La inminente aprobación del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), conocido como de proyecto de ley de “permisología”, representa una buena noticia, ya que contribuirá a eliminar barreras a la inversión, algo necesario en el actual contexto de estancamiento económico del país. Se estima que los tiempos para obtener autorizaciones se reducirán, en promedio, en un 30%, y se busca avanzar hacia un sistema con mayores certezas jurídicas.
No obstante, esta iniciativa, por sí sola, no basta para abordar de forma integral los desafíos que plantea la “permisología”, por lo que será indispensable continuar trabajando para destrabar nudos críticos.
Además, se echa de menos una visión sistémica que permita establecer una política regulatoria coherente entre el conjunto de proyectos de ley vinculados a la entrega de permisos y que se discuten en paralelo; a saber: el de modernización al SEIA, el de mejoramiento de la institucionalidad patrimonial (que modifica el Consejo de Monumentos Nacionales), el de concesiones marítimas y borde costero, y el que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas. Esta fragmentación no solo dificulta la implementación de cambios efectivos, sino que también erosiona la posibilidad de avanzar hacia una gobernanza más clara, moderna y legítima en materia de permisos.
Sin una perspectiva integrada que articule el desarrollo de actividades productivas con la debida protección a los distintos objetos de interés sectorial, las colisiones seguirán ocurriendo y los extensos tiempos de tramitación renacerán.
La discusión no debe centrarse en eliminar los permisos, sino en mejorar su diseño y aplicación para que cumplan efectivamente su propósito sin transformarse en obstáculos arbitrarios para el desarrollo. Pretender ignorar la defensa que cada sector hace de sus valores es irreal y antidemocrático.
Resulta tan violento jactarse de poder sumar 2000 días a cualquier proceso de evaluación ambiental, como proponer eliminar las instancias de protección de bienes que, a través de métodos democráticos, se ha decidido preservar. Las estrategias radicales suelen ser populistas e impracticables.
Para alcanzar un equilibrio se requiere avanzar hacia un sistema más coherente, predecible y eficiente, sin renunciar a los estándares de protección y sin imponer cargas innecesarias. Para estos efectos, es fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional, clarificar las competencias de los órganos públicos involucrados y revisar críticamente los cuellos de botella que no aportan valor agregado para el resguardo ambiental, patrimonial o territorial.
Por otro lado, cuando se rechazan las inversiones se olvida que la protección del patrimonio ya sea natural o cultural exige no solo voluntad política, sino también un aumento sostenido de los recursos destinados a su resguardo.
La magnitud del problema sugiere que no existe una solución única ni de corto plazo, pues la multiplicidad y diversidad de aristas indican que es necesario un trabajo minucioso para lograr propuestas que permitan un desarrollo sustentable.
La visión exclusivamente económica del fenómeno, centrada en mejoras en la gestión, no será suficiente y, tampoco el impulso de medidas normativas que no son capaces de comprender no solo la tensión evidente, sino la oportunidad que supone construir una mirada común.
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