Qué observar. Cerca de la medianoche de este jueves quedó terminado el escrito de 145 páginas firmado por el ministro Giorgio Jackson, en que respondió a la acusación constitucional presentada este mes por el Partido Republicano en contra del exministro secretario general de la Presidencia y actual jefe de la cartera de Desarrollo Social.
El rol de Jackson en Plan Buen Vivir. El 23 de septiembre —tras el cambio de gabinete realizado por el Presidente Boric luego del rechazo de la propuesta de la Convención—, el entonces nuevo ministro de Desarrollo Social viajó a La Araucanía.
Qué dijo en el escrito. En el documento enviado a la cámara, Jackson entregó una versión distinta de su rol en el plan Buen Vivir, del que tomó distancia. A continuación, sus dichos, consignados en la página 38.
Su origen. “Se me imputa responsabilidad entre otras materias, por el desarrollo del ‘Plan Buen Vivir’. Este plan de gobierno fue anunciado en su momento por la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches Pastén, como una forma de demostrar el compromiso del Gobierno con los pueblos indígenas, reconociendo, además, la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche”.
Su objetivo. “A través de este programa se buscaba dar una respuesta global a un conflicto intercultural presente en el sur de nuestro país, considerando tanto la variable seguridad como la mejora en la calidad de vida de las y los habitantes de las regiones comprometidas, pertenecientes o no al pueblo mapuche”.
Su participación. “Este plan tiene por objeto propender a la coordinación de múltiples carteras estatales para el logro de los fines que persigue. En consecuencia, esta cartera de Estado, y desde sus orígenes, no se encontraba a cargo de coordinar y llevar a cabo el Plan Buen Vivir, sino que se trata de un programa de gobierno en que intervienen múltiples instituciones de la Administración del Estado y en el cual no he tenido participación directa y personal”.
Responsabilidad política. “La ‘salida’ del Ministerio de Desarrollo Social del liderazgo del ‘Plan Buen Vivir’ se interpreta como un despojo de su poder como autoridad, pero ignora la posición estratégica que tiene el ministerio Secretaría General de la Presidencia para impulsar un plan que requiere de la coordinación de todos los ministerios. Se trata, además, de una decisión política que no debería ser enjuiciada mediante una acusación constitucional”, escribió en la página 22.
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