En 2022, a seis meses de haber asumido como Presidente, Gabriel Boric negó que la delincuencia iba en alza en Chile. Confrontado por una periodista, que le mostró datos duros con respecto al aumento exponencial de algunas cifras como homicidios y robo de auto con violencia, el Presidente respondió que era “Cherry-Picking”. Su intención, presumiblemente, era demostrar que bajo su gobierno la tendencia se había revertido y que se había controlado la inseguridad —cosa que no habría hecho el gobierno anterior— en tan solo unos pocos meses.
Por lo pronto, esto revela un error táctico. Pudiendo haber aceptado las cifras de la periodista, que por cierto eran correctas, podría haber insistido en la idea de que la tendencia venía del gobierno anterior y que su gobierno tendría que obligadamente gestionar una crisis de otros. Pero al desconocer la crisis de entrada, abrió la cancha para hoy plantear la idea de que si no había crisis en agosto de 2022 (como dijo en la entrevista), pero sí la hay en marzo de 2025 (razón por la que crea el Ministerio de Seguridad), la crisis se tiene que haber originado y profundizado en este gobierno.
Pero también es un error más profundo, pues al haber desconocido la crisis el Presidente no solo se mandó un mensaje potente al crimen organizado de que había mano blanda, sino que también a las mismas fuerzas del orden, que no tendrían respaldo político para ejercer sus labores sin el miedo de sufrir represalias laborales o judiciales.
Así, es evidente que el error del “Cherry-Picking” es una mezcla entre dos cosas: estrategia y dejación. A solo un mes del plebiscito de salida, es obvio que el Presidente no quería admitir que las cosas se siguieron deteriorando bajo su mandato. Probablemente, trató de estirar la noción de que era posible conducir una reforma incluso bajo condiciones extremas. Pero, al mismo tiempo, es obvio que tampoco tenía la voluntad de curvar el asunto, si una vez rechazado el plebiscito, tampoco decidió por darle más auge al asunto. De hecho, la inseguridad terminó subiendo tanto que finalmente hubo que crearle un nuevo ministerio.
Todo esto abre una pregunta más profunda sobre el rol del Estado en combatir la crisis de seguridad que ya es obvio que está echando raíces profundas. Pues lo que ocurre en Chile no se resolverá probablemente ni en este gobierno ni en el próximo. Es un tipo de delincuencia que se está arraigando en la cultura y que traspasará generaciones. Es, también, una violencia que no se erradicará con poder de fuego, ni ninguno de los instrumentos tradicionales.
El asesinato de los tres Carabineros quemados en Arauco, o el secuestro, tortura y homicidio del Teniente Ojeda en Santiago demuestra que en Chile se perdió el respeto por la autoridad, así como también la sensibilidad. Y aunque metan a la cárcel a quienes cometieron los horrendos delitos, la situación persistirá. De hecho, probablemente empeorará cuando el mismo ajusticiamiento sirva para crear más sospecha entre grupos marginales o mafias organizadas sobre el rol del Estado en la crisis.
Puede ser que el nuevo Ministerio vaya en la dirección correcta, porque es evidente que la infraestructura actual no da el ancho. Pero hay una contradicción subyacente, y es que, si no se cambia la actitud frente a la crisis, el nuevo Ministerio será más de lo mismo. Si no hay voluntad política para hacerse cargo del asunto y aplicar todos los instrumentos que permite la ley (desde la deportación a la inmunidad para fuerzas del orden), entonces se seguirá obteniendo el mismo resultado, provocando incluso más frustración de la que ya hay.
Por ejemplo, el gobierno puede manifestar toda su disposición a proteger las fronteras y no permitirle la entrada a migrantes ilegales (que no respetan la legislación migratoria chilena), pero si la entrada al país depende de tener o no impresoras en la frontera, como sostuvo el jefe del servicio de migración y reiteró un diputado oficialista después, entonces es evidente que de nada sirve la buena voluntad de querer hacerse cargo.
Esto desnuda una ironía imposible de ignorar, y es que, de una forma u otra, la creación del nuevo Ministerio no es hacerse cargo de la crisis, es normalizarla. Es aceptar que la batalla contra la crisis de seguridad se perdió. Es como con la decisión de poner una cárcel que se demorará 10 años en construir. No es hacerse cargo de la crisis, es ampliar el número de cupos para delincuentes. En fin, tanto el nuevo Ministerio de Seguridad como la nueva cárcel pueden ser buenas ideas, pero no hay que olvidar que no son más que herramientas. Lo que se necesita para resolver la crisis de seguridad no son herramientas es decisión y voluntad política.
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