La alcaldesa presentó este viernes una acción penal contra quienes resulten responsables de falsificación de instrumento público y privado, donde individualiza a 3 funcionarios y directivos de la comuna que habrían tenido participación, en distinto grado, en el cambio de fecha del contrato con el que se concretó la compra del paño para levantar el tercer Centro de Salud Familiar de la comuna. El caso constituye la mayor crisis en los 2 años de gestión de Peñaloza y ha derivado en enfrentamientos entre concejales de Chile Vamos y Republicanos en el Concejo Municipal.
En qué fijarse. Este viernes el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago recibió una querella interpuesta por la alcaldesa UDI Daniela Peñaloza a nombre de la Municipalidad de Las Condes, acusando que en el proceso de compra de los terrenos para levantar un tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna, se cometieron los delitos de falsificación de instrumento público y privado.
- La acción penal está dirigida contra quienes resulten responsables, pero individualiza a 3 funcionarios y directivos de la comuna que habrían tenido participación, en distinto grado, en el cambio de fecha del contrato con el que se concretó la compra.
- En concreto se acusa que en el contrato del 13 de marzo de 2022 se consigna un listado de propiedades a adquirir que la empresa Vulcon Asset Management SpA sólo individualizó en junio de ese año, mientras que en el decreto del 15 de marzo se detalla correctamente la información que estaba disponible en febrero de 2022.
- El caso —que constituye la mayor crisis en sus 2 años de gestión— se remonta al 22 de marzo, cuando los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex UDI) y Leonardo Prat y Sergio Melnick (ambos ind.-Republicanos), acusaron un supuesto pago de sobreprecio por el paño y la adulteración de actas del Concejo. Paralelamente, la concejala de Republicanos Catalina Ugarte hizo una presentación en Contraloría.
- Dos meses más tarde el caso alcanzó notoriedad a nivel nacional, cuando el 25 de mayo la Policía de Investigaciones allanó el municipio en búsqueda de los computadores de varios directivos.
- El secretario de Planificación Alejandro Contreras renunció en junio acusando haber sido injustamente involucrado en la causa. En el marco de esa investigación se conoció también que figuraba como imputado por cohecho en el caso Luminarias, en que se indagan irregularidades en licitaciones para sistemas led con municipios del país.
- El socio de la gestora inmobiliaria Vulcon Asset, Paul Capdeville, reveló ese mes a Ex-Ante cómo ocurrió el supuesto pago de sobreprecio que acusan los concejales, y que él descartó.
- Dijo que el equipo jurídico municipal, encabezado entonces por Patricio Navarrete, les propuso una fórmula denominada “9 +1”, que consistía en que la empresa comprara una de las 10 casas del paño que ofrecían y luego se la vendieran al municipio casi al doble del precio adquirido, con el fin de cobrar su comisión.
- Lo anterior, respetando las 68 UF por metro cuadrado acordados por el paño, que es inferior al promedio del sector, que supera las 80 UF por metro cuadrado, mostraron documentos exhibidos por la empresa. La casa fue comprada por Vulcon en 12.144 UF (más de $400 millones de pesos) y vendida al municipio en 24.280 UF, casi el doble.
- La alcaldesa pidió la renuncia anticipada a Navarrete, quien iba a acogerse a retiro.
- En julio los concejales pidieron a Contraloría aclarar la legalidad del informe jurídico sobre el caso encargado por la alcaldesa Peñaloza al estudio Albagli Zaliasnik (AZ), consignó Meganoticias. Ese mes el director de control municipal Eduardo López Arriagada envió un informe al concejal Melnick criticando ese reporte, donde él es cuestionado.
- Este viernes, Peñaloza comunicó a los concejales la presentación de la querella.
El Concejo. “El día 10 de marzo de 2022, a las 15.30 horas, se realizó la Sesión Ordinaria N° 1101 del Concejo Municipal, en la cual se aprobó la adquisición de los inmuebles correspondientes a Inmobiliaria FG Oriente II SpA y a Vulcon Asset Management, para la creación de un nuevo Cesfam para la comuna, por un monto total de hasta 353.956 Unidades de Fomento, más el pago del respectivo corretaje, equivalente al 1,5% del valor de la compra; y se autorizó la firma de las Promesas de Compraventa por parte de la Municipalidad”, detalló la querella.
- El paño comprado estaba en calles Nueva Delhi y Manquehue Sur.
Las irregularidades que denuncia la querella. “Durante todo el proceso de adquisición de los inmuebles se suscribieron y dictaron por la Municipalidad diversos instrumentos y actos administrativos, debiendo poner la atención en los siguientes, puesto que son los que dan origen a esta querella”:
- El decreto. “Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N°880, fechado el 15 de marzo de 2022, que aprobó el contrato de corretaje que suscribió la Municipalidad de Las Condes y Vulcon Asset Management SpA”.
- El contrato. “Contrato de Corretaje que suscribió la Municipalidad de Las Condes y Vulcon Asset Management SpA, fechado el 13 de marzo de 2022”.
- La discrepancia de fechas. “En el marco de la investigación contratada por la Municipalidad al Estudio Jurídico Albagli Zaliasnik S.A., tendiente a revisar el proceso de adquisición de los inmuebles para la ejecución del proyecto del nuevo Cesfam de la comuna, se tomó conocimiento de que las propiedades singularizadas en el citado Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N°880, supuestamente dictado con fecha 15 de marzo de 2022, son aquellas correspondientes a la Carta de Oferta de fecha 23 de febrero de 2022, mientras que las singularizadas en el Contrato de Corretaje, suscrito supuestamente el 13 de marzo de 2022 (día domingo), son aquellas individualizadas en la Carta de Oferta del mes de junio remitida por Vulcon Asset Management SpA, existiendo esta discordancia pese a que el referido decreto tenía por objeto aprobar el comentado contrato”.
- Sin registro computacional. “El referido Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N°880, supuestamente dictado el 15 de marzo de 2022, no registra ingreso a esa fecha en el sistema (computacional) OFPA, lo que haría presumir que este no fue dictado el 15 de marzo de 2022, sino que el 30 de diciembre de ese mismo año, haciendo uso de un número de decreto alcaldicio que no habría sido dictado”.
- Hipótesis sobre la inconsistencia. “Lo anterior explicaría por qué en la cláusula cuarta del contrato que se aprueba por este acto administrativo contiene la singularización de las propiedades que finalmente adquirió la Municipalidad y respecto de las cuales se tomó conocimiento recién el día 21 de junio, según da cuenta la carta de oferta enviada por la empresa Vulcon Asset Management a la Municipalidad”.
- No hay registro de ingreso al edificio ese día. “Efectuadas las consultas a la Oficina de Atención al Vecino de la Municipalidad, quienes llevan el registro y control de ingreso de personas al Edificio Consistorial de la Municipalidad de Las Condes (…) no se visualiza el cómo podría haberse firmado el contrato de corretaje (fechado el 13 de marzo de 2022) y dictado el Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N°880, fechado el 15 de marzo de 2022, sin que quienes debían firmar el primero de los referidos instrumentos hayan siquiera ingresado a la Municipalidad en el mes de marzo”.
- Reunión con Vulcon. “El 07 de julio de 2023, el Sr. Administrador Municipal, Juan Manuel Masferrer Vidal, recibió a los Sres. Nello Travisany y Paul Capdeville, representantes de Vulcon Asset Management, quienes solicitaron audiencia conforme dispone la Ley N°20.730. En esta audiencia, ambos afirmaron haber suscrito el mencionado Contrato de Corretaje en el mes de diciembre del año 2022 y no en marzo como se ha pretendido hacer creer”.
- Funcionarios involucrados. “Los funcionarios involucrados en los procesos de firma y visaje de estos documentos son: don Osvaldo López Arriagada, en su calidad de director subrogante de la Dirección Jurídica, y Cristian Loustalot Ovalle por la Dirección de Control, además de Juan Ignacio Jaramillo, exadministrador municipal quien firma el decreto”.
- Otros participantes. “Además de lo anterior se debe tener presente en la investigación la reunión realizada en oficinas del Administrador Municipal durante el mes de mayo, donde participaron: Alejandro Contreras Morales, Nicolás Lucero Letelier, Juan Ignacio Jaramillo Michaelis, Osvaldo López Arriagada, Cristian Loustalot Ovalle y Eduardo López Arriagada, todos funcionarios municipales a esa fecha”.
- Presunto reconocimiento. “(Fue en ésta) reunión en la cual el Director de Control, Señor Eduardo López Arriagada, reconoció la adulteración del Decreto y señaló estar en conocimiento de ello, aun cuando, extrañamente, no viso los citados documentos”.
Solicitud de diligencias. En la querella se pide citar a declarar a 8 personas, sin precisar si en calidad de imputados o testigos. Estos son:
- Alejandro Contreras Morales, ex secretario de planificación.
- Juan Ignacio Jaramillo Michaelis, exadministrador municipal.
- Osvaldo López Arriagada, entonces director jurídico subrogante.
- Cristian Loustalot Ovalle, de la dirección de control.
- También se pidió citar a los funcionarios Eduardo López Arriagada, Francisco Aguayo Araneda y Luis Espinosa Novoa. También se pide citar al actual jefe jurídico Nicolás Lucero, quien firmó el patrocinio por la querella.
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