Las dudas y problemas que generan las nuevas normas sobre el agua aprobadas en la  Convención

Luego de que esta semana, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención avanzara en la extinción de la propiedad del agua, poniendo fin al Código de Aguas y los derechos de aprovechamiento; privados y expertos alertan sobre el futuro de las inversiones y la indefensión en que quedarían miles de pequeños agricultores. Esto, sin considerar el riesgo que su manejo tenga tintes políticos.

 Qué observar: Este lunes la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó, en general, modificaciones al actual estatuto de los derechos de aguas, complementando diversas normas aprobadas anteriormente.

• Con ello, ahora las aguas serán “bienes comunes naturales”, no susceptibles de apropiación y custodiadas y administradas -directamente o a través de permisos limitados- por el Estado.
• La Comisión acordó que al aprobarse la nueva Constitución, se extinguirá la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua vigentes y que una ley regulará el procedimiento de transformación de estos derechos en concesiones temporales, onerosas, revocables y revisables cada 5 años.
• También aprobó que “promulgada la nueva Constitución, se entenderán derogadas todas las normas del Código de Aguas y de otros cuerpos legales que sean contrarios al nuevo régimen de aguas”. Y da 3 meses para iniciar procesos de redistribución de aguas.
• Además se prioriza el acceso a los ciclos naturales y preservación de ecosistemas; consumo humano y saneamiento; usos ancestrales y tradicionales y ganadería y agricultura local “de pequeña escala”, dice el texto.
• No se incluye, en lo prioritario, por ejemplo, ni la agroindustria, ni la energía.

Golpe a las inversiones: Expertos y empresarios sostienen que este conjunto de normas en torno al agua generará un frenazo a la actividad económica. En la SNA, que ya advirtió que se necesitarán US$ 20 mil millones para pagar por una eventual expropiación, advirtieron que el fin de los derechos de aprovechamiento afectará a más de 2 millones de empleos directos e indirectos en la agricultura. “Todo esto genera un enorme desincentivo a trabajar en agricultura, que necesita certezas como tener tanto físicamente como jurídicamente el agua. De hecho, la inversión en el agro se ha ralentizado en los últimos años, porque no hay certeza de disponibilidad de agua y si a eso se le suma la incerteza jurídica, de que va a depender de un funcionario público que defina cuándo y dónde se debe producir es un desincentivo absoluto para todos los agricultores del país”, sostiene el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte.

 Pequeños agricultores: El fin de los derechos de aprovechamiento afectará a miles de agricultores, varios de ellos pequeños productores que invirtieron en la compra de estos derechos para poder asegurar su regadío u obtener créditos.

• “Esto es de tal impacto y profundidad que puede llegar a impactar a más de dos millones de personas es algo francamente gravísimo. Además de los pequeños campesinos que dependen de sus derechos de agua”, alerta Matte.
• En la banca coinciden en que hoy los derechos de agua son usados por pequeños productores como garantía para conseguir créditos. El ex director de la Dirección de Aguas, Rodrigo Weisner añade que al no contar con el derecho de dominio sobre sus derechos de aguas, los agricultores sólo tendrán una simple autorización temporal que no les permitirá acceder al financiamiento bancario.

 Modificaciones recién aprobadas: El 12 de enero el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas de 1981, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación. Las normas fueron aprobadas en forma unánime por el Senado, tras 11 años de tramitación.   

• “Acabar con el Código es no hacerse responsable de una discusión que duró más de 10 años en el parlamento para poder llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas y finalmente fue aprobado por unanimidad. Algo inédito, con una discusión objetiva, técnica, académica, práctica y política. Y ahora la borran de un plumazo”, comenta Matte.

Tamaño del mercado: Según el Catastro Público de Aguas que lleva la DGA, su consolidado a nivel nacional registraba un total de 118.425 solicitudes de derechos de agua aprobadas y concedidas entre el año 1899 y marzo de 2018.

• Sin embargo el mercado es mucho mayor, pues los Conservadores de Bienes Raíces registran las distintas transacciones de estos derechos (compraventas, transferencias, cesiones, hipotecas, entre otras) y desde 1980 hasta el año 2015 se habían registrado un total de 259.105 operaciones en el país.
• Solo para hacerse una idea: En los últimos años solo a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) el Estado ha gastado más de US $1.430 millones en la compra de derechos de aprovechamiento de aguas en el mercado.

Manejo político y demoras en legislación: En el sector privado, los titulares de derechos de aguas temen que si el uso y destino del agua queda en manos del Congreso, que deberá dictar las leyes necesarias para implementar los cambios constitucionales, la incertidumbre se extenderá por el tiempo que tarden los parlamentarios en acordar las normas.

• Existe coincidencia entre los expertos que el cambio legal puede terminar empantanándose en el legislativo, ya que habrá que hacer leyes y reglamentos, “que pueden tardar muchos años en su tramitación en el Congreso”, alerta Weisner
• Se repite la pregunta: ¿Qué hacer si cuando se extingan los derechos de agua no hayan normas que resuelvan la situación?