El ingeniero Cristián Bravo era un defensor de la segunda enmienda de Estados Unidos —que garantiza constitucionalmente el derecho de los civiles de poseer armas— que habría montado en Chile un negocio ilegal para hacerla realidad. Compraba pistolas y fusiles, las que importaba como “piezas metálicas y plásticas”, y luego armaba en su taller de Temuco. Creó un club de tiro donde promovía la autodefensa y captaba potenciales clientes. En mayo corrió como independiente para ser alcalde de Vichuquén y perdió. Al ser detenido dijo que colaboraría con la policía y entregó datos de 7 compradores: ninguno con apellidos mapuche ni domicilios en comunidades consideradas conflictivas por las policías. La fiscalía indaga si el caso puede contribuir a explicar el armamento de guerra presente en delitos de violencia rural.
La alerta: El 22 de noviembre, un fiscalizador del subdepartamento postal de Aduanas del Aeropuerto de Santiago recibió el aviso de que en una de las mercancías que revisaban había un contenido inusual. El cupón de expedición decía “piezas metálicas y plásticas”, pero al abrir las cajas y unir las partes, los funcionarios vieron que se trataba de 8 cargadores calibre 5.56, 2 cargadores de pistola, 2 cargadores de munición de guerra, 4 cargadores metálicos, 16 resortes para cargadores, 38 tapas plásticas para cargadores, 8 tapas metálicas y 1 cargador completo marca Mean well.
- El envío, proveniente de Estados Unidos, no detallaba que se trataba de cargadores de armas de fuego, por lo que alertaron de la situación a la Fiscalía Metropolitana Occidente, que dio la orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI).
- La PDI llegó al aeropuerto e incautó las piezas. También interrogó a los funcionarios de Aduanas y levantó la información sobre el importador.
El importador: Cristián Alejandro Bravo Cabezas era un ingeniero de 38 años, soltero, nacido en Concepción pero con domicilio en Temuco, sin antecedentes penales ni policiales previos. Tampoco era buscado por Interpol. Sí había salido de Chile recientemente. Había estado en Estados Unidos entre el 5 y 9 de noviembre.
- La Dirección General de Movilización Nacional informó que tenía 10 armas inscritas: 6 para uso deportivo (una carabina Inland calibre 30 milímetros, un fusil CZ calibre 223 y otro Daniels Defense M4 calibre 5.56, además de una escopeta Maverick y 2 pistolas); 2 como coleccionista (una pistola Norinco calibre 22 y un rifle Remington calibre 22) y 2 para defensa personal (una pistola CZ P-07 calibre 9×19 milímetros y otra Astra 300 calibre 9×17 milímetros).
- En Impuestos Internos registraba inicio de actividades como ingeniero, en 2009, y más recientemente, como otorgador servicios de seguridad privada, en 2019.
- En Dicom aparecían 4 sociedades vinculadas a su rut. Entre éstas, el Club de Tiro y Capacitaciones Bravo Spa. Un informe de la PDI enviado a la fiscalía precisó que éste correspondía al Club de Tiro Pehuén de Temuco.
- La página de Instagram del club de tiro, que hasta el martes 30 tenía 130 seguidores, parafrasea los principios de la segunda enmienda de Estados Unidos —que garantiza constitucionalmente el derecho de los civiles de poseer armas— con mensajes tanto en español como inglés. “If the government says you don’t need a gun, you need a gun” (“Si el gobierno dice que no necesitas un arma, necesitas un arma”), se puede leer en una de sus publicaciones, en inglés. “Wherever there are fascists, there is resistance” (donde sea que haya fascistas, hay resistencia), se lee en 2 viñetas. En la primera se ve el dibujo de 3 jóvenes encapuchados: uno lanzando un molotov, otro con una pistola y un tercero levantando un skate. En la segunda imagen se ve a una persona, con una rodilla apoyada en el piso, apuntando con un fusil.
- En redes sociales también figuran las páginas de su fallida campaña para convertirse en alcalde de Vichuquén, en el Maule, en las elecciones de mayo. Una de sus propuestas: el “estudio de la legislación y propuesta al concejo de un tributo especial a la gran industria forestal”. De acuerdo con los registros del Servicio Electoral, corrió como independiente y obtuvo 118 votos (un 2,98% de las preferencias).
La captura: La fiscalía Metropolitana Occidente obtuvo autorización para interceptar sus llamadas y usar 2 agentes encubiertos, los que llegaron a las 2pm del 25 de noviembre a su departamento en Temuco, haciéndose pasar como personal de Correos de Chile. Le entregaron la encomienda y lo detuvieron por cometer un delito flagrante.
- Bravo, consignó luego la PDI, autorizó el ingreso de los policías al departamento, donde encontraron 3 fusiles AR15 comprados en Estados Unidos, pero que están prohibidos en Chile para uso civil, así como una gran cantidad de munición y otras armas.
- Los policías observaron que en su bodega tenía un pequeño taller, presuntamente dedicado a la modificación de armas de fuego, donde había accesorios para armas y 3 chalecos antibalas.
- Cristián Bravo accedió a cooperar y declaro a la PDI que “en cuanto a su consulta debido a la tenencia ilegal de armas de fuego que mantengo en mi domicilio, debo indicar que son provenientes de Estados Unidos, las cuales interné mediante encomiendas, desarmándolas en partes”.
- También dio acceso a sus teléfonos y entregó datos de compradores de sus armas. Se identificó a 7 compradores de sus productos: ninguno con nombres o apellido mapuche ni residencias en comunidades en conflictos por tierra.
- El viernes 26 de noviembre, el fiscal Sergio Soto formalizó cargos en su contra por tráfico ilícito de armas y quedó en prisión preventiva. El tribunal dio 120 días para la investigación, en que se indagará si hay o no vínculos con delitos de violencia rural.
Qué pasó con el funcionario judicial con el arsenal: El 5 de abril, el oficial de sala del Juzgado de Traiguén Juan Pablo Pirce fue detenido e imputado al día siguiente por infracción a las leyes de control de armas y de drogas, luego de que se allanara su casa por una denuncia de que mantenía plantas de marihuana en su casa.
- Carabineros incautó desde su casa 390 gramos de TNT, municiones y armas de la década de 1980, pero en condiciones de ser utilizadas: un fusil FAL calibre 7.62, un subfusil sin marca ni serie calibre 9 milímetros, una pistola Colt calibre 45, un revólver calibre .38 y un rifle calibre 22 sin munición. Además, incautaron 2 gramos de cannabis sativa.
- La fiscalía indaga desde entonces el origen de las armas y si usó su puesto en el Poder Judicial para filtrar información de causas de violencia rural. Pirce, quien está en prisión preventiva desde entonces, ha hecho uso de su derecho a guardar silencio y la investigación, que está próxima a concluir, no habría acreditado cuál era el destino de sus armas, dicen fuentes ligadas a la investigación.
- Respecto del destino de las armas, sólo hay indicios. Por una parte, la culata de uno de los fusiles incautados estaba pintada azul y tenía dibujada la estrella blanca de 8 puntas de la bandera mapuche. Por otra, el perfil del funcionario judicial, que al subir al carro de Gendarmería, gritó tres palabras: “Autonomía, territorio, libertad”.
- Diversas fuentes sostienen que durante su período universitario trabó amistad con el ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Emilio Berkhoff, quien, tras romper relaciones con el líder histórico del grupo radical, Héctor Llaitul, se unió al grupo Weichan Auka Mapu (WAM), y hoy está en prisión preventiva por una causa de drogas.
Las compras al Gendarme: El miércoles 1 de septiembre, un gendarme y un civil entregaron pistas sobre una de las formas en que ocurre el tráfico de municiones y armas a La Araucanía: utilizando a un gendarme con autorización para portarlas como “pantalla” para comprarlas y valiéndose de intermediarios no vinculados con hechos de violencia rural para reducirlas.
- “Le tengo una noticia, si es que le interesa: me venden 100 municiones 44-40 en gamba (SIC)”, dijo al teléfono el cabo primero de Gendarmería, Juan Concha Sepúlveda, al civil Raúl Esparza Veloso, reveló una interceptación telefónica entre ambos, autorizada por el tribunal. “Voy a tener que esperar una semana, me dicen, para el tema de la autorización de la compra del fusil”.
- “Rescátelas no más”, respondió Esparza, registró el audio. “Ahí le transfiero”.
- Con esa instrucción, el gendarme compró en la armería Tiro al Blanco de Chillán, 1.650 municiones calibre .44 y 250 municiones calibre 12.
- Ambos se juntaron en esa ciudad y dejaron las municiones en el Kia Sportage de Esparza, quien partió hacia Ercilla para distribuirlas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, el destino de éstas era la comunidad de Chacaico, próxima a Temucuicui, en Ercilla.
- Esparza fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el peaje San Clara de la comuna de Pemuco, al sur de Chillán. Ambos fueron formalizados por tráfico de municiones y enviados a prisión preventiva.
- La comunidad Temucuicui Autónoma, a través de una declaración, afirmó entonces que “la fiscalía, en su tarea de contribuir a formar prejuicios y relaciones coloniales contra el pueblo mapuche, asoció de inmediato este hecho con la supuesta entrega de munición a mapuche del sector de Chakaiko y Temucuicui”.
El intercambio por marihuana: En agosto de este año fueron condenados a 3 años de presidio efectivo, por el delito de tráfico de municiones frustrado, el comunero del sector el Pozón de Temucuicui, Juan Licán Manquel, y Brayan Figueroa Jara.
- El caso se remonta al 12 de junio de 2020, cuando ambos fueron detenidos por funcionarios de la PDI en un taxi. De acuerdo con la investigación, en éste transportaban una bolsa plástica con 96 municiones de escopeta calibre 20, sin contar con permiso legal.
- La fiscalía mostró transcripciones de los mensajes que ambos se enviaron entre el 10 y 12 de junio del año pasado, vía WhatsApp y Facebook, para afinar los detalles de la transacción: Figueroa entregaría la municiones a Licán, quien, a cambio, le daría marihuana y $70 mil, dijo el fiscal Enrique Vásquez en el juicio.
- En marzo de este año, Juan Lican —quien también está acusado por tráfico de marihuana junto a uno de sus hermanos— realizó con su hermano y otro comunero una huelga de hambre en la cárcel. “Pedimos juicios justos, derecho a que se valoren nuestras pruebas y argumentos y se eliminen las pruebas falsas y los falsos testimonios basados en prejuicios y racismo”, aseguraron en un comunicado.
- La fiscalía destacó en agosto que se trataba de la primera condena por tráfico de municiones asociada a violencia rural en la región.
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