La hoja de ruta del Frente Amplio para el proceso constitucional: Dilata elección de convencionales para abril y plebiscito de salida para después de 50 años del golpe

Tras la debacle electoral del Apruebo, el Frente Amplio optó por poner un freno a los tiempos propuestos por los senadores del PS-PPD que buscan que para el 11 de septiembre de 2023 se tenga una nueva Constitución. A continuación el documento completo.

Propuesta del Frente Amplio para desarrollo de proceso constituyente

“Entendiendo el desarrollo del proceso constituyente como un proceso trascendental para el camino de cambios que nuestro país exige y la búsqueda transversal por alcanzar una nueva carta magna representativa de los nuevos desafíos democráticos, económicos y políticos del país, es que el Frente Amplio presenta la base de lo que consideramos debe caracterizar un proceso constituyente democrático por una nueva constitución para Chile.

1. Nueva Constitución. Chile necesita de una nueva constitución escrita en democracia. El objetivo del proceso constituyente es dotar a Chile de una nueva Carta Magna, reconociendo el carácter obsoleto de la Constitución de 1980 que actualmente nos rige y el mandato popular expresado en el plebiscito nacional de octubre del año 2020.

2. Convención constitucional 100% electa, paritaria, con participación de independientes y escaños reservados para pueblos indígenas. Respetamos el mandato popular expresado en el plebiscito nacional de octubre del año 2020. La ciudadanía ha señalado que la nueva constitución debe realizarse mediante una Convención Constitucional 100% electa. Consideramos que no se puede retroceder respecto de los mínimos democráticos definidos en el proceso constituyente 2021-2022 donde el carácter paritario del órgano y la incorporación de los pueblos indígenas al debate nacional fueron imprescindibles para la legitimidad del proceso. Consideramos que las y los independientes son una legítima expresión de formas diversas de construcción política que deben poder ser parte del proceso mediante su incorporación en las listas conformadas para la elección de convencionales.

3. Convención constitucional breve. Considerando la extensión y profundidad del debate constitucional por el que ya atravesó nuestro país y la necesidad de entregar prontas certezas a la ciudadanía sobre el nuevo texto constitucional vigente, creemos que Chile debiese contar con un nuevo texto durante el año 2023 y el desarrollo de la Convención no debiese ser superior a 5 meses. Teniendo a la vista dicho objetivo es que proponemos realizar la elección de convencionales constituyentes durante el mes de abril, dar inicio a la Convención Constitucional en mayo y realizar el plebiscito ratificatorio en diciembre del 2023.

4. Hoja en blanco como punto de partida e insumos para el inicio del proceso. Manteniendo el criterio del acuerdo político del 15 de noviembre y considerando el carácter obsoleto de la Constitución de 1980 es que proponemos iniciar el debate desde Hoja en blanco, incorporando como insumos a la discusión los resultados del proceso deliberativo llevado a cabo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto de nueva constitución 2022 y los informes técnicos de las comisiones de la Convención Constitucional 2021-2022.

5. Comité técnico. Proponemos un comité técnico integrado por expert@s que cumplan estrictos estándares de idoneidad profesional y técnica elegidos por distintos actores de la institucionalidad nacional: los tres poderes del Estado, académicos/as, Municipalidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, Contraloría, entre otros. Este comité trabajará en 2 momentos y con 2 objetivos:

• a. Primer momento: preparación de la instalación de la nueva Convención Constitucional. Esto incluye la redacción del reglamento y la sistematización de los insumos que esta deberá tener en cuenta.
• b. Segundo momento: acompañamiento técnico durante todo el proceso de deliberación, redacción y armonización de la nueva propuesta.

6. Reglamento de funcionamiento de la Convención. Proponemos un reglamento ad hoc preparado previo a la instalación de la convención tomando como insumo el reglamento de la reciente CC, una evaluación de las dificultades procedimentales de su funcionamiento y los reglamentos de ambas cámaras, adaptándose a los nuevos plazos y necesidades de este órgano. Proponemos que se incluyan además las normas del Código de Conductas Parlamentarias propendiendo a su fortalecimiento, sanciones en caso de faltas graves, causales de cesación en el cargo y reglas de vacancia. La reforma constitucional que habilite el proceso constituyente deberá establecer que el Comité Técnico redactará el Reglamento de la nueva Convención, y deberá ser aprobado, previo al inicio del trabajo de la Convención, por el Congreso.

7. Participación ciudadana. Proponemos la creación de mecanismos de participación ciudadana a cargo del gobierno y las Municipalidades donde se considere al menos la realización de una consulta ciudadana de priorización de temas a regular en la nueva constitución.

8. Inhabilidades. Proponemos que no existan inhabilidades de postulación a la convención para cargos de elección popular, debiendo suspender temporalmente el cargo durante el desarrollo de la campaña, ni inhabilidades para dirigentes sociales, a fin de recoger experiencias políticas y de liderazgo social. Consideramos que el nuevo proceso constituyente necesita conducción y experiencia para posibilitar acuerdos transversales que concluyan exitosamente en una nueva Constitución para Chile.

9. Rol de la Biblioteca del Congreso Nacional. Proponemos incorporar a la BCN como órgano a disposición de los convencionales integrantes de la Convención Constitucional para la provisión de los mismos servicios que ofrecen a los parlamentarios/as, pudiendo brindar capacitación previa a los convencionales electos sobre las principales materias de discusión constitucional.

10. Relación de la Convención con los poderes constituidos. Proponemos establecer expresamente el rol de difusión del trabajo de la convención a Gobierno y municipalidades durante todo el desarrollo de la convención, debiendo entregar además información relevante durante la campaña del plebiscito ratificatorio. Sugerimos además que el Gobierno se encargue de gestionar la administración de todo el proceso. Por último, proponemos que tanto el Gobierno como los Municipios deban ser escuchados en el marco de la deliberación de las comisiones”.