Qué observar: Este lunes la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó, en general, modificaciones al actual estatuto de los derechos de aguas, complementando diversas normas aprobadas anteriormente.
Golpe a las inversiones: Expertos y empresarios sostienen que este conjunto de normas en torno al agua generará un frenazo a la actividad económica. En la SNA, que ya advirtió que se necesitarán US$ 20 mil millones para pagar por una eventual expropiación, advirtieron que el fin de los derechos de aprovechamiento afectará a más de 2 millones de empleos directos e indirectos en la agricultura. “Todo esto genera un enorme desincentivo a trabajar en agricultura, que necesita certezas como tener tanto físicamente como jurídicamente el agua. De hecho, la inversión en el agro se ha ralentizado en los últimos años, porque no hay certeza de disponibilidad de agua y si a eso se le suma la incerteza jurídica, de que va a depender de un funcionario público que defina cuándo y dónde se debe producir es un desincentivo absoluto para todos los agricultores del país”, sostiene el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte.
Pequeños agricultores: El fin de los derechos de aprovechamiento afectará a miles de agricultores, varios de ellos pequeños productores que invirtieron en la compra de estos derechos para poder asegurar su regadío u obtener créditos.
Modificaciones recién aprobadas: El 12 de enero el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas de 1981, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación. Las normas fueron aprobadas en forma unánime por el Senado, tras 11 años de tramitación.
Tamaño del mercado: Según el Catastro Público de Aguas que lleva la DGA, su consolidado a nivel nacional registraba un total de 118.425 solicitudes de derechos de agua aprobadas y concedidas entre el año 1899 y marzo de 2018.
Manejo político y demoras en legislación: En el sector privado, los titulares de derechos de aguas temen que si el uso y destino del agua queda en manos del Congreso, que deberá dictar las leyes necesarias para implementar los cambios constitucionales, la incertidumbre se extenderá por el tiempo que tarden los parlamentarios en acordar las normas.
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