Chile entendió hace décadas que proteger la propiedad intelectual no era un lujo jurídico, sino una condición básica para incentivar la creatividad, la inversión y el desarrollo de industrias formales. La protección de marcas, patentes, derechos de autor y conexos, junto con una institucionalidad robusta, permitió construir certezas para quienes crean, innovan y emprenden.
No ocurrió lo mismo en países donde la informalidad y la piratería terminaron normalizando la apropiación de creaciones ajenas, debilitando industrias completas y erosionando el valor del trabajo intelectual.
Por eso preocupa que hoy algunos pretendan relativizar un fenómeno similar en el ámbito de los medios de comunicación y de la producción profesional de información. La pregunta de fondo es simple: ¿seguiremos reconociendo valor al trabajo intelectual que sostiene el periodismo o normalizaremos modelos donde terceros capturan ese valor sin autorización ni retribución?
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha advertido que parte importante de la industria del “clipping” -que históricamente ha intentado ubicarse artificialmente en el espacio del “dato informativo libre”, cuando en realidad gran parte de su actividad económica descansa precisamente en la explotación de contenidos editoriales ajenos elaborados profesionalmente- operaría sin las licencias necesarias, transformando contenidos periodísticos en activos comerciales explotados por terceros.
En este punto conviene hacer una precisión jurídica: la Convención de Berna excluye de protección la “noticia del día” entendida como hecho puro, o mera información carente de originalidad, lo que evidentemente no significa que el trabajo periodístico quede libre de protección.
La investigación, selección, edición y forma de presentar la información pueden constituir una creación protegida cuya reproducción requiere autorización. Detrás de cada noticia existe trabajo profesional, inversión, criterio editorial y desarrollo empresarial.
El problema no es tecnológico. Tampoco consiste en limitar el acceso a la información -la libertad de información garantiza que nadie pueda monopolizar los hechos, pero no autoriza la reproducción sistemática y no remunerada del trabajo intelectual ajeno-. El verdadero debate es si resulta aceptable construir modelos de negocio utilizando contenido ajeno sin autorización de quienes lo producen.
En diversos países, entre ellos Canadá y Australia donde se reguló un mecanismo de licencias colectivas entre las partes interesadas y la Unión Europea mediante la consolidación de los llamados “derechos conexos de los editores de prensa” se ha comenzado a exigir que plataformas digitales y servicios de agregación retribuyan económicamente la utilización de contenidos periodísticos protegidos.
En definitiva, lo que se ha entendido en el mundo, es que la explotación digital sistemática de contenidos periodísticos dejó de ser una actividad marginal para transformarse en un modelo económico autónomo construido sobre inversión editorial ajena y en ese entendido es que debemos avanzar, ya sea mediante mecanismos de autorización, o licencias, o sistemas de compensación legal.
Ahora, toda esta discusión, absolutamente necesaria, resulta insuficiente a la luz de la irrupción de sistemas de inteligencia artificial generativa y agentica que redefinen completamente la escala del asunto: la discusión no se limita ya a servicios de clipping que redistribuyen contenidos periodísticos, sino a modelos capaces de absorber, procesar y reutilizar masivamente producción editorial protegida para ofrecer al usuario respuestas autónomas y sustitutivas de la consulta directa a la fuente periodística.
En ese contexto, el riesgo deja de ser únicamente la reproducción no autorizada y pasa a ser la progresiva marginación económica de la prensa profesional: el usuario obtiene la información producida por la IA, mientras la fuente original pierde tráfico, visibilidad y capacidad de monetización.
No existen medios robustos, investigación periodística ni pluralismo informativo sostenibles si el mercado termina premiando a quienes redistribuyen contenido antes que a quienes lo producen. Cuando la explotación comercial de información se desacopla de la creación original, se debilita precisamente aquello que permite que exista información profesional de calidad.
Cuando se normaliza la utilización comercial de contenido ajeno sin licencia ni contraprestación, no solo se perjudica a los medios de comunicación y a miles de periodistas. También se erosiona el pluralismo, la sostenibilidad de la prensa profesional y la capacidad de una sociedad de acceder a información seria, diversa y confiable.
La informalidad no solo destruye comercio formal o innovación tecnológica. También puede terminar debilitando aquello que sostiene una democracia sana: medios capaces de producir información independiente y profesional.
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Una solución humana y pragmática. Por Raúl Sáez.https://t.co/6498upkj2V
— Ex-Ante (@exantecl) May 13, 2026
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