Diciembre 30, 2021

Crece presión sobre Sergio Micco para desalojar toma del INDH que lleva casi 6 meses con demandas cada vez más radicales

Ex-Ante
El director del INDH, Sergio Micco, en La Moneda, el 10 de diciembre de 2020. Foto: Agencia Uno.

El consejero Carlos Frontaura envió el miércoles 22 un correo electrónico al director Sergio Micco y a los consejeros del INDH a raíz de la notificación de los organizadores de la toma de que convertirían la sede de Eliodoro Yáñez en “un lugar bajo el control del pueblo”. En el e-mail pidió que se citara a una sesión extraordinaria, donde adelantó que “solicitaré que se pida el desalojo del inmueble”. La reunión se realizó el jueves 23 y en ésta Micco no resolvió pedir el desalojo policial de la sede que lleva casi 6 meses ocupada.

Qué observar: La declaración de los organizadores de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de que convertirían en permanente la ocupación de la sede de Eliodoro Yáñez en Providencia en la que permanecen hace casi 6 meses, puso presión al organismo encabezado por Sergio Micco (DC).

  • “Declaramos públicamente que este espacio será un lugar bajo control del pueblo”, dijeron en un comunicado difundido el martes 21 los organizadores de la toma iniciada el 8 de julio por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y agrupaciones por las víctimas de traumas oculares y familiares de presos del 18-O.
  • “Reiteramos al INDH que tienen 24 horas para retirar los archivos que se encuentran en el edificio”, dijeron. Entre estos están los respaldos de documentos de la Comisión Valech, los cuales el INDH está mandatado legalmente a resguardar y que afectan la privacidad de personas que hicieron denuncias bajo la promesa de que su contenido no fuera divulgado. Desde la UDI pidieron a Contraloría pronunciarse sobre la materia.
  • A petición de Micco, el secretario de actas, Joaquín González, envió por email la declaración a los 11 consejeros del INDH, el mismo martes 21.
  • “Lo vi hace rato en las redes sociales. Pensé que el director nos enviaría mayor información… en fin”, respondió esa tarde la médico Margarita Romero, quien fue elegida consejera en 2016 por las organizaciones de la sociedad civil.

La petición de desalojo: El abogado Carlos Frontaura —ex decano de la facultad de derecho de la U. Católica, exasesor legislativo de la fundación Jaime Guzmán, designado consejero en 2013 y luego ratificado en 2016— respondió el miércoles 22 por la mañana, con copia a Micco y todos los consejeros.

  • “Agradezco la información y comunicado que se nos envió”, dijo Frontaura en su correo. “(Pero) debo manifestarle mi sorpresa y molestia por el hecho de que no se nos haya convocado a sesión extraordinaria de emergencia para el día de hoy. Ud. sabe que he apoyado desde el primer día su gestión, sin perjuicio de naturales diferencias, pero me parece sumamente inquietante que ante un hecho de esta naturaleza no se nos hay convocado inmediatamente”.
  • “El INDH y todos nosotros hemos desplegado desde el 18 de octubre de 2019 todo nuestro esfuerzo y capacidades para atender los derechos humanos de todos y, en particular, de las víctimas. Ese trabajo lo hemos hecho, en medio de dificultades, como la violencia o la pandemia y sus secuelas; lo hemos hecho, aguantando descalificaciones, paros insensatos e, incluso, esta larga toma. Por tanto, las declaraciones destempladas de quienes llevan 5 meses ocupando nuestras dependencias y dificultando nuestro trabajo, mientras organizan tocatas y otras actividades que no tienen nada que ver con el destino público de este inmueble ni con la defensa de los derechos humanos, me parecen sesgadas, graves, injustas y muestran incomprensión sobre la tarea fundamental que nos compete en materia de derechos humanos”.
  • “Atendido lo anterior y la enorme gravedad de esta declaración en la que nos notifican que la toma ha terminado y que nuestras oficinas pasan a ser ‘un lugar bajo control del pueblo’ según señalan expresamente, le solicito que cite a sesión extraordinaria a primera hora de mañana (jueves) para tratar este asunto. Le adelanto a Ud. y al resto de los consejeros que solicitaré que se pida el desalojo del inmueble, recurriendo a todas las herramientas que el Estado de Derecho ofrece y con pleno respeto de los derechos humanos”.
  • “Quedo a la espera de dicha citación”, termina diciendo el correo electrónico del consejero, firmado con las iniciales CFR.

La sesión extraordinaria: En la sesión telemática del jueves 23, el consejero Frontaura reiteró su propuesta de desalojo, pero ésta habría encontrado una fuerte oposición en al menos 2 consejeras, dicen conocedores del encuentro: Margarita Romero y Consuelo Contreras, designada consejera por organismos de la sociedad civil entre 2013 y 2019, y luego entre 2019 y 2025.

  • Romero publicó el viernes 24, tras la sesión, una declaración donde dijo que “la dirección nos ha informado de la denuncia por ocupación ilegal presentada por el INDH desde julio, lo que podría conducir al desalojo por la fuerza, acción que desapruebo firmemente”.
  • Sergio Micco, dicen fuentes del organismo, escuchó distintas posturas y no resolvió desalojar.
  • En este escenario es que el abogado Yerko Ljubetic —ex ministro de Trabajo de Ricardo Lagos, ex militante DC y actual miembro de Convergencia Social del Frente Amplio— habría planteado la fórmula de que 3 consejeros intentaran retomar el diálogo con los responsables de la toma.
  • En la propuesta inicial se planteó que fueran el propio Ljubetic, el abogado Branislav Marelic —que en 2017, siendo director del INDH, ordenó el desalojo de una toma que se había prolongado por 140 días en favor de los presos políticos en dictadura— y Margarita Romero. Este último nombre no generó consenso y fue reemplazado por el de la historiadora y antropóloga Debbie Guerra, quien fue designada consejera por la expresidenta Michelle Bachelet.
  • Estos últimos 3 nombres fueron ratificados en la sesión del lunes 27 y se espera que muestren sus avances en la sesión del lunes 3.
  • Fuentes al interior del organismo plantean que hay conciencia de que la naturaleza de las demandas de los organizadores de la toma deja pocas opciones para negociar, lo que fortalece la idea del desalojo.
  • Estas demandas incluyen la liberación de los denominados presos del 18-O; la declaración de que durante el estallido social hubo violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos; la instalación de una política general de reparación para víctimas de trauma ocular y otros, y la renuncia del director, Sergio Micco.
  • Fuentes del INDH plantean sobre los presos del 18-O que el organismo no tiene capacidad de acelerar procesos judiciales, aunque sí ha criticado la prolongación de prisiones preventivas. Sobre las políticas de reparación plantean que estas dependen del gobierno. Acerca de la declaración de que hubo violaciones sistemas de los DDHH durante el 18-O y la renuncia de Micco, sostienen que aceptarlas implicaría aceptar presiones que afectarían el principio de autonomía de la organización.

 

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