Los jueces apelaron a la sofisticación y complejidad de los delitos que imputa Fiscalía, el daño a la fe pública, y las posibles penas de hasta 18 años en caso de que se dicten condenas. El dictamen recoge la preocupación de la defensa de Leonarda Villalobos de que no exista un penal para mujeres imputadas por delitos económicos -como lo es Capitán Yáber para los hombres-, y se señala que es un asunto que debe ser atendido y remediado por el sistema carcelario.
Que observar. Tras cinco horas de alegatos y una hora de deliberación, la Corte de Apelaciones resolvió ratificar la resolución de primera instancia y mantener en prisión preventiva a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, formalizados por el Caso Audios.
- En la 11° Sala, ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales, los jueces Miguel Vázquez, Lidia Poza y el abogado integrante Luis Hernández acordaron de forma unánime mantener la medida cautelar.
- Esto por considerar, señala el dictamen, la gravedad de los delitos, ya que según estima Fiscalía los imputados podrían recibir hasta 18 años de presidio en caso de ser condenados.
- También los jueces observaron el carácter de los delitos, que “afectan bienes jurídicos de especial relevancia para la sociedad, como son los relacionados con la probidad y la fe pública, el orden público económico y la afectación del patrimonio fiscal”.
- Finalmente “la forma de comisión de aquéllos, en la medida que se devela un grado de sofisticación y complejidad de los delitos”.
- Por ello, “todo lo anterior hace nacer la necesidad de cautela por peligro para la seguridad de la sociedad”.
“Perspectiva de género”. Durante los alegatos, la abogada de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, planteó la situación de desigualdad en que se encuentra su defendida. Esto porque no existe un penal para mujeres similar al anexo Capitán Yáber donde van imputados por delitos económicos.
- Pese a que la jueza Garantía, Mariana Leyton pidió a Gendarmería estudiar la factibilidad de trasladarla a ese recinto, el organismo respondió que no era posible ya que “las dependencias de Capitán Yáber están habilitadas exclusivamente para población penal masculina”.
- Borda afirmó que esto constituía una discriminación de género, y relató que Villalobos se encuentra en el módulo 2 del Centro de Orientación Femenino de San Miguel, donde residen 25 internas imputadas por delitos de narcotráfico o hechos de sangre como parricidio. Todas comparten sólo una ducha con agua fría y solo hay dos retretes funcionando.
- El planteamiento de la abogada generó debate en la audiencia y el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, dijo que “el tema de la discriminación es interesante y requiere una reflexión mayor”, por lo que instó a la Corte a ordenar que el lugar de cumplimiento de la cautelar cumpla con determinadas condiciones.
- En su fallo, los jueces abordaron el asunto señalando que “respecto de una eventual discriminación al no existir un lugar similar a Capitán Yáber, se trata de un obstáculo que proviene del sistema carcelario que sin duda debe ser atendido y remediado por la Administración Penitenciaria”.
- “Sin embargo, lo que interesa en la aplicación de una perspectiva de género en la imposición de una medida cautelar son los criterios de la realidad personal de la persona afectada, vinculados por ejemplo a su edad, salud, desamparo familiar o desarraigo, lo que del informe social acompañado no se advierte, por ahora, que existan en este caso”.
- Sin embargo, “se dispone que el Alcaide del CPF de San Miguel deberá adoptar todas las medidas que aseguren la adecuada segmentación y seguridad de la imputada Villalobos Mutter, debiendo el tribunal remitir el oficio respectivo”.
Defensa de Hermosilla. En sus alegatos, el abogado Juan Pablo Hermosilla, señaló que su defendido parecía víctima de una “funa jurídica”. Esto porque ha debido salir a responder no sólo al Ministerio Público, sino que también al CDE y al SII, entre otros. A estos se sumó, dijo, las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y ministros del gobierno sobre la causa.
- “Hay un problema de desigualdad de armas. Tengo que soportar el día completo en que todo el Estado chileno ha dicho cosas contra nosotros (…) yo estoy solo y tengo un ejército al frente, la reforma no se hizo para esto”, afirmó.
- Señaló que él participó en la instalación de la reforma procesal penal y que no se contemplaba que las formalizaciones se convirtieran en un juicio anticipado o en un “linchamiento público”.
- Hermosilla también arremetió contra las filtraciones de los chats de su hermano con distintos jueces, fiscales y autoridades.
- La Corte de Apelaciones señaló que “las alegaciones de la defensa de Luis Hermosilla efectuadas en estrado, referidas a la tergiversación que ha tenido el sistema procesal penal reformado y que tiene como contraparte a tres abogados que representan al Estado -Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y Servicio de Impuestos Internos- y un querellante adicional, deben ser desestimadas”.
- “El análisis que hace esta Corte no es sobre la corrección del sistema que constitucional y legalmente se encuentra establecido, ni tampoco de política criminal, sino que se ciñe a los requisitos para la imposición de una medida cautelar personal, a los hechos formalizados, los antecedentes de investigación que se exponen por las partes y la eventual calificación jurídica que puedan tener en esta etapa”
- “Por otra parte, en cuanto a la eventual vulneración de garantías legales y constitucionales alegadas por la defensa, lo cierto es que esta no es la oportunidad para dilucidar su infracción”.
Se unen investigaciones. Con todo, las pruebas e imputaciones deberán comprobarse cuando se desarrolle el juicio.
- De hecho, por única vez durante la audiencia, el juez Vásquez interrumpió el alegato de la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, para preguntarle si ya se ha decretado alguna orden de peritaje sobre los traspasos de dinero entre los imputados y las empresas vinculadas a Factop.
- Esto ya que las defensas alegan que no existe un peritaje contable.
- La representante de Fiscalía respondió que están cotizando este peritaje con tres universidades, U. de Chile, UDP y UCV.
- El Ministerio Público también confirmó que está dentro de los planes unir las causas Factop y el Caso Audios, ya que los delitos de lavado de activos que se imputan están relacionados con el delito de estafa de la empresa de factoring de Daniel Sauer.
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