estables en el tiempo. No podemos darnos el lujo de seguir parchando el sistema tributario cada vez que queramos aumentar la recaudación (en los últimos nueve años se han presentado cinco proyectos de reforma tributaria). Un pacto tributario de mediano plazo es el único camino para apuntar a un sistema tributario simple, justo y que nos permita conjugar una mayor recaudación con más crecimiento e inversión.

Todavía masticando el sabor amargo del rechazo a la reforma, la semana pasada el ministro Marcel y su equipo volvieron a la carga con los diálogos tributarios, convocando a una diversidad de actores. Ahora, antes de empezar a hablar de tributos y tasas, debemos lograr un amplio acuerdo en torno a dos preguntas fundamentales. ¿Cuánto queremos recaudar hoy y en que queremos gastar esos recursos adicionales? ¿Cuánto queremos recaudar en los próximos años conforme la economía crezca? Responderlas de manera estática no es correcto; si queremos un verdadero pacto tributario debemos lograr consensuar una trayectoria de aumento de carga tributaria conforme aumenta nuestro nivel de desarrollo.

Vamos a los números. Al 2022, la carga tributaria de Chile alcanzaba un 20,7% del PIB, mientras que el promedio OCDE —controlando por nivel de ingreso y descontando seguridad social, para comparar peras con peras— era de 22,5% del PIB. Es decir, a la fecha, la brecha a cerrar es de 1,8 puntos del PIB. Ahora, si proyectamos la evolución de la carga tributaria de los países OCDE conforme aumenta su nivel de desarrollo, deberíamos aspirar a cerrar la brecha con el promedio OCDE actual (24,5% del PIB) en un plazo de 12 años, es decir, al 2035 (Ver Tabla 1). Este es el camino sobre el cual deberíamos discutir y lograr un gran acuerdo país.

Solo después de tener un consenso sobre esta trayectoria, deberíamos discutir tributos y tasas. Aunque incomode, el primer elemento a mirar es que Chile tiene una estrecha base de contribuyentes, lo que es una anomalía en relación a los países OCDE. Por muy impopular que sea, debemos aumentar la base de personas que pagan impuesto a la renta. Mientras en nuestro país solo un 25% de los trabajadores pagan este impuesto, el promedio OCDE alcanza el 70%. Así, no podemos pretender recaudar como país desarrollado cobrando impuestos con una estructura de país pobre. Otro camino para aumentar la base es terminar con las exenciones tributarias que hoy no tienen ninguna lógica social o económica —como la renta presunta o el crédito y reintegro al diésel—, y atacar con fuerza toda evasión, sea esta de grandes, medianos o pequeños contribuyentes. En este último punto, podríamos pensar en un esquema donde si recolectamos $100 adicionales, $50 vayan a arcas fiscales y $50 se devuelvan a los contribuyentes vía menores tasas. De esta forma, transformamos el privilegio de algunos pocos (exenciones o evasión) en el beneficio de muchos.

Un pacto tributario también debería fomentar la formalización. Aquí, hay que aprovechar la oportunidad de hacer una cirugía mayor a nuestra política social e impulsar con fuerza un impuesto negativo al ingreso como eje estructural, que asegure un piso mínimo de renta e incentive el trabajo formal. Junto con esto, debemos reducir la permisología y excesivas trabas burocráticas que hoy enfrentan empresas (en especial las pymes), que son una barrera a la formalización.

Por último, aunque no es una “bala de plata”, una agenda de mejor gasto público es un imperativo moral que no podemos dejar fuera de este pacto. Si bien hay voces que alertan sobre las “rigideces” y dificultades de encontrar espacios fiscales en los programas públicos actuales (alrededor de 700), estos deben someterse al escrutinio de los denostados conceptos de eficiencia y eficacia. Junto con esto, debemos ampliar la mirada a los gastos administrativos del Estado y al constante aumento del gasto en personal.

Pagar impuestos no solo tiene un fin recaudatorio. Contar con un buen sistema tributario, eficiente y de base amplia, es señal de un pacto social entre Estado y contribuyentes. Uno donde el primero cumple la obligación de ser eficiente, transparente y eficaz en el uso de los recursos públicos. Y donde los contribuyentes entienden que los impuestos son una forma justa de retribución por lo que el Estado les entrega. Por lo tanto, si logramos disipar a los vociferantes extremos y avanzamos por el ancho camino de los acuerdos, quizás logremos avanzar en un pacto tributario que no solo nos permita recaudar y crecer más, sino también nos permita recomponer confianzas que hoy se encuentran por el suelo.