La ley de usurpaciones golpea a Tohá y agita las aguas en el oficialismo

Luego de sucesivas prórrogas, la Cámara de Diputadas y Diputados votó en particular el proyecto de ley que busca establecer las usurpaciones como un delito de flagrancia permanente. La iniciativa, que forma parte del fast track legislativo en seguridad que comprometió hace meses el gobierno y el Congreso, ha generado un tenso debate entre el Ejecutivo y la oposición. El problema es que esta vez el golpe para el gobierno vino desde sus propias filas: de las 5 indicaciones renovadas por parte de La Moneda, 3 fueron rechazadas por Apruebo Dignidad. En el PPD apuntan a que hay una crisis en el oficialismo en temas de seguridad y cuestionan al FA-PC.

Qué observar. La votación en particular de este martes del proyecto de ley de usurpaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados se había prorrogado ya en tres ocasiones.

• La iniciativa no era del agrado del oficialismo en su conjunto, pero desde La Moneda le habían pedido a los diputados que forman parte de los partidos de gobierno que apoyaran varios puntos del proyecto, del que también el Ejecutivo ha sido crítico.
• En este caso, entre otras cosas, la administración Boric quería que se respaldara el transformar las usurpaciones en delito, que hasta ahora son una falta; y que sean de ejecución permanente (como los secuestros), vale decir, que la flagrancia dure todo el tiempo en que un inmueble esté usurpado y no solo 12 horas.

En detalle. Con esos lineamientos, y la ministra Carolina Tohá impulsándolos, los parlamentarios llegaron este martes a la sala de la Cámara de Diputados.

• En el Congreso circulaba una minuta con solicitudes expresas por parte del Ejecutivo. Se trataba de aprobar 5 indicaciones que repuso el gobierno en el hemiciclo.
• El problema fue que, de esas 5 indicaciones, Apruebo Dignidad sólo apoyó 2.

1. La primera indicación planteaba realizar una distinción entre una usurpación violenta y no violenta para efectos de las penas, y no que no existiera una diferencia, como lo propuso la comisión de Seguridad. El resultado fue 41 votos a favor, 76 en contra y 24 abstenciones. De estos últimos, 22 fueron de Apruebo Dignidad.

2. La segunda indicación buscaba que cuando una usurpación se lleve a cabo sin violencia o intimidación en las personas, la pena sea de una multa de 6 a 10 UTM y no de cárcel, como propuso la oposición. En este punto el oficialismo actúo alineado, pero solo obtuvieron 59 votos a favor. En contraste, hubo 74 sufragios en contra y 8 abstenciones, no contando con el apoyo de la DC, el CDU y el PDG (los llamados partidos bisagra).

3. La tercera indicación era para que aquellas usurpaciones que fueran sin violencia en las personas, pero que causaran daño en las cosas, tuvieran una multa de hasta 40 UTM. Acá el Ejecutivo, en una indicación de su autoría, obtuvo sólo 24 votos favorables, todos del Socialismo Democrático. En cambio, hubo 111 votos en contra y 6 abstenciones.

4. La cuarta indicación buscaba atenuar la detención ciudadana y reforzar el rol de las policías. El artículo tuvo solo 53 votos a favor, 73 en contra y 16 abstenciones, 15 de las cuales fueron de Apruebo Dignidad.

5. La única indicación que logró aprobar el Ejecutivo (y que contó con el oficialismo alineado) fue un artículo transitorio que plantea que las personas que forman parte de un campamento incluido en el catastro nacional vigente al 1 de marzo de 2024, no pueden ser detenidas. En este caso hubo 75 votos a favor, 51 en contra y 15 abstenciones.

La molestia del PPD. Los descuelgues de Apruebo Dignidad comenzaron el 10 de agosto, cuando el proyecto se votó en general.

• Para entonces se aprobó con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.
• Ningún diputado de Apruebo Dignidad aprobó la idea de legislar, dos diputados del Socialismo Democrático votaron en contra y 2 de ellos se abstuvieron.
• Se trató probablemente del punto de partida de la molestia de los diputados de la bancada de independientes del PPD, que este martes se acrecentó tras la votación en la Cámara.
• “Apruebo Dignidad vota en contra todo lo que habíamos acordado votar de una forma, entonces uno espera gestos mínimos de lealtad”, dijo el diputado ind. PPD Jaime Araya. “No puede ser que una indicación del Presidente de la República tenga 24 votos. Ese es el apoyo que el Presidente tiene en el Parlamento”.
• Por su parte, Raúl Soto (PPD) planteó que “nos declaramos desde la perspectiva de los proyectos de seguridad en absoluta reflexión porque aquí no hay capacidad de parte del propio gobierno de ordenar sus filas”.  “No solo se tiene que pronunciar la vocera, sino que también la Segpres y la subsecretaría de Interior, que tienen que estar más presentes en los acuerdos políticos y legislativos”.
• “Por lo menos, en materia de seguridad, hay una crisis” entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, añadió Héctor Ulloa (ind. PPD).

La postura del gobierno. En La Moneda tienen una mirada crítica con parte del proyecto, básicamente, porque permite la legítima defensa privilegiada siempre que el inmueble esté tomado, la detención ciudadana y tiene un marco rígido de penas, independiente de si la toma fuera violenta o no.

• El miércoles de la semana pasada, la ministra Tohá fue enfática en decir que “el Presidente está de acuerdo” en transformar la toma de terrenos en delito, que sea de ejecución permanente y que se establezca una excepción para los campamentos que son parte del catastro nacional.
• Pero, del mismo modo, añadió: “Todos saben en esta sala, todos, que se requiere una nueva legislación, que la actual no es suficiente para enfrentar los problemas que tenemos y todos saben en esta sala que el proyecto así como está, está mal. No un poco mal, pésimo. Todos reconocen que aquí hay cosas que no son presentables”.
• El problema, dicen fuentes del oficialismo, es que la estrategia del Ejecutivo ha sido errática.
• Cuando el proyecto se discutió por primera vez en el Senado, la lógica de La Moneda fue “arreglar” la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, algo que dicen diversos consultados, no ha funcionado.
• Ahora incluso acusan al gobierno de abandonar la discusión. Ejemplo de ello, dicen, es que este martes Tohá se retiró de la sala antes de que comenzara la votación y solo quedó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que nadie tenía que ver con el tema. Solo estaba presente porque poco después se debía votar un proyecto relacionado con su cartera.

Lo que viene. La discusión continuará en el Senado y este miércoles se discute en tercer trámite constitucional. Ahí la estrategia del Ejecutivo es clara, pero compleja: forzar una comisión mixta.

• Si la iniciativa se aprueba con los puntos que generan incomodidad en La Moneda, la opción de vetar la ley está sobre la mesa e incluso de recurrir al Tribunal Constitucional.