El país marcha hacia la segunda vuelta presidencial en el marco establecido por la Constitución Política del Estado. Ningún sector ha manifestado preocupación sobre las normas y procedimientos que aseguran la limpieza de los procesos electorales, ni tampoco respecto de las bases del régimen de libertades.
Todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso compitieron dentro del orden establecido. No pocos partidarios de hacer desaparecer el Senado buscaron convertirse en senadores. Todos los partidos constataron que están protegidas las libertades de expresión, asociación y reunión.
Así las cosas, pareciera que no hubiera ocurrido todo lo que vimos hace 6 años, cuando las fuerzas que hoy gobiernan buscaron demostrar que Chile llevaba 30 años viviendo dentro de un orden ilegítimo, y fueron cómplices u observadores indulgentes de la violencia extrema y el intento de derrocar al presidente Piñera. En aquellos días, los parlamentarios frenteamplistas, comunistas, socialistas, pepedeístas y demócratacristianos pedían una asamblea constituyente, aunque se cuidaban de no mencionar la posibilidad de renunciar a sus cargos y dietas.
Es indispensable la lectura del ensayo “Dignos. Crónica del estallido social”, de Pablo Ortúzar. Tiene el gran mérito de mostrar las etapas de la crisis y el modo en que actuaron los diversos sectores. Muy revelador es el registro de las miserias del mundo político a través de los dichos de sus representantes. Relata, por ejemplo, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el presidente Piñera el 7 de noviembre de 2019, en la cual participaron los comandantes en jefe de las FF.AA., los jefes policiales, los presidentes del Senado y la Cámara, el presidente de la Corte Suprema, el contralor general y los ministros de Interior y Defensa.
“En la reunión -sostiene Ortúzar- se verifica la total soledad de Piñera en el poder. La sesión comienza con el presidente exponiendo la caótica situación de seguridad nacional en el país y las dificultades para restablecer el orden público. La respuesta inicial, sin embargo, lejos de respaldar al mandatario, es de abierta crítica tanto a su gestión como a la propia idea de reunir al consejo esa noche: el presidente del Senado (Jaime Quintana, PPD) señala estar en desacuerdo con la convocatoria del Cosena, pide que las actas de la reunión sean públicas, solicita que una misión de la Comisión Interamericana de DD.HH. visite Chile en atención a los casos de abuso policial y opina que deben abrirse canales de participación para una nueva Constitución”.
Esa vez, el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), también sostuvo que no correspondía la convocatoria del Cosena y que el problema era de orden público, en tanto que el contralor, Jorge Bermúdez, discrepó también de la convocatoria por ser “un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar”, y coincidió con Quintana en que el problema era de orden público. O sea, en las horas en que la estabilidad institucional y la seguridad nacional enfrentaban la prueba más dramática desde la recuperación de la democracia, los líderes parlamentarios y el contralor mostraron ceguera absoluta.
Como sabemos, la violencia empujó al país a una aventura constituyente que duró dos años. Entonces, el país buscó un remedio para una enfermedad que no existía. El problema constitucional fue una argucia populista, un pretexto para sacar a Chile de la ruta que le había permitido progresar como nunca antes en las décadas anteriores. Fue la fuga hacia adelante, que partía de la extravagante idea de que los violentos se iban a calmar con otra Constitución. Así, el Congreso renunció a su potestad constitucional y creó una especie de segundo Parlamento, la dichosa Convención, que ya sabemos hasta dónde llegó.
Fue corrosiva la mezcla de banalidad, indolencia y oportunismo en el mundo político. Chile tenía una Constitución que había sido legitimada por los ciudadanos en el plebiscito de 1988, y que luego, por iniciativa de todos los mandatarios, experimentó múltiples reformas. Esa es la Constitución que fue ratificada por una amplia mayoría el 4 de septiembre de 2022 como base de la convivencia en libertad. Sigue llevando, como es sabido, la firma de un gran presidente: Ricardo Lagos Escobar.
¿Qué opina hoy Boric de lo que llamaba “la Constitución de los 4 generales”? ¿Tiene algo que decir después de haber estado protegido por sus disposiciones? Y los partidos que lo acompañaron en el gobierno, ¿tienen algo que comentar? ¿Alguna mínima idea del decoro los lleva a reconocer que tenían una visión profundamente distorsionada de la historia?
El país se salvó de una inmensa catástrofe gracias a que fracasó el plan destinado a “corregir” no solo la transición, sino la propia evolución de la República, al punto de que el plan de las izquierdas cuestionaba en los hechos el principio de que Chile era una sola nación. Los heraldos de la plurinacionalidad tendrían que dar muchas explicaciones, pero es poco probable que lo hagan.
¿Aprendimos algo de las convulsiones y confusiones de los años recientes? ¿Pueden producirse, como alguna gente teme, nuevos episodios de irracionalidad y violencia en la vida nacional? Imposible saberlo. Nada está escrito. En cualquier caso, debemos tratar de que lo aprendido ayer no se olvide mañana.
El nuevo gobierno debe contribuir, en las palabras y en los hechos, a consolidar la cultura democrática. Ello exige bregar por un compromiso de todas las fuerzas políticas de defender en cualquier circunstancia la institucionalidad que hace posible la vida en libertad. Los cambios que puedan venir deben contribuir a mejorar lo que tenemos y a cohesionar la nación.
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