Qué observar. La votación en particular de este martes del proyecto de ley de usurpaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados se había prorrogado ya en tres ocasiones.
En detalle. Con esos lineamientos, y la ministra Carolina Tohá impulsándolos, los parlamentarios llegaron este martes a la sala de la Cámara de Diputados.
1. La primera indicación planteaba realizar una distinción entre una usurpación violenta y no violenta para efectos de las penas, y no que no existiera una diferencia, como lo propuso la comisión de Seguridad. El resultado fue 41 votos a favor, 76 en contra y 24 abstenciones. De estos últimos, 22 fueron de Apruebo Dignidad.
2. La segunda indicación buscaba que cuando una usurpación se lleve a cabo sin violencia o intimidación en las personas, la pena sea de una multa de 6 a 10 UTM y no de cárcel, como propuso la oposición. En este punto el oficialismo actúo alineado, pero solo obtuvieron 59 votos a favor. En contraste, hubo 74 sufragios en contra y 8 abstenciones, no contando con el apoyo de la DC, el CDU y el PDG (los llamados partidos bisagra).
3. La tercera indicación era para que aquellas usurpaciones que fueran sin violencia en las personas, pero que causaran daño en las cosas, tuvieran una multa de hasta 40 UTM. Acá el Ejecutivo, en una indicación de su autoría, obtuvo sólo 24 votos favorables, todos del Socialismo Democrático. En cambio, hubo 111 votos en contra y 6 abstenciones.
4. La cuarta indicación buscaba atenuar la detención ciudadana y reforzar el rol de las policías. El artículo tuvo solo 53 votos a favor, 73 en contra y 16 abstenciones, 15 de las cuales fueron de Apruebo Dignidad.
5. La única indicación que logró aprobar el Ejecutivo (y que contó con el oficialismo alineado) fue un artículo transitorio que plantea que las personas que forman parte de un campamento incluido en el catastro nacional vigente al 1 de marzo de 2024, no pueden ser detenidas. En este caso hubo 75 votos a favor, 51 en contra y 15 abstenciones.
La molestia del PPD. Los descuelgues de Apruebo Dignidad comenzaron el 10 de agosto, cuando el proyecto se votó en general.
La postura del gobierno. En La Moneda tienen una mirada crítica con parte del proyecto, básicamente, porque permite la legítima defensa privilegiada siempre que el inmueble esté tomado, la detención ciudadana y tiene un marco rígido de penas, independiente de si la toma fuera violenta o no.
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