Los argumentos que entregó la jueza para dejar en prisión a Daniel Jadue y los reproches que hizo a la defensa

Aunque la defensa comparó el caso con el de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está con arresto domiciliario, la jueza Paulina Moya remarcó que Jadue es un alcalde en ejercicio en Recoleta. “No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar el peligro de reiteración”, indicó. La magistrada dio por fundamentadas los cinco delitos que le imputa la Fiscalía e hizo varias observaciones sobre las explicaciones que entregó el alcalde. También afirmó que su resolución “no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas y se basa en la igualdad ante la Ley”. Y remarcó que “la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”.

Qué observar. La jueza Paulina Moya del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dio por fundamentados todos los delitos que la Fiscalía imputa como autor al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC): administración desleal, cohecho, estafa, fraude al fisco y delitos concursales (ocultamiento de bienes), en que habría incurrido como presidente de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

• La jueza ordenó la medida cautelar de prisión preventiva y el traslado inmediato del alcalde al anexo penitenciario Capitán Yáber. Dio un plazo de investigación a Fiscalía de 120 días. La defensa del edil anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones.
• Entre los argumentos que dio la jueza se encuentra la gravedad de los delitos por el que se formalizó, con penas que van hasta los 15 años. También el agravante de que los responsables habrían actuado formando una agrupación destinada a delinquir.
• Al inicio de su intervención, la jueza aclaró que “este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión, en base al principio de igualdad ante la Ley”. Así respondía a las críticas que ha hecho Jadue y los militantes del PC que lo han acompañado durante las cuatro jornadas de audiencias al Centro de Justicia y sostienen que existe una “persecución política”.

Alcalde en ejercicio. Aunque el viernes, la defensa de Jadue, representado por el abogado Ramón Sepúlveda, pidió que se se aplicara una medida cautelar más leve y comparó el caso con el de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario, en su dictamen la alcalde hizo ver que Jadue es un alcalde en ejercicio.

• “El Tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde en la comuna de Recoleta y esta posición implica una relación directa y esencial precisamente con la administración de recursos”.
• “Desempeña un rol crucial en la gestión financiera, en la planificación y en la transparencia de las operaciones municipales, por lo que no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar el peligro de reiteración”.
• “La libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”.

Los delitos. La jueza se refirió a los cinco delitos que durante las jornadas anteriores detalló la fiscal Giovanna Herrera y señaló que se presentaron antecedentes suficientes para sostenerlos en el proceso.

1. Administración desleal. Se trata del delito que para el Ministerio Público es el principal de esta causa y da cuenta de cómo Jadue afectó el patrimonio de la Achifarp, entidad que él creó y presidió a partir de 2016 y que buscaba coordinar a las municipalidades con farmacias populares de todo el país para conseguir medicamentos más económicos a través de la economía de escala.

• Según Fiscalía Jadue y el secretario ejecutivo de la asociación, Matías Muñoz Becerra tuvieron amplias facultades para manejar las cuentas de la asociación y suscribir contratos. Compraron mercaderías sin que existiera requisito de ninguna municipalidad por $1.384 millones, quedando la mayoría de los productos en bodega y sin uso.
• En diciembre de 2020 Jadue “abusando del mandato” suscribió contrato de arrendamiento de un local en Los Leones, Providencia para instalar una farmacia.
• La defensa de Jadue señaló que Achifarp, estaba conformada por más de 90 municipios y contaba con un directorio que integraban entre otros el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien ejercía como tesorero. Y que si bien reconocía “errores y faltas administrativas”, no hubo dolo.
• Sin embargo, la jueza en su dictamen mencionó que han declarado varios alcaldes que dijeron que Jadue actuaba con total autonomía. “Los imputados argumentan que no tenían a su cargo el patrimonio de Achifarp, lo cierto es que el 2017 el directorio delegó múltiples atribuciones a los imputados. Incluso el imputado Jadue habría sido el único autorizado para girar cheques de esta asociación”, señaló.

2. Cohecho y estafa. Fiscalía expuso los testimonios de empleados de la empresa proveedora de insumos médicos Best Quality quienes sostienen que el alcalde, “aprovechándose del prestigio de su cargo”, los convenció que Achifarp tenía fondos para suscribir un contrato por $1.384 millones, esto omitiendo la crisis económica de la asociación. Luego les quedaría adeudando $1.012 millones.

• En cuanto al Cohecho afirmaron que Jadue les pidió un “bono” extra de $20 millones en alcohol gel, mascarillas y otros productos, que la empresa dejó en la sede del Partido Comunista de Recoleta. En tanto debieron depositar $17 millones en cuentas de familiares de Muñoz Becerra.
• La defensa de Jadue respondió que Best Quality es una “empresa corrupta” que buscaba cobrar un sobreprecio y que el alcalde jamás conversó con los denunciantes.
• Sin embargo, la jueza sostuvo que Fiscalía aporto antecdentes suficientes en la formalización -testigos, fotografías, informes periciales y transferencias bancarias”.
• “Este tribunal se pregunta si este contrato con Best Quality era tan desventajoso como dicen los imputados por qué no se ejercieron acciones legales”, señaló.

3. Ocultamiento de bienes. La acusación incluye delitos concursales que habrían ocurrido una vez que se ordena la liquidación forzosa de la asociación. En particular el ocultamiento de bienes al sindico.

• La jueza observa, “sobre el ocultamiento de bienes es un hecho no controvertido que la fábrica de prótesis de Achifarp no fue entregada al liquidador. A este tribunal le resulta curioso que uno de los equipos más publicitados por el imputado Jadue no fuera entregado durante la incautación”.

4. Fraude al fisco. El Ministerio Público señaló que Jadue “engañó” en tres ocasiones al concejo municipal de Recoleta para que entregará fondos extraordinarios a Achifarp.

• Esto mediante la elaboración de informes falsos que realizaron los directores de salud del municipio.
• El primero hace relación con traspaso de $204 millones para financiar a la Universidad de Concepción para la fabricación del medicamento Interferón para el Covid-19. A través de informes, se señaló que contaban con la autorización del Instituto de Salud Pública, lo que no era cierto. Luego el dinero fue utilizado para pagar gastos y deudas de Achifarp.
• La defensa señaló que se trató de un “error” pues pensaban que el ISP había aprobado el fármaco.
• Según la jueza “al Tribunal le llama la atención que en un ámbito tan sensible como es la fabricación de medicamentos para el Covid, los imputados hayan asegurado contar con los permisos respectivos, en circunstancias que se trata de una época en que existía un miedo generalizado a los nuevos medicamentos, por lo que los argumentos de la defensa de haber creído que todo estaba en regla a este tribunal le parecen poco creíbles”.
• El Ministerio Público también imputa como fraude un informe al concejo municipal donde se pide la compra de prótesis de audición a Achifarp, lo que según señalan se hizo por trato directo y con sobreprecio. Y la compra con carácter de “urgencia” de glucómetros para la diabetes. Esto pese a que había suficientes en la bodega del municipio.

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