Se ha instalado el debate sobre cómo retomar el crecimiento. Chile ha puesto el foco -con razón- en variables como inversión, productividad, la llamada “permisología”, y la carga tributaria, entre otros. Que duda hay de que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay un elemento menos visible, que rara vez ocupa el centro de la discusión, y que sin embargo es igual de determinante: la justicia civil.
Si queremos volver a crecer, debemos entender que la actualización de nuestro sistema de justicia es tan necesaria como cualquier otra reforma pro-inversión. Tan relevante como reducir tiempos de permisos o mejorar incentivos tributarios. Porque, en la práctica, la certeza jurídica —y en particular la capacidad de hacer cumplir contratos en tiempos razonables— es uno de los verdaderos “pilares” que sostienen la competitividad de un país.
Como han mostrado economistas como Douglass North, no hay desarrollo sostenido sin instituciones que aseguren derechos y estructuren los incentivos. En esa línea, el sistema judicial no es un complemento del crecimiento: es su infraestructura. Cuando funciona, permite que los acuerdos se ejecuten, que el crédito fluya y que la inversión se materialice. Cuando no, introduce incertidumbre, eleva costos y retrasa decisiones.
La evidencia comparada es clara. Países que han mejorado la eficiencia de sus sistemas judiciales han logrado aumentar la inversión, el acceso al financiamiento y la productividad (Colombia mejoró su doing business con la implementación de la Ley de Mediación Civil). No es casualidad. En economías complejas, donde los contratos son el vehículo de los negocios, la capacidad de resolver conflictos de manera oportuna y predecible es un factor decisivo.
En Chile, esta conversación ha comenzado a instalarse con mayor fuerza. El trabajo convocado por la CPC denominado “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile” -que reunió a más de 80 empresarios y expertos- fue claro en identificar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho como condiciones habilitantes del crecimiento. No basta con impulsar inversión o innovación si el entorno institucional no ofrece certezas. Donde hay incertidumbre, los proyectos se detienen y el capital busca destinos más estables .
Pero hay un punto que debemos asumir con mayor realismo: los conflictos son parte natural de las relaciones jurídicas y económicas. No son una anomalía, son la regla. Por lo mismo, la pregunta no es cómo evitarlos, sino cómo gestionarlos. Y ahí es donde el sistema de justicia se vuelve determinante.
Hoy, la justicia civil en Chile enfrenta un rezago evidente. Mientras otras áreas han sido modernizadas, el sistema civil sigue operando con estructuras y procedimientos que no responden a la complejidad actual. El resultado es conocido: procesos largos, altos costos e incertidumbre sobre los tiempos y resultados.
El diagnóstico no es nuevo. El Programa Reformas a la Justicia UC ha señalado con claridad que la modernización de la justicia civil es una tarea pendiente, y que su atraso impacta directamente en la confianza institucional y en el desarrollo económico . No se trata solo de mejorar la calidad del servicio de justicia, sino de generar condiciones básicas para que la economía funcione.
A pesar de ello, las reformas siguen detenidas. El nuevo Código Procesal Civil, junto con los proyectos que crean tribunales especializados y regulan la mediación civil y comercial, llevan años en tramitación sin avances sustantivos. Todos apuntan a lo mismo: procedimientos más ágiles, uso de tecnología, mayor certeza y mecanismos alternativos que permitan resolver conflictos antes de llegar a juicio.
Desde una perspectiva económica, el impacto de estas reformas es directo. Un sistema judicial eficiente reduce el riesgo de invertir, acorta los tiempos de recuperación de activos y mejora el acceso al crédito. En otras palabras, disminuye el costo de hacer negocios y aumenta la competitividad del país.
Pero además hay un efecto más profundo: la confianza. La percepción de que las reglas son claras, estables y exigibles es lo que permite que las decisiones económicas se tomen. Sin esa base, incluso las mejores políticas públicas pierden efectividad.
En este contexto, la justicia civil debe dejar de ser vista como un tema sectorial y pasar a entenderse como lo que es: infraestructura crítica para el desarrollo. Así como invertimos en carreteras, puertos o energía para hacer más atractivo invertir en Chile, debemos invertir —en sentido amplio— en un sistema judicial que responda a las necesidades de una economía moderna.
Porque competir por inversión no es solo ofrecer mejores impuestos o procesos más rápidos en la obtención de permisos. También es ofrecer certezas cuando las cosas no salen como se esperaba. Y eso, en cualquier economía, depende de sus tribunales.
Chile tiene hoy la oportunidad de avanzar en esa dirección. Los diagnósticos están hechos, las propuestas existen y los beneficios son evidentes. Lo que falta es asumir que esta reforma no es secundaria. Es estructural.
Porque, al final, no hay crecimiento sostenido sin reglas que se cumplan. Y no hay reglas que se cumplan sin una justicia que funcione.
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Regular para que se entienda. Por Nicole Winkler. https://t.co/y5Qjml3VRd
— Ex-Ante (@exantecl) April 15, 2026
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