Hace bastante tiempo que ya lo sabíamos, pero nunca es grato que venga el Fondo Monetario Internacional (FMI) a decirlo: Chile enfrenta un desafío sociopolítico que pone en entredicho su posición como una de las economías emergentes más dinámicas. A pesar de su historial de estabilidad, el deterioro en la gestión económica y política está limitando nuestra capacidad de crecimiento y de adaptación y hoy somos “un país más del montón”.
En vez de tanto lugar común, en este espacio quiero argumentar que para salir de esta crisis y sensación de languidez que se extiende por más de una década, es necesario un fuerte giro hacia políticas públicas que prioricen el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la modernización institucional y política, por más que sean poco populares o se enfrenten a grupos de interés que hoy tienen capturado el Estado.
El diagnóstico: las preocupantes cifras a las que nos hemos acostumbrado
El FMI estima un crecimiento para 2024 de 2,3%. So riesgo de ser otro agorero más -y pese a que mi apellido no es compuesto- dudo que lleguemos a esa cifra. Creo que estaremos más cerca del 2,1%. Entre 2014 y 2023 en promedio hemos crecido al 1,9% y el Banco Central estima para 2025-34 el PIB no minero un crecimiento potencial de 1,8%. Y a nadie ya le llama mucho la atención…nos hemos acostumbrado a esa mediocridad. De la mano, un desempleo estacionado -en promedio- en torno al 8,5%, todo muy normal. Una inflación baja pero persistente y una inversión que dista mucho de lo que necesita el país. Pero celebramos que “Chile recuperó sus balances”. Narnia es poco.
La guinda de la torta es el déficit fiscal, proyectado en -2,5% del PIB para 2024, que sigue amenazando la sostenibilidad de las cuentas públicas. Hoy cada chileno tiene una deuda a nombre del Estado por aproximadamente $6,5 millones de pesos, que en algún momento del tiempo tendremos que pagar. La forma menos dolorosa de hacerlo es aumentando el crecimiento y aumentando la recaudación. Pero al mismo tiempo, es clave asegurarnos que no siga aumentando en el tiempo (para quienes no saben, la ley de presupuesto 2025 autorizó nueva emisión de deuda por US$16.000 millones, de los cuales US$8.000 están asignados a amortizaciones y pago de intereses).
Una retroalimentación nefasta: inseguridad e incerteza
En los últimos años, -y mientras un grupo de ministras bailaban celebrando su aplicación- un conjunto de políticas laborales han incrementado los costos laborales (40 horas, incrementos discretos en el salario mínimo, etc.), lo que ha llevado a que después del shock pandémico, el empleo formal cada vez crezca menos y nos estemos transformando en una economía más informal. Esto afecta a sectores que son particularmente sensibles al ciclo económico, como la construcción, pero también van creando una sensación de pérdida de confianza. Se suma esto el deterioro institucional, la falta de seguridad jurídica, la corrupción y la irrupción del crimen organizado dentro de los estamentos del Estado, que alejan cada vez más a la inversión.
Si bien Chile enfrenta una tremenda oportunidad estratégica -la transición verde a nivel global- no nos sirve de nada contar con litio, cobre, o energías renovables si la ausencia de una política clara y efectiva para maximizar estas ventajas competitivas está limitando su impacto. ¿Empresa Nacional del Litio? Muchas gracias, pero no, simplemente quiero reglas claras y las quiero hace ya dos años.
Sostenibilidad fiscal: entre promesas y realidades
El compromiso del gobierno de alcanzar un balance fiscal para 2027 parece cada vez más difícil de cumplir. Pese a los recortes presupuestarios anunciados, el débil desempeño de los ingresos proyecta un déficit fiscal superior al esperado en 2024.
Acá hay dos temas. El primero es el más ingrato: tenemos que entender que hay un exceso de gasto de cerca de 3 puntos del PIB que hay que reducir. No es posible financiarlos en el corto plazo. El segundo, llevamos años “haciendo trampa en el solitario”. Mientras no está clara la forma de cálculo de los ingresos fiscales por parte de Hacienda, la regla fiscal es débil. Siempre se podrá sobrestimar los ingresos futuros con tal de poder aumentar el gasto presente. Y después es cosa de decir “pucha, nos equivocamos en las estimaciones…”
Productividad y tecnología: un área desaprovechada
Un pecado de larga data que tenemos es la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), que representa solo el 0,4% del PIB (versus un 2,4% promedio de la OCDE). Este rezago frena la capacidad de Chile para integrar nuevas tecnologías y aumentar su productividad. En particular, la adopción de la inteligencia artificial (IA) representa una oportunidad sin precedentes. Por ejemplo, Chile es uno de los países más expuestos y que más utiliza IA en América Latina, que tiene el potencial de generar incrementos significativos en la productividad, especialmente en sectores de servicios. La reciente propuesta de legislación para facilitar la transferencia tecnológica podría ser un catalizador si se implementa de manera consistente
Para capitalizar esta ventaja, es crucial impulsar políticas que promuevan la difusión tecnológica y cierren las brechas de habilidades en la fuerza laboral. Los años perdidos en materia educacional nos van a perseguir durante décadas. Las reformas educaciones de Bachelet y compañía han sido de los errores más graves cometidos en la historia reciente de este país.
El costo de la inacción
Chile enfrenta un punto de inflexión. La falta de reformas estructurales y de un liderazgo político claro no sólo perpetuará el bajo crecimiento económico, sino que también profundizará las desigualdades sociales y las tensiones políticas.
Es urgente un cambio de dirección política que priorice el crecimiento, con un enfoque pragmático y orientado al mercado. Este enfoque debe incluir una revisión integral de las políticas regulatorias para reducir la burocracia, fomentar la inversión privada y atraer capital extranjero. Asimismo, es esencial avanzar en la modernización del sistema fiscal y laboral para garantizar una distribución más equitativa de los beneficios económicos, sin sacrificar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La pregunta no es si Chile puede revertir su trayectoria, sino si tendrá la voluntad política para hacerlo.
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