La situación de Biobío tras el cierre de Huachipato se advierte como una de las más complejas de su historia. Al apagar sus hornos, 2 mil personas que dependen directamente de la empresa quedarán sin empleo, y 22 mil que trabajan indirectamente en toda su cadena de valor, quedarán en la completa incertidumbre. Una crisis de esta magnitud requiere liderazgos que ayuden a capear la tempestad y con determinación llegar buen puerto.
Huachipato es parte de la historia de la zona. Desde su puesta en operación hace más de 70 años, ha sido un pilar de la economía de Talcahuano, generando actividad esencial que moviliza a otros sectores como el portuario en la Bahía de San Vicente y energético en toda la región.
En la localidad de Las Higueras, miles de familias viven en torno a la empresa con tranquilidad, educando a sus hijos, y viendo el futuro con esperanza. Los proyectos de vida de muchos serán desafiados con el cierre.
Se ha reclamado con fuerza que se implemente un plan de reactivación económica, que habilite alternativas laborales, principalmente a través de infraestructura de transporte, que incluye nuevas autopistas, puentes, líneas de tren, y estaciones de intercambio modal. Esto parece olvidar los proyectos suspendidos y las obras de infraestructura retrasadas, cuyo pináculo son los largos 14 años para habilitar la conexión entre el Puente Bicentenario y la avenida Chacabuco en Concepción.
La burocracia excesiva en la aprobación de proyectos de inversión aparece como una de las mayores barreras para la reactivación económica de la región. Un proyecto en Biobío demora cerca de 500 días en promedio en aprobarse, casi 100 días más que el promedio a nivel nacional.
En el caso de proyectos de infraestructura, el tiempo de tramitación es de 600 días, un 44% superior al promedio nacional. Esto contrasta, con el déficit de infraestructura en la región. En el caso de proyectos de mayor envergadura, su aprobación tarda sobre 1.200 días, 25% más tiempo que el promedio nacional.
Al segundo trimestre del 2024, en Biobío, existían 31 proyectos en evaluación ambiental. De estos, 24 presentaban demoras, con una tasa de proyectos retrasados del 72%. Esto implica que más de 3.200 millones de dólares de inversión en trámite presentan demoras, y podrían aportar a dinamizar la economía.
El retraso de estos proyectos tiene impacto social directo. Si ya hubieran sido aprobados, podrían aportar 6.100 puestos de trabajo en su construcción, y requerir 9.600 trabajadores durante su vida útil. Del total de empleos, 45% serían en el sector energía donde Biobío es potencia, y 15% en el proyecto de desarrollo minero de arcillas para producción de tierras raras en Penco.
Son oportunidades que no podemos desperdiciar. En un estudio que realizamos desde el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, estimamos que la pérdida de actividad económica producto del retraso de puesta en marcha de proyectos en la región significó un costo de US$300 millones sólo en el último año, un 15% del costo de la permisología a nivel nacional, y recursos que ayudarían a recuperar parte de la producción. Cuando el horizonte de ejecución de un proyecto es mayor al esperado, se afecta su valorización económica y financiera, y las oportunidades laborales, ingresos para familias y desarrollo productivo que genera.
Para destrabar la permisología se requiere liderazgo que logre resultados. Los organismos públicos a cargo requieren reforzarse urgentemente. Si falta personal, enviar equipos en comisión de servicio. Si falta presupuesto, hay que asignar el adicional necesario. Si falta coordinación, instalarse en terreno a facilitar la toma de decisiones. Si hay que tramitar una ley especial, darle suma urgencia. Todo esto con plazos claros, proyectos priorizados y control de gestión efectivo. Nada de esto sucede sin liderazgo.
Se requiere convicción para alcanzar metas significativas, especialmente en tiempos de incertidumbre. Para construir algo positivo, se requiere líderes con la capacidad de movilizar y guiar a sus equipos. El primer paso sería que los proyectos que se encuentran retrasados sean aprobados durante Octubre, mes posterior al anuncio de cierre de Huachipato. El propósito es claro, impulsar la reactivación económica y social de la región, minimizando riesgos ambientales. Los Ministerios de Economía y de Medio Ambiente tienen una responsabilidad enorme como líderes. Esperemos que estén a la altura.
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