Presidente de la SNA calcula en US$ 20 mil millones pago en indemnizaciones por “desprivatización del agua”

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Cristián Allendes (Agencia Uno).

El Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, sostiene que el Estado no puede hacerse cargo del manejo de las cuencas como propone la Convención Constitucional, en cuya Comisión de Medioambiente se aprobó una norma que derogaría los derechos de aguas. “No aceptaremos que nos expropien sin indemnización”, advierte.


Por qué importa: El jueves pasado, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, aprobó en general un artículo transitorio que termina con los derechos de aprovechamiento de agua, entregados bajo la vigencia del Código de 1981, reformado precisamente este año.

  • La norma fue aprobada en general por 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Faltan su votación en particular, donde puede ser modificada, para después pasar al Pleno, donde deberá contar con el quórum de los 2/3 (103 votos)

“Indemnizaciones excepcionales”: En su Artículo 1ero transitorio la norma sostiene: “Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981”. Además se entregan dos años de plazo a contar de la entrada en vigencia de la Nueva Constitución para la “restitución” de las aguas por parte del sector privado.

  • Sólo en “casos excepcionales” los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua serían indemnizados. No se detalla cuáles serían esos casos.

SNA en alerta: “Estamos en estado de alerta y haremos todo lo posible y también lo que a veces pueda parecer imposible para que esta eventual norma no sea un artículo de la Constitución de Chile”, advierte de entrada, Cristian Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

  • El también presidente de la Asociación Talagante de Rodeo dice que “el Estado no puede administrar las cuencas con eficiencia a su costos”, como hoy lo hacen los privados a través de las asociaciones de regantes y grupos de agricultores que cada año mantienen  los cauces, distribuyen las aguas y realizan obras de construcción o reparación para cuidar el recurso.

El 10% del PIB: “Si nos dejan sin derechos de agua, el Estado tendrá que avalar los bancos y hacerse cargos de las limpias, etc. Vemos muy difícil que lo puedan administrar y no aceptaremos que nos expropien sin indemnización y si ello llegara a suceder, estamos hablando de más de U$ 20.000 millones”, agrega.

  • Reconoce eso sí que si el Estado se hace cargo de la preservación y sustentabilidad de las cuencas como indica el proyecto de nuevas normas “debería beneficiarnos, ya que el Estado dispondrá de recursos para su mejor operación, en el caso de que hay que hacer obras para las entregas de aguas a los canales de forma mas segura y con menos perdidas”

El equivalente a siete líneas: Para hacerse una idea: el proyecto de la futura Línea 7 del Metro de Santiago, una de las más grandes y complejas, que unirá las comuna de Renca y Vitacura, requerirá de una inversión de US$ 2.528 millones. Es decir solo el pago de los US$ 20 mil millones en indemnizaciones por el agua equivaldría a financiar otras siete líneas 7,  trazado de 26 kilómetros que cruzará subterráneamente las comunas de Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago y Providencia, para llegar finalmente hasta Vitacura.

Escenario preocupante: “Los constituyentes no tienen idea del riesgo que se correría con una norma así  (la desprivatización), además es una expropiación muy clara”, afirma el dirigente gremial. A su juicio, en todos los escenarios el cambio es preocupante para el sector, “ya que al no tener certeza o ser propietarios de un derecho quedamos muy susceptibles e inseguros  para poder hacer las inversiones necesarias como también optar a créditos y capital de trabajo tan necesarios para llevar adelante una siembra o una plantación ya que en general la agricultura necesita de mucho capital por hectárea para poder operar anualmente”, sostiene.

Auditorías a los TLC: Chile es uno de los principales exportadores de productos agrícolas en el mundo, especialmente frutas. Durante la temporada 2020-2021 las exportaciones de frutas chilenas alcanzaron a 2.567.717 toneladas enviadas a los diferentes mercados del mundo.

  • Por ello el sector ve con intranquilidad, la norma que audita los Tratados de Libre Comercio vigentes. “Si fuera solo auditar, no hay problema, pero cuál sería el foco de la auditoría?. ¿Sería para mejorarlos ,cambiarlos ,eliminarlos?, se pregunta el dirigente gremial.

Acceso a la alimentación: El 8% de las exportaciones chilenas son productos agrícolas. Las cinco principales regiones agroexportadoras del país son la IV, V, VI, VII y RM y en la Convención también se discute asegurar el acceso a la alimentación como un derecho. “Queremos que lo que quede redactado en la Nueva Constitución es que todas las personas del país tengan derecho a acceder a alimentos y eso significa que también los agricultores tendremos la obligación de producir alimentos para que la población los pueda tener de forma justa”, añade Allendes.

Influir en la discusión: Según Allendes el sector está tendiendo “puentes con los convencionales” para  entregarles antecedentes técnicos, siempre privilegiando el consumo humano y la producción de alimentos.

 

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